Locales | 23 Feb El Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) deberá ser suplantado porque “la caminería rural no puede esperar, el avance del país no se puede detener”, dijo Omar Lafluf, intendente de Río Negro y presidente del Congreso de Intendentes (CI). Destacó que “acá tiene que haber otro recurso, uno que sustituya a uno que se declaró inconstitucional. A ese recurso no lo puede pagar el universo de los 49.000 productores agropecuarios”. Tampoco puede “surgir de una suba de la contribución rural porque eso sería injusto”, dijo Lafluf. Pero subrayó categóricamente que “no lo pueden pagar los tres millones de uruguayos”.
En consecuencia “no hay que ser muy inteligente para saber de dónde se deben obtener los recursos”, aludiendo a algún tipo de gravamen que deba pagar la misma franja de propietarios de inmuebles rurales a los que iba a gravar el ICIR.
“Incluso estamos dispuestos a involucrar a las gremiales agropecuarias en estudiar la solución porque ellos saben que tenemos un problema y que hay que solucionarlo”, destacó.
“La caminería es lo primero que se necesita si se piensa en un posible desarrollo de un área geográfica. No hay que pensar solamente en sacar la soja, la madera, la carne. Hay que pensar en la gente que toma un ómnibus, que pueda usar una ambulancia, que los gurises puedan ir al liceo. Si la gente no tiene calidad de vida no se va a quedar en el interior, en el área rural. El desarrollo se logra con gente trabajando allí también”, dijo el presidente del CI.
Por otra parte, Lafluf se refirió a la situación en que se encontraban las intendencias cuando fue declarado inconstitucional el ICIR. “Tenemos situaciones diferentes. Hay intendencias que ya habían comprado maquinaria, otras habían licitado y hay algunas que estaban por adjudicar”.
En el caso de Río Negro “ya habíamos hecho la licitación y 17 empresas se habían presentado. Estábamos por adjudicar pero ahora quedó todo parado. Habíamos hecho ese proceso porque el Estado era garantía del fideicomiso. Hoy el Estado no puede ser garantía de algo que no existe”.
A mediados de marzo, los intendentes de todo el país volverán a reunirse con el presidente José Mujica en la medida que “nos dimos 20 días de plazo para estudiar alternativas. Algunas hay y queremos estudiarlas a fondo. Lo concreto es que el problema existe y que hay que solucionarlo. No tenemos los recursos necesarios para hacerlo por nuestra iniciativa. Hay que conseguir recursos. Hay que encontrar financiamiento sea bancario o no bancario”, resumió Lafluf.