¡ME MUERO POR MI JUBILACIÓN!

Locales | 24 Ene Por Horacio R. Brum. A este corresponsal le faltarán, a partir de abril, ocho años para jubilarse en el sistema privado chileno.
Ocho años, por ahora, porque ya se está hablando de subir la edad jubilatoria de 65 a 67 años y además, porque si los griegos, los españoles, los italianos o los que sean continúan al borde de la quiebra, bien podría verse obligado a trabajar hasta los 70 o más, para obtener una jubilación decente.
Por otra parte, deberá hacer un esfuerzo para no durar mucho, porque cuanto más años viva, menos dinero recibirá.
La muerte de un matrimonio de hacendados en el incendio de su casa, provocado por individuos que aparentemente integran los movimientos extremistas indígenas del sur del país, ha puesto en un segundo plano varias noticias que, al igual que ese hecho, hablan de las graves limitaciones del “modelo chileno” y de la imagen de un país exitoso, casi en el umbral del desarrollo, que se proyecta al exterior.
El tema indígena, pese a que su escenario principal está a más de 600 kilómetros al sur de Santiago, va adquiriendo características de una guerrilla rural e incluso de un conato de guerra civil: casi 300 atentados fueron cometidos en 2012, desde la muerte de la pareja en su hacienda quemada, hay en el campo y los caminos ataques diarios a casas, escuelas y equipos de transporte.
Además, el blanco principal ya no son sólo las empresas forestales, las grandes latifundistas de la zona y por lo tanto, identificadas con el despojo de las tierras de los indígenas mapuches, sino también los propietarios medianos y pequeños y los integrantes de las comunidades indígenas de posiciones pacifistas, o que colaboran con las autoridades. Dudas, muchas dudas en el Sur, sobre el Chile estable y en paz que se exporta al extranjero.
Una buena noticia de fines del año pasado fue que el país comparte, con Uruguay, la clasificación del menos corrupto de la región.
El escándalo de la corrupción en una universidad privada y en el organismo encargado de certificar esas instituciones, con sus numerosas ramificaciones, arroja sombras sobre ese honroso puesto.
El actualmente procesado ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación cobró varios miles de dólares por asesorar a las mismas universidades que debía acreditar, de una de las cuales había sido rector; un ex ministro y figura política de la Concertación que gobernó Chile hasta 2010.
Está preso por sobornos y cohecho, cometidos mientras era dueño y rector de otra universidad; un ministro de justicia del presidente Piñera tuvo que renunciar, por sus vínculos con las instituciones universitarias envueltas en los negociados; en la Universidad del Mar, que quebró, fue cerrada por el ministerio de Educación, y dejó en la calle a 12.000 alumnos.La directora de la Escuela de Salud tenía un título falso de doctora, con diploma de la principal universidad del Estado, y había ejercido en varios hospitales públicos; antes de la crisis, los dueños de ese establecimiento repartieron un millón de dólares en contratos a empresas de sus familiares.
La historia no termina, y se agrega a las numerosas críticas al sistema educativo privado, que vienen haciendo los movimientos estudiantiles desde 2011.
Otra estrella del modelo se opacó con el informe del Banco Central sobre el rendimiento del sistema jubilatorio.
Según lo afirmó un integrante del Consejo de ese organismo, en un seminario sobre las consecuencias del envejecimiento de la población realizado en la segunda semana de enero, 60% de quienes están cumpliendo ahora los 30 años de aportes necesarios para pensionarse, no recibirán en promedio más que 300 dólares de jubilación. Se agrega a eso que el dinero que la ley obliga a cada ciudadano a entregar a las empresas administradoras de fondos de pensiones (AFP) es invertido por ellas en acciones y bonos que son afectados por las crisis internacionales: la frase “nadie tiene el futuro asegurado” bien puede ser el lema de los próximos jubilados chilenos.
Las AFP no aceptan ninguna responsabilidad por esto solamente recomiendan a la gente hacer aportes más altos (hace unos años fue necesario crear por ley cuentas especiales de ahorro, para intentar compensar el déficit) y están presionando discretamente al gobierno para que obligue a hombres y mujeres a jubilarse a los 67 años.
El problema, en la opinión de varios sabios economistas, es que hoy la gente vive en Chile muchos más años que cuando se creó el sistema obligatorio de jubilaciones privadas y se hicieron las estadísticas de supervivencia, sobre las cuales las empresas calculan lo que pagarán a sus afiliados.
Vida más larga, pensión más corta: muérase pronto, si quiere una buena jubilación bajo el afamado modelo chileno.