Opinion | 28 Feb El Fondo de Población de las Naciones Unidas señaló que en Uruguay “el panorama es poco alentador” en cuanto a los beneficios que tienen los padres con hijos recién nacidos. Tras un análisis de costos y posibles impactos de diferentes modelos de licencias por maternidad, paternidad y parentales, el organismo señaló que las licencias por maternidad y paternidad están por debajo de los países mejor posicionados de la región y el mundo y agregó que Uruguay no cumple ni siquiera con el mínimo exigido por la OIT en el convenio 183, que extiende el período mínimo de lactancia a 14 semanas.
En unos diez años, 80 por ciento de todas las mujeres de los países industrializados y 70 por ciento de las mujeres de todo el mundo estarán trabajando fuera del hogar durante su período de procreación y de educación de los hijos.
En Uruguay se estima que el 40% de las mujeres con hijos de entre 0 y 3 años trabaja a jornada completa fuera de su hogar. Ese es un dato que no debería pasar desapercibido en un país que envejece a pasos agigantados y la amplia mayoría de los niños nacen en hogares pobres. Además, existe otro problema y es el trato diferencial a las madres trabajadoras, según se desempeñen en el sector público o privado. Aquí, la licencia por maternidad es de 12 semanas para el sector privado y 13 para el sector público pero además las trabajadoras del sector público cuentan con la posibilidad de trabajar medio horario durante seis meses por amamantamiento, mientras que las del sector privado no cuentan con ese beneficio (solo tienen media hora por jornada laboral) a pesar de la paradoja de que las maternidades y el sistema de salud en general estimula a las mujeres a amamantar a sus bebés. Y aún peor es el caso de las trabajadoras independientes, para las cuales no trabajar significa lisa y llanamente no ganar dinero.
En este panorama de madres de primera y de segunda, poca cosa ha hecho el gobierno para equiparar las situaciones entre el sector privado y el público. En 2010 el Ministerio de Trabajo le presentó al Ejecutivo un anteproyecto de ley para dar cobertura en la maternidad a las mujeres que aportan a la seguridad social pero no son asalariadas, ampliar la licencia por maternidad del sector privado en una semana y permitir la reducción del horario de trabajo a la mitad durante el período de lactancia, y brindar una licencia por paternidad más amplia a cargo del BPS. Sin embargo, no fue aprobado por falta de rubros o por haber priorizado otras cosas.
La atención de la primera infancia requiere repensar estas cuestiones de gran importancia no sólo para las familias y el mercado laboral sino el país en su conjunto en cuanto a equiparar situaciones de discriminación y, a la vez, pensar en el desarrollo futuro que, evidentemente, demandará renovación generacional.