Nacionales | 04 Mar El programa Jóvenes en Red, del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), obtuvo los resultados preliminares de un formulario inicial aplicado a los 2.200 jóvenes que en julio de 2012 fueron seleccionados para ser el primer grupo de beneficiarios del plan. Los datos, a los cuales tuvo acceso El País, confirman que se trata de un sector de la sociedad que está por demás expuesto: tienen un nivel educativo muy bajo y sus vínculos con el empleo formal son sumamente inconsistentes. Estos jóvenes viven en las zonas más pobres, tanto en el área metropolitana de Montevideo como en el norte del país y principalmente en la frontera. Quienes ingresaron al programa son en su mayoría mujeres, las cuales representan un 54,2% del total.
Un dato llamativo que se desprende del formulario es que el 70% de los “ni-ni” que están en el programa no tienen hijos, pero un 30% sí tiene al menos uno. De ese 30%, un 19,8% tiene un hijo y un 7,6% tiene dos hijos. Con tres hijos hay 2,3%, un 0,2% tiene cuatro hijos, 0,1% tiene cinco y otro 0,1% tiene siete hijos. Sobre el estado civil de los 2.200 jóvenes, el 77,6% está soltero. Un 19,8% está en una relación de “unión libre”, 1% casado, 1,6% separado y 0,1% divorciado. El 22,6% de los jóvenes que no estudia ni trabaja tampoco está buscando empleo y el 46,8% no terminó Ciclo Básico. El plan para los “ni-ni” avanza y se encuentra con un panorama complejo en ese grupo compuesto por 36.000 personas.
En cuanto a las edades, si bien el programa está dirigido a los jóvenes de entre 14 y 24 años, la mayor parte se concentra en los segmentos de 14 a 16 años (un 38,6%) y de 17 a 20 (43,9%). En tanto, la franja de 21 a 24 años la compone un 17,4% de las 2.200 personas. Diego Olivera, coordinador del programa, dijo a El País que “queda pendiente fortalecer la captación de los jóvenes de 21 a 24 años”, porque se podía prever que ese segmento se iba a adherir en menor medida, dado que ya tienen mayor distancia con la educación, a la que ven “como un tren que ya pasó”, y además “están atareados con salir a ganar la subsistencia diaria”. Igual, estimó que tampoco son “tan pocos” en esa franja. Por otro lado, destacó que una buena captación de jóvenes en las edades más bajas es positiva porque da más opciones de volver a acercarlos a la enseñanza. Este año se “captará” a otros jóvenes para que ingresen al programa y se abrirán nueve equipos en departamentos a los cuales aún no se llegó. Por eso, entre otras cosas, el programa ejecutó $ 60 millones de presupuesto en 2012 y en 2013 tiene previsto ejecutar $140 millones.
Mejorar retiro para médicos
Por diferentes motivos, la mayoría de los médicos que alcanzan la edad para jubilarse siguen trabajando largamente en los centros de salud. El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) busca generar mejores políticas de retiro y plantea la idea de unificar el sistema jubilatorio. La situación comenzó a ser advertida con cierta preocupación por el sindicato, que tiene como bandera reformar el mercado de trabajo y mejorar la calidad de vida de sus profesionales. “Está claro que hay un problema en relación a las políticas de retiro y por eso tenemos muchos médicos trabajando con más de 70 años. Me animaría a decir que ocurre en la mayoría de las especialidades. ¿Por qué sucede esto? No es porque seamos unos bichos raros que queremos morirnos trabajando, es porque no hay una política razonable de retiro médico que permita que el individuo cuando tenga una causal jubilatoria opte por jubilarse”, afirmó el presidente del SMU, Martín Rebella.
El tema, una de las líneas estratégicas del gremio para este año, será planteado en una reunión con la ministra de Salud, Susana Muñiz, mañana martes. Para Rebella se trata de un eslabón clave en la cadena del trabajo médico. “No podés evaluar el mercado de trabajo solo desde el punto de vista de la organización de los cargos médicos y del ingreso. También hay que contemplar el egreso. Hay varios elementos vinculados a políticas de retiro médico que hay que sentarse a analizar”, expresó.
MSP obligará a agilizar coordinaciones
Uno de los argumentos más frecuentes en contra de la reforma de la salud es el tiempo que demoran las instituciones en agendar una consulta médica. Es común escuchar que con el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) las mutualistas se superpoblaron y por eso “ya no son lo que eran antes”. Ese comentario coincide con las quejas que recibe la oficina de atención al usuario del Ministerio de Salud Pública (MSP). Según datos oficiales, el motivo de mayor reclamo es la dificultad en acceder a los servicios de salud. “No escapa a conocimiento nuestro que uno de los problemas más serios que tenemos es el del acceso a los servicios. Todos hemos tenido dificultades con esto”, reconoció a El Observador Elena Clavell, titular de la Dirección General del SNIS. La normativa vigente establece que para cualquiera de las especialidades básicas (medicina general, pediatría, cirugía general y ginecología) la consulta se debe agendar en menos de 24 horas y para ver a un especialista, con 48 horas. Una cirugía no urgente debería resolverse en menos de 180 días. En el MSP saben que esos tiempos no se cumplen.
Hasta el año pasado lo controlaban midiendo si las mutualistas ofrecían la cantidad de cupos acorde a la demanda de sus usuarios. Los técnicos del MSP dejaron de hacer ese tipo de monitoreo cuando se dieron cuenta de que era “injusto” porque había mutualistas que tenían “agenda cerrada”, es decir, permitían al usuario agendar consultas solo en determinados días. Otras mutualistas tenían su agenda abierta solo para algunas especialidades, o en el caso del Interior solo para los usuarios que no vivían en la capital departamental.
Desde el viernes 1º de marzo dichos sistemas no corren más. Para tratar de hacer cumplir los derechos de los usuarios el MSP emitió una ordenanza que obliga a todas las instituciones del SNIS a tener sus agendas abiertas todos los días mediante un único sistema, de modo de “transparentar” su demanda. En el MSP esperan que luego de 10 meses de implementación del nuevo sistema, a fin de año estén en condiciones de hacer públicos los datos de los tiempos de espera de cada institución y fiscalizarlos.