Opinion | 01 Feb En México y otros países es común que los reos enfrenten las cámaras de televisión y los grabadores de medios de radio y prensa escrita, y ensayen una defensa o directamente confiesen sus delitos. Eso no ocurre en Uruguay. Por eso sorprendió vivamente que la mujer que fue enviada a prisión por un delito de violación y otro de atentado violento al pudor, saliera voluntariamente ante cámaras a explicar lo que para ella es un abuso de la Justicia uruguaya. Al mismo tiempo pidió que la Embajada de Paraguay (país del que es ciudadana natural) tomara cartas en el asunto.
Como es de público conocimiento, en Durazno la mujer de 29 años y su pareja de 31 fueron procesados por abusar sexualmente de ocho menores de entre 5 y 17 años. La pareja levantó una carpa en el lugar conocido como cañada Scaffo y allí mantuvo relaciones sexuales con los menores.
La mujer enfrentó las cámaras y solamente reconoció que había mantenido relaciones con el menor de 17 años, pero de pleno consentimiento y como “nueva experiencia” de la cual su pareja estaba plenamente informado.
No hay dudas que la legislación uruguaya establece que un menor de 17 años de cualquier sexo, no configura delito si mantiene relaciones sexuales con mayores de edad en tanto sean consentidas y exentas de violencia o cualquier otro abuso. No obstante, este no es el caso, desde que los abusos quedaron al descubierto cuando una persona vio a la mujer besando a un niño.
Queda claro que no solamente pudieron engañar a los menores sino también a sus padres, lo que no deja de ser preocupante en la medida que los progenitores necesariamente debieron estar más cerca de sus hijos y de lo que ocurría en su entorno.
Pero lo que más preocupa es la defectuosa escala de valores sobre la cual se mueve la mujer, que no ve nada de malo en abusar de menores de edad para complacer sus desviadas fantasías eróticas. Sin arrepentimiento, aceptando los hechos casi de buen grado y cuestionando el dictamen judicial.
Este no debe ser el país del “todo bien”, este debe ser el país donde los niños y jóvenes deben tener el espacio para crecer en paz y dignamente, sin que nadie abuse de ellos. Claro que esto es una utopía, pero es hacia donde hay que ir. Y se llegará hasta donde se pueda, que es manera que tiene el ser humano de alcanzar sus objetivos.
Este episodio es una alerta nacional. No debe ser el único caso. Los progenitores son quienes, sin reinstaurar la caza de brujas, deben concienzudamente investigar qué hacen sus hijos y, especialmente, con quién o quiénes lo hacen. Proteger a niños y jóvenes es también salvaguardar la moral de la sociedad.