Paysandú, Lunes 04 de Marzo de 2013
Locales | 26 Feb La coordinadora de barrios IC de Paysandú afirmó que en la Intendencia Departamental “no hay mucha voluntad política para solucionar el problema” del fraccionamiento y escrituración de las viviendas, pese a lo manifestado por el intendente Bertil Bentos en marzo de 2012 sobre que “los barrios IC son prioridad” en el ejecutivo local.
Ricardo Ambroa, representante del barrio IC 20 en la coordinadora, junto a Mateo Tolosa del IC 36, Luis Rieger del IC 47, Darío Avondet del IC 43, Eduardo Furtado del IC 10 y Washington Gallardo del IC 37, dijo a EL TELEGRAFO que “recientemente recibimos un informe de la Gerencia Regional de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), donde dice que desde el 4 de diciembre del año pasado la ANV le entregó a la Intendencia 25 carpetas prontas para escriturar del barrio IC 16, hay cinco carpetas prontas para elevar y 11 en estudio de la ANV”.
Los barrios IC fueron construidos por el Banco Hipotecario del Uruguay en terrenos municipales (por un acuerdo) y luego pasaron a la ANV que ajustó el precio de las viviendas al valor de mercado descontando la diferencia, habiendo casos en que el total de la vivienda ya estaba pagada o se terminó de pagar desde 2009, por lo que corresponde hacer la escrituración correspondiente a nombre del titular del bien inmueble.
Está autorizado
Ambroa afirmó que “esas carpetas (para el fraccionamiento y escrituración) no necesitan anuencia de la Junta Departamental porque ya existen decretos departamentales con las anuencias respectivas, no solo del barrio IC 16, sino de la mayoría de los barrios del departamento”. Recordó que “el intendente Bentos nos manifestó en una reunión en marzo del 2012 que su prioridad era los barrios IC pero vemos que no hay mucha voluntad política para solucionar el problema de los mismos y a los hechos nos remitimos, ya que estamos a mediados de febrero del 2013, el trámite con 25 carpetas prontas para escriturar sigue trancado en la Intendencia desde el año pasado (sin necesidad de que pase por la JDP), y aún la Intendencia no ha realizado ningún plano de fraccionamiento y creemos que por nuestra parte hemos hecho todos los esfuerzos en pos de solucionar esta problemática que nos acompaña hace más de 30 años”. Se refirió a la situación económico-financiera de la Intendencia señalando que “ha trascendido públicamente que no habría plata, y registrar cada barrio en Catastro (dependiendo de la cantidad de viviendas) cuesta entre $ 300.000 y $ 500.000, pero es algo asumido y estamos esperando hace tiempo”.
El vecino del IC 20 afirmó que “somos un movimiento apolítico enredado en la maraña burocrática del Estado y en manos de decisiones políticas que muchas veces van a contrapelo de lo que necesita la gente”.
Piden desde 2001
En un repaso de la situación, dijo que “desde agosto de 2001 nuestro planteo fue que recibimos las viviendas demasiado caras y con vicios de construcción y recién en el año 2009, después de varias reuniones con representantes de todos los partidos políticos y actores de varios organismos del Estado, conseguimos nuestro objetivo y la ANV nos realizó una quita que osciló entre 20.000 y 25.000 dólares. En noviembre de 2011 conseguimos que por resolución unánime del Directorio del BPS se exoneraran las deudas por reformas no declaradas y se logró el Certificado Único exigido por dicho organismo, documento imprescindible para escriturar”. Siguió recordando que “en abril de 2012, en reunión mantenida en Paysandú entre la ANV, IDP y Coordinadora de los barrios IC, se acordó un plan de trabajo para comenzar con las escrituras de los barrios IC del departamento. Dicho plan establecía que se comenzaría por el barrio IC 16 con las viviendas que hubieran cancelado sus deudas y se proseguiría con los barrios IC 10 e IC 15, culminando esta etapa a fines del 2012. Paralelamente la IDP se comprometió a fraccionar e inscribir en la Dirección General de Catastro los terrenos de los barrios que aún no cuentan con el plano de fraccionamiento, responsabilidad netamente de la IDP por ser barrios construidos en terrenos municipales”.
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