Opinion | 19 Feb “Fue feo, muy feo” lo ocurrido en la Suprema Corte de Justicia, dijo el presidente de la República, José Mujica, al ser consultado respecto a la ocupación del local del Poder Judicial por un grupo de activistas que protagonizaron incidentes y pretendieron evitar que se trasladase a la jueza Mariana Mota a la esfera de la justicia civil, desde la penal en la que estaba actuando.
Plenamente compartible el concepto del mandatario, desde que de lo que se trató lisa y llanamente fue de una asonada protagonizada por presuntos defensores de los “derechos humanos”, naturalmente que de derechos humanos muy particulares, muy compartimentados, tratándose de un grupúsculo de radicales que hacen caudal de su ideología ultraizquierdista para embanderarse en “causas” en las que al considerarse dueños de la verdad asumen que tienen luz verde para protagonizar hechos de violencia e intolerancia.
A tal grado de soberbia se ha llegado por estos grupos, que incluso un funcionario del gremio del Poder Judicial proclamó que los enfrentamientos con la Policía por el puñado de radicales tuvo su origen en la decisión de la Suprema Corte de Justicia de ordenar el desalojo de la sala, porque se trataba de un acto público y al que los activistas habían concurrido simplemente como público.
Una grosera distorsión, por supuesto, por cuanto desde un principio los activistas pretendieron evitar que se concretara el traslado de la jueza, provocaron incidentes y choques con la policía, insultaron a los ministros de la Suprema Corte y cuestionaron todo el proceso con gritos desaforados. Y si bien el acto podía catalogarse como público, naturalmente los ministros tienen la autoridad para ordenar el desalojo, como hacen los presidentes de las cámaras legislativas cuando las barras, que deben permanecer en silencio, irrumpen en demostraciones, gritos e insultos contra los legisladores.
Ocurre que la soberbia, la intolerancia, el creerse dueño de la verdad, el ser abanderado de causas “justas”, el ser del grupo de los “buenos” que luchan contra los “malos” que buscan consagrar la injusticia y defienden a los violadores de los “derechos humanos”, les hacen ingresar en el delirio de que están por encima del bien y del mal, y que ajustarse a las leyes y a la institucionalidad democrática es una cosa secundaria, una burguesía formal, porque siempre la razón estará de su lado.
De activistas, de intolerantes que solo ven las cosas con el cristal que les conviene, teñido de subjetividad ideológica y de odio y estigmatización hacia el que piensa distinto, no podía esperarse otra cosa, porque esa es su esencia y solo viven y actúan en función de los intereses que defienden.
Pero de dirigentes políticos que deben tener una visión tolerante de la sociedad, de la amplia gama de opiniones de la ciudadanía, de valorar y preservar la institucionalidad democrática, de los valores en juego, de la importancia del respeto a la ley y el orden jurídico, sí cabe esperar y exigir otro proceder, empezando por la ponderación y la evaluación lo más objetiva posible de las circunstancias.
Lamentablemente, lejos de esta actitud, algunos dirigentes de la fuerza de gobierno entienden que están en condiciones de demandar explicaciones a los ministros de la Suprema Corte por el traslado de la jueza, que tiene más de cincuenta causas en proceso, sobre todo vinculadas a denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, y especulan con que algo tenebroso esconden los ministros que han procedido de esta forma.
Es así que el Frente Amplio mantiene su decisión de convocar a la Suprema Corte de Justicia para que explique el traslado de la jueza Mariana Mota mientras en la Corte, al menos dos de los cinco ministros están en contra de aceptar la convocatoria del FA.
Por supuesto, la convocatoria, citación o invitación o como quiera llamársele o maquillarla, es absolutamente improcedente, y no se corresponde con el ordenamiento institucional, desde que en la democracia uruguaya existe la separación de poderes dentro del Estado, y la Suprema Corte de Justicia no debe ser interrogada ni llamada a explicar a otro Poder del Estado, en este caso el Parlamento, las decisiones de carácter administrativo que disponga por razones de servicio u otras circunstancias.
Se trata de una injerencia indebida en otro poder del Estado, un intento de presión, una forma desembozada de intolerancia, de soberbia o de rabieta por discrepancias de carácter político-ideológico que muy poco favor le hacen a la democracia y que pone de relieve que hay todavía dirigentes para los que la democracia es un simple formalismo, y que la política y lo ideológico deben primar por sobre lo jurídico, cuando está de por medio la lucha entre los “buenos” y los “malos”.