Opinion | 15 Feb El marcado déficit habitacional de nuestro país, que data de décadas, se ha traducido inevitablemente en grandes dificultades para el acceso a la vivienda por familias de menores recursos, a partir de una brecha excesiva entre el poder adquisitivo en los salarios e ingresos medios de un núcleo familiar, y el costo de la construcción, sumado al problemático y costoso acceso a terrenos adecuados para edificar.
Y debe tenerse presente que cada gobierno ha traído su propia receta para solucionar el problema habitacional de los uruguayos, pero la realidad indica que siempre los recursos volcados han sido escasos ante las necesidades de financiación a través del Estado, y en el caso de los privados no se ha contado con créditos ágiles y en plazos realmente adecuados a los desafíos que plantea el costo de construir respecto a los ingresos de la familia.
En realidad el traer cada uno su receta ha obstado para que se lleven adelante políticas de Estado en la materia, en un compromiso interpartidario de consenso que evite por ejemplo las reticencias a asumir el costo político de exigir el repago en tiempo y forma de muchos de quienes se han beneficiado con estos créditos y sin embargo a la hora del repago no suelen cumplir con sus compromisos.
Ello ha contribuido a que mermen los recursos para las siguientes generaciones que aspiran a solucionar su problema habitacional por la misma vía, por lo que tras acceder a la solución no existe solidaridad de los beneficiarios hacia quienes se encuentran en la misma situación y esperan también recursos para acceder al techo propio.
En el caso de la Administración Mujica, ha quedado atrás el anuncio del propio mandatario, pocos días después de asumir, en el sentido de que “en quince días estaremos construyendo viviendas”, cuando ni siquiera había planes para llevarlos adelante ni se habían dispuesto los recursos correspondientes, que tampoco han aparecido hoy en la magnitud esperada.
No puede extrañar que estudios de gremiales que reúnen a quienes atienden la problemática de la vivienda indican que más del 40 por ciento de la población tiene actualmente dificultades para el acceso y la permanencia en viviendas.
De acuerdo a esta información, solo el 54,2 por ciento de los uruguayos es propietario, en tanto el 28,1 es ocupante y el 17,8 es inquilino o arrendatario, aunque existe diversidad de situaciones en el marco de la vivienda.
Y resulta claro que si bien hay una gama de opciones que pueden catalogarse como solución habitacional, incluyendo líneas para reciclaje de viviendas y terminación y o/ampliación, entre otras, la construcción de nuevas unidades habitacionales es siempre la mejor respuesta al aumentar el stock para que sectores de menores ingresos tengan la opción de casas para la compra o alquilar a valores más accesibles.
Lamentablemente el déficit habitacional no se redujo durante la Administración Vázquez, en la que se construyeron muy pocas viviendas, y se incrementó el desfasaje habitacional, en tanto en lo que va de la Administración Mujica todavía este proceso no se ha revertido.
Uno de los instrumentos que se ha puesto en marcha, de forma de que no solo el Estado promueva directamente respuestas, es la Ley de Promoción de Vivienda Social, y entre las unidades en construcción, con proyectos aprobados y presentados, se llega actualmente a unas 4.300 viviendas, ante un déficit habitacional estimado en 30.000 viviendas para la clase media, pero que trepa a unas 100.000 para todas las situaciones sociales.
Igualmente, podría considerarse que es una respuesta auspiciosa de promotores privados para un sector que no cuenta con el apoyo del Banco Hipotecario del Uruguay y no accede a los créditos de vivienda del sistema. Con todo, todavía se está lejos --y difícilmente se llegue-- a las 10.000 viviendas en el quinquenio, como se estimaba, y menos aún en el Interior, si se tiene en cuenta que la mayoría de los proyectos está destinado a Montevideo, y que pese a que se han presentado casi 150 proyectos, hasta ahora hay no más de 800 viviendas en construcción. Y si bien hay necesidades, el mercado todavía no es muy receptivo en cuanto a demanda porque pese a las exoneraciones impositivas y otros estímulos, todavía la amortización resulta cara para los ciudadanos de ingresos medios y medio bajos, por lo que debería promoverse mecanismos para abaratar los créditos con este destino.