Locales | 26 Feb Alrededor de 300 personas se concentraron ayer en las puertas de la sede local del Poder Judicial, en 18 de Julio y Montecaseros, en rechazo a la declaración de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre la inconstitucionalidad de la ley 18.831, interpretativa de la “Caducidad de la pretensión punitiva del Estado”.
Mientras que la ley 18.831 evita la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura cívico militar en Uruguay, entre los años 1973 y 1985, la resolución de la SJC impide el enjuiciamiento --por considerarlos prescriptos-- de eventuales delitos cometidos en aquel período. También estaba presente la decisión de la SCJ de trasladar a la jueza Mariana Mota a la órbita civil, cuando venía manejando más de 50 casos penales sobre violación a los derechos humanos.
Como se hizo también en la plaza Libertad de Montevideo, el Frente Amplio, junto al Pit Cnt, la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos, convocaron a esta concentración donde no hubo oratoria, sino que solamente se entonó el Himno Nacional.