Opinion | 09 Feb En las últimas horas la Justicia procesó con “arresto domiciliario” a uno de los menores que irrumpió el lunes en una residencia capitalina y robó objetos y dinero, en episodio que naturalmente es solo uno de los cientos que ocurren cada semana a lo largo y ancho del país, en el marco de una ola de inseguridad que comprende desde homicidios a “raterías”, pasando por arrebatos y actos de vandalismo, como expresiones de una gama de agresiones, intolerancia y sobre todo impunidad de los protagonistas, fundamentalmente cuando se trata de menores.
Pero en este caso particular el delito tuvo como escenario el domicilio del vicepresidente de la República, senador Danilo Astori, y por ello seguramente se ha encarado una investigación más exhaustiva, teniendo en cuenta que la Policía se encuentra desbordada y no cuenta con recursos humanos y materiales para investigar con profundidad todos los hechos de este tipo.
En este caso los delincuentes arrancaron parte de la reja de una puerta ventana de la casa, pero sigue a otro robo similar ocurrido hace 15 días en el hogar del senador oficialista, de la misma forma que en otras dos oportunidades le arrebataron el bolso con dinero, documentos y celular a la esposa del senador.
En el hecho anterior, la Policía había ofrecido custodia policial al vicepresidente, que éste rechazó, pero tras el último episodio el parlamentario frenteamplista aceptó el ofrecimiento policial, por lo menos hasta que sea aclarado el robo, aunque ya ha sido detenido uno de los autores, un menor de 15 años con varias entradas policiales y naturalmente entregado a los padres en cada oportunidad.
Al comentar lo ocurrido, Astori dijo que es “una anécdota más”, y que esperaba que la Policía “actúe y aclare” el hecho, pero a la vez advirtió que “esto no debe transformarse en un fundamento o un argumento” para criticar al gobierno por la inseguridad de los ciudadanos.
“Tarde piaste”, sostiene el dicho, porque si hay algo que los ciudadanos asumen efectivamente como responsabilidad del gobierno es la falta de respuestas a una ola delictiva que ha pasado por arriba las tibias acciones del Ministerio del Interior. A veces por falta de voluntad política para usar la autoridad y proteger a los ciudadanos indefensos; para desplegar recursos humanos y materiales con mayor vigilancia policial en las calles; o promover leyes que sustituyan con respuestas acordes la extrema benignidad con que se responde a los agresores, especialmente en el caso de menores.
Si bien hay sectores del partido de gobierno que han admitido como un error la política desarrollada durante la Administración del ex presidente Tabaré Vázquez, que se tradujo en la Ley de Humanización del Sistema Carcelario, por la que durante la gestión del ex ministro José Díaz se liberó a mil presos que en su gran mayoría volvieron a delinquir, otros sectores siguen apostando a que las “políticas sociales” permitirán combatir por sí solas la marginación y la delincuencia.
Según ellos, al fin y al cabo los delincuentes son las verdaderas víctimas, por lo que con sus homicidios, robos y agresiones castigan a la sociedad por haberlos marginado.
Aunque ridículo y delirante, este es un pensamiento extendido en la izquierda y lamentablemente, el intento de Astori para que no se critique a la gestión del gobierno en esta materia ante lo que le sucediera en varias oportunidades, se enmarca en una visión político-ideológica que tiende a defender lo hecho --mejor dicho, lo que no se ha hecho-- y por lo tanto para seguir tirando hasta que supuestamente den resultado políticas sociales de reinserción que no han derivado en que se haya abatido la delincuencia, que naturalmente tiene muchos orígenes.
Estas posturas en la fuerza de gobierno explican porqué las cosas están como están, y por encima de que las estadísticas den cuenta de más o menos homicidios, rapiñas y otros hechos delictivos --que en realidad solo muestran una consolidación de la tendencia--, y desde el gobierno se culpe a los medios de crear la sensación “térmica” de inseguridad, el ciudadano, que no es tonto, sabe que estamos ante una realidad que se trata de disimular pretendiendo hacernos pasar por tontos y no por ciudadanos conscientes de que lejos de superarse, el problema se agrava y, lo que es peor, todavía no se han ensayado respuestas valederas para por lo menos empezar a revertir este escenario de tolerancia extrema e impunidad para delinquir.