Nacionales | 26 Feb Al asumir su cargo, la nueva ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, aseguró que se enfocará en la “descentralización” de la salud, y que con este objetivo presentará un plan de trabajo en las próximas semanas. Según informó El País, en el acto de asunción por el que relevó a Jorge Venegas --cuestionado por no contar con los requisitos legales para ocupar su cargo-- participó el vicepresidente Danilo Astori, el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero y varios ministros. Muñiz afirmó en la oportunidad que Mujica le “dio la responsabilidad de concretar la descentralización”, para lo que anunció presentará un plan de trabajo. Según la ministra, si bien la situación de la salud hoy es “mejor” a la previa a la reforma del sistema, los cambios demostraron carencias en los recursos humanos, ya que no están adecuadamente formados, lo que se acentúa en el Interior. En este sentido, dijo que la Universidad de la República y los sindicatos tienen “mucho que aportar”.También sostuvo que “hay que priorizar el trabajo en el primer nivel de salud” y que “no puede haber uruguayos de primera y de segunda ni tampoco atención de primera y de segunda”. Sin hacer mención directa, se refirió a los enfermeros implicados en el caso “ángeles de la muerte” y sostuvo que este hecho “afectó la credibilidad de los trabajadores de la salud” aunque “se avanza en superarlo”.
Muñiz, quien era la directora del Segundo Nivel de Atención en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), también agradeció el “honor” que le dio el presidente José Mujica al designarla en el cargo. En un homenaje a Venegas afirmó que éste “no se va por mala gestión sino por respeto irrestricto de la Constitución”. Destacó su “uruguayez” a pesar de ser chileno y le regaló una rosa roja, lo que despertó el aplauso del público. Más tarde Guerrero volvió a referirse al porqué del retiro de Venegas y dijo que se trata de las “razones que todos conocemos”. Además, resaltó el rol que tiene el Ministerio de Salud Pública para la administración de izquierda.
GOBIERNO ANALIZA ALTERNATIVAS AL ICIR
El gabinete productivo se reunió ayer con el presidente José Mujica, el vicepresidente Danilo Astori, el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, el prosecretario Diego Cánepa, y el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y planteó alternativas para sustituir el declarado inconstitucional Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales (ICIR).
Según trascendió, Lorenzo propuso eliminar las exoneraciones al Impuesto al Patrimonio, así como también aplicarle un aumento progresivo por franjas. También planteó la posibilidad de aumento al Imeba, que pueden optar por pagar los pequeños productores.
Tras la reunión se emitió un comunicado que indica que se “ratificó que los objetivos perseguidos con la creación del referido impuesto se mantienen en todos sus términos: por una parte, desalentar el proceso de concentración de la propiedad de la tierra y, por otra, disponer de la eventual recaudación tributaria para aplicar en obras de infraestructura rural e invertir en el impulso de la formación terciaria en el Interior del país”.
JUEZA MOTA QUIERE REVOCAR TRASLADO
La jueza Mariana Mota, quien fue trasladada de la Justicia Penal a la Civil, presentó un recurso de revocación a la decisión de su traslado por la Suprema Corte de Justicia.
El abogado de Mota, Antonio Rammauro, informó a El País que el recurso de revocación presentado establece que la Corte no se acordó de la Constitución a la hora de decidir el traslado de la jueza, “se debió haber escuchado al fiscal de Corte previamente y eso no se hizo”. Rammauro también comentó que el traslado “no tiene motivación, fundamentación ni explicación, entonces se convierte en un acto arbitrario.
Tenemos que presumir esto porque no sabemos cuáles son las causas”. La Corte tiene un plazo de 150 días máximo para responder al planteo.
GUERRERO: RESPETAR LA DECISIÓN DE SCJ
El secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, descartó un juicio político a la Suprema Corte de Justicia porque el Poder Ejecutivo no tiene potestades para realizarlo. Consultado sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo le realice juicio político a la Suprema Corte de Justicia por el fallo que declara la inconstitucionalidad de algunos artículos sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, Guerrero descartó esa acción, ya que consideró que no corresponde: primero, porque el Ejecutivo no tiene potestades para juicio político, y segundo, desde el punto de vista político, no corresponde que analice decisiones jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia.
“Las decisiones jurisdiccionales de la Corte se pueden compartir o no, pero hay que respetarlas. El Poder Ejecutivo, en función de la separación de poderes, obviamente no se puede meter en las decisiones jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia”, indicó. Puntualizó que quien puede promover el juicio político es el Poder Legislativo. “Obviamente un partido político puede promoverlo por intermedio de la institución que es la Asamblea Legislativa”, dijo. Guerrero aclaró que no considera que una marcha sea inconstitucional, en respuesta al planteo que presentó la oposición sobre la convocatoria a la concentración en la plaza Libertad. “La Constitución es amplia y tiene muchas interpretaciones. No comparto de manera alguna que una marcha pueda considerarse inconstitucional”, reafirmó.
Consultado sobre la posibilidad de que tras este fallo algunas causas no se investiguen más, Guerrero informó que dicho fallo “es a un caso concreto, después si se generaliza lo que hace es que la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura --a entender de la Corte-- como son delitos comunes prescriben en el mismo término que los delitos del Código Penal. En el caso concreto de homicidio muy especialmente agravado, que sería en estos casos, y en función de la peligrosidad de la gente, que se puede aumentar en un tercio la pena, estaría prescribiendo casi a los 20 años y siete meses. Si este fallo de inconstitucionalidad se generaliza y lo toma como norma o se llega a derogar la ley por su imperio, lo que hace es que los delitos prescriben a los 20 años y siete meses”, explicó.