Por el traslado de Mota

Locales | 23 Feb El Movimiento de Participación Popular (MPP) anunció que recorrerá “los caminos legales conducentes a determinar la responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en las decisiones adoptadas” por el traslado de la jueza sanducera Mariana Mota y vinculado a los sucesivos fallos sobre el impuesto a la concentración de la tierra y sobre la ley de caducidad.
La dirigente Cecilia Bottino, integrante del equipo de diputación que encabeza Gustavo Rombys, dijo a EL TELEGRAFO que “existe la posibilidad que la Cámara de Representantes pida un juicio político a los integrantes de la Suprema Corte, particularmente por el caso de la jueza Mota”.
Violación de la constitución
Dijo Bottino que se basan en que la Suprema Corte habría violado la Constitución en el artículo 246, que establece que para el traslado de un juez debe consultarse al Fiscal de Corte, extremo que en este caso no se habría cumplido y eso inhabilitaría el traslado. “Parece incongruente que el órgano máximo que juzga la constitucionalidad de las leyes viole la Constitución”.
Explicó que “la Suprema Corte fue invitada a la Cámara de Representantes por la Comisión de Legislación y Códigos, pero ayer comunicó al parlamento que no concurrirá a dar explicaciones por el traslado de la jueza”. Eso habilitaría la instancia de juicio político, que de ser aceptado por la Cámara de Representantes pasaría luego al Senado, que sería el órgano que juzgaría la conducta de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. De todas maneras, en el Senado --para llegar a esa resolución-- “se necesita una mayoría especial que nosotros no tenemos”, reconoció.
El artículo 246
Textualmente, el artículo citado dice que “los Jueces Letrados con efectividad en el cargo, durarán en sus funciones todo el tiempo de su buena comportación hasta el límite establecido en el artículo 250 (cuando llega a los 70 años de edad). No obstante, por razones de buen servicio, la Suprema Corte de Justicia podrá trasladarlos en cualquier tiempo, de cargo o de lugar, o de ambas cosas, con tal que ese traslado se resuelva después de oído el Fiscal de Corte...”
Rechazo a sentencia
Por otra parte, el MPP rechazó la sentencia de la SCJ “que impide que los crímenes cometidos durante la dictadura cívico militar sean considerados delitos de lesa humanidad”. Señala que la misma implica “un obstáculo en el camino de la búsqueda de verdad y justicia legítimamente reclamado por el conjunto de las organizaciones sociales y víctimas del terrorismo de Estado”.
Dice el comunicado que “entendemos que con estas resoluciones la mayoría de la SCJ es responsable del mantenimiento de la impunidad en Uruguay, así como también, de las consecuencias internas e internacionales a las que queda expuesta la República”.
Por estos motivos, denuncia “el incumplimiento, por parte de la SCJ, de los procedimientos establecidos en la Constitución de la República en su art. 246 para el traslado de la jueza Mariana Mota. Resulta ineludible vincular dicho acto con la posterior declaración de inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la Ley 18.831”.
“Recorreremos los caminos legales conducentes a determinar la responsabilidad de la SCJ en las decisiones adoptadas”, y concluye convocando “a la concentración a realizarse en la Plaza Libertad de Montevideo el día lunes 25 a las 19, por verdad y justicia”.