Opinion | 09 Mar En estos días Rusia se ha incorporado, a través de su legislación, a la creciente pléyade de países que han avanzado en la lucha contra el tabaquismo, siguiendo una saludable tendencia mundial --valga el juego de palabras-- para sumarse a la cruzada de combatir uno de los flagelos de la humanidad, con millones de muertes y consecuencias traumáticas en decenas de millones de personas en todo el mundo.
En este contexto, de acuerdo al resultado de cuarenta y cinco estudios realizados en países con legislación antitabaco, entre los cuales Estados Unidos, Alemania, Uruguay y Nueva Zelandia, investigadores de la Universidad de California demostraron que el impacto de esta medida le da la razón a las campañas que desarrollan agrupaciones ciudadanas y médicas que abogan por la prohibición de fumar en lugares cerrados y/o públicos.
El trabajo publicado por la Asociación Americana del Corazón revela una caída del 15 por ciento de las hospitalizaciones por infartos del miocardio, una reducción del 16 por ciento de las internaciones por ataque cerebral y una baja del 24 por ciento de las hospitalizaciones a causa de asma y de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con el agregado de que mientras más exhaustiva es la ley, es decir que se amplía a lugares de trabajo, restaurantes y bares, como en el Uruguay, los beneficios en salud que se obtienen son aún mayores.
Estos índices conllevan un respaldo a la posición de la Asociación Americana del Corazón, la que propone que las legislaciones que se apliquen tanto a los lugares de trabajo como a los de esparcimiento público, incluidos los bares y los casinos. A la vez refuerza argumentación para que más asociaciones internacionales se sumen a Uruguay en el juicio que le sigue una compañía tabacalera internacional ante las medidas restrictivas que se aplican en nuestro país.
Precisamente los estudios realizados en Uruguay a partir de la implementación primero del decreto y luego de la ley Antitabaco, durante la Administración Vázquez, ponen de relieve estas sensibles mejoras respecto a la incidencia negativa de esta adicción en el índice de enfermedades cardiovasculares y cardiorrespiratorias. A ello se suma naturalmente el cambio radical del aire que respiran fumadores y no fumadores en sus respectivos lugares de trabajo y las áreas cerradas en que está expresamente prohibido fumar.
Uruguay fue incluso reconocido el año pasado con el Premio Bloomberg para el control del tabaco, lo que responde en este caso a su legislación en materia de inclusión de advertencias en las cajillas de cigarrillos sobre los graves problemas que derivan del consumo del tabaco. Esta distinción se tributó en la 15º Conferencia Mundial Tabaco o Salud, que se llevó a cabo en Singapur, con la participación de más de 2.600 especialistas de todo el mundo.
Hace unos dos años, Uruguay fue sede de la cuarta reunión de los países firmantes del Convenio Marco para el Control del Tabaco, con la participación de unos mil congresistas que se dieron cita en Punta del Este, entre autoridades públicas y representaciones de organizaciones no gubernamentales de todo el mundo, en lo que constituyó un hito internacional para las acciones desarrolladas en nuestro país con este objetivo.
Pero, contradictoriamente, cuando Uruguay se ha situado como abanderado contra el tabaquismo y se esperaba que poco después se lanzara en una cruzada similar contra el abuso del consumo de alcohol en nuestra sociedad, el gobierno de José Mujica procura ahora la legalización del consumo de marihuana, apuntando a que de esta forma se minimizarían las consecuencias negativas de esta droga. Esta postura no cuenta sin embargo con apoyo popular, y la ciudadanía mayoritariamente desaprueba tácitamente la iniciativa, a diferencia de la ley antitabaco, que sí tenía un fuerte respaldo de los uruguayos. Esto se debe a que además de las molestias que produce el humo de tabaco en los no fumadores –y hasta en los fumadores, cuando no están fumando y el humo “es de otro”--, la intención de la legislación era promover la salud de la gente, procurando una mejor calidad de vida a la población en su conjunto, así como buscaba proteger los derechos de los no fumadores.
En cambio, la actual propuesta del Ejecutivo no tiene nada que ver con la preservación de la salud pública –en los hechos va en contra de la salud--, sino con la incapacidad del gobierno de poner límite al narcotráfico.
La marihuana –como cualquier droga “fuerte”—está mal vista por la sociedad uruguaya, que no la acepta; hasta el humo es rechazado y su penetrante olor es asociado a descontrol, malos hábitos, delincuencia y holgazanería, entre muchas otras malas referencias.
Es lógico entonces que prácticamente los únicos que lo apoyan sean los consumidores, que además son una minoría absoluta de la población.
Por otra parte, el liderazgo que se pretende asumir a nivel mundial contra el narcotráfico por esta vía es en los hechos un ensayo de laboratorio, que puede resultar aún más perjudicial que el propio flagelo que se dice pretender combatir.
Sin dudas que la vigilancia social ha permitido que Uruguay sea situado como ejemplo en todo el mundo en cuanto a la lucha contra el tabaco; va a ser muy difícil lograr el mismo respaldo para la marihuana.