Opinion | 31 Ene El pasado fin de semana, dos mujeres murieron a manos de sus ex parejas y las estadísticas no fallan: en Uruguay cada diez días muere una mujer víctima de violencia doméstica. De hecho, es el delito cuyas denuncias aumentaron 42% durante 2012 sin lograr la necesaria visibilidad mediática que han tenido los arrebatos u otros casos de homicidio que mantuvieron su peso político y han sido contabilizados, sin perder uno solo. La cifra se repite en las entrevistas, redes sociales y en la calle: 32 en 28. Otros dicen 27 y en esta tómbola que es la vida, seguimos observando la vidriera, sin poder hacer más, al menos por la violencia doméstica.
En nuestro país, una minoría reconoce la existencia de al menos una institución que se dedique a estos casos. Sin embargo, el 44% de los entrevistados en una compulsa en setiembre pasado, dijo manifestarse de acuerdo con la frase: “Cuando un hombre le pega a una mujer, es mejor no meterse”. La conclusión del estudio llegaba a una interesante paradoja: si bien se reconocía la gravedad del problema, no es un asunto prioritario para los uruguayos, porque desconocen los servicios existentes, no saben la cantidad de víctimas ocurridas en el último año, ni tampoco tienen idea de cómo erradicar este flagelo.
Este complejo camino nos conduce a las razones de su aumento y al reconocimiento que estas muertes no pagan en réditos políticos, lo que otros casos de homicidio sí hacen. El viernes comenzarán a funcionar las tobilleras magnéticas que se colocarán a los agresores --sólo en algunos casos específicos--, y antes de su instrumentación ya hubo una suspensión en su utilización y reiteradas polémicas. A la hora de opinar, todos tenemos un manual para hacerlo, el punto es saber quién tiene una buena idea que solucione esta problemática. En Uruguay ningún cambio es sencillo, sino todo lo contrario. La idiosincrasia nos marca una tendencia creciente a criticar sin proponer.
El gobierno se comprometió a lanzar once medidas para combatir la violencia hacia las mujeres durante 2013, con la creación de un centro de rehabilitación para agresores, avanzar en medidas alternativas a la prisión y efectuar un seguimiento a las medidas cautelares. Antes, deberá rever si los servicios actuales son suficientes para cubrir la demanda y evaluar si el personal público de las diversas áreas está cabalmente capacitado --técnica y culturalmente hablando-- para llevar a la práctica medidas nada sencillas. De hecho, la más difícil será “cambiar nuestras cabezas”.