Opinion | 02 Feb El déficit de atención médica en el Interior respecto a la que se ofrece en Montevideo y el área metropolitana es notoria e histórica, y lo que es aún más preocupante, se suceden los gobiernos de diferentes partidos, todos con enunciados de buenas intenciones para hacer algo al respecto, pero en realidad poco ha cambiado en los últimos años respecto a la discriminación que sufren los ciudadanos del Interior y mucho más aún los del Interior profundo, los de los desolados rincones de la campaña, en cuanto al acceso a la atención sanitaria en todos los niveles.
Es sabido que en el caso de los centros de alta tecnología, éstos siguen concentrados en Montevideo y su entorno, generando una infraestructura de apoyo que a la vez capta profesionales médicos y técnicos en las respectivas disciplinas. Este conjunto configura un gran atractivo y oportunidades de trabajo para los profesionales, sobre todo los recién egresados, que no encuentran en el Interior.
El Sistema Nacional Integrado de Salud, con sus luces y sombras, no ha significado un cambio contundente en este escenario, más allá de que se han hecho plausibles intentos por llevar a las áreas rurales una primera línea de atención, incluyendo giras de médicos rurales, con el apoyo de las respectivas intendencias, que conforma una primera línea de contención en el área de la salud. Esto determina como siguiente paso, de ser necesario, una derivación hacia otros niveles de atención tanto en el ámbito público como privado en centros poblados y ciudades del Interior.
Pero es claro que hay un déficit notorio en materia de radicación de médicos al norte del Santa Lucía, sobre todo en las áreas rurales, y de ello dan cuenta en forma irrefutable los relevamientos que indican que el 70 por ciento de los médicos se encuentran radicados en Montevideo y que lamentablemente muchos de ellos son oriundos del Interior, pero que tras cursar los estudios en la capital encuentran más atractivo quedarse allí para perfeccionarse y tener oportunidades de trabajo que satisfagan sus expectativas.
El punto es que los profesionales médicos, como los de otras disciplinas, se forman gratuitamente --aún pudiendo pagar sus estudios-- en la Universidad de la República, que es financiada por todos los uruguayos y, en el caso del Interior, los ciudadanos que ponen de sus bolsillos para esta formación reciben solo una mínima parte en servicios de los egresados, y ni siquiera se establecen obligaciones en cuanto a determinado tiempo de radicación en el Interior rural para retribuir de alguna forma el esfuerzo de los ciudadanos de tierra adentro para su capacitación gratuita.
De vez en cuando aparecen iniciativas bien intencionadas para contribuir a revertir este panorama que discrimina al Interior, como el proyecto de ley remitido en las últimas horas por el Poder Ejecutivo al Parlamento, por el que se apunta a modificar el régimen actual de las residencias médicas con la intención final de radicar más médicos fuera de Montevideo.
De acuerdo a su exposición de motivos, los objetivos de la norma son “reposicionar al Ministerio de Salud Pública en la dirección del sistema”, modificar la Comisión Técnica de las residencias por un Consejo Nacional y lograr una formación integral del especialista mediante la participación de alumnos que cursan el posgrado en el Interior, en coordinación con el Plan de Salud Rural.
El proyecto establece que al menos un semestre de la residencia debe ser realizado en el Interior, teniendo en cuenta que “contribuye al fortalecimiento de la atención médica, particularmente en el medio rural, tanto por el incremento de los recursos humanos como por la mejora en la calidad de la atención por tratarse de médicos que se encuentran en procesos de especialización académica”.
Asimismo, especifica que el régimen de trabajo para los residentes se basará en el cumplimiento de un horario de trabajo de 48 horas y que estará prohibido realizar cualquier otra actividad que interfiera con el desempeño del cargo, entre otras disposiciones que apuntan al mismo objetivo.
Pero con ser una iniciativa bien encaminada, y que complementa disposiciones anteriores, no estamos todavía ante el gran valor diferencial para hacer que cambie radicalmente el déficit en el Interior, para lo que se requiere un trabajo conjunto del gobierno, de la Universidad, de los centros asistenciales públicos y privados, de las propias organizaciones de profesionales, para ajustar el diagnóstico y acordar respuestas que no van a ser fáciles, que seguramente deberán afectar intereses de profesionales que deberían ser obligados a trabajar en el Interior previamente para desarrollar luego su actividad, a la vez de incorporarse estímulos reales para que se trate de una radicación y no de una pasantía o un precio a pagar.