Opinion | 11 Mar El ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, dijo a comienzos de este año en una entrevista a diario La República que desde la oposición y algunos medios se hacen “tergiversaciones” de los resultados obtenidos en políticas sociales a través de esa secretaría de Estado.
“Los resultados de pobreza, indigencia, desi gualdad, empleo, informalidad, salario real y salarios mínimos son de tal magnitud que no se requeriría insistir sobre ellos si no fuera porque desde la oposición y desde algunos medios se hacen valoraciones erradas, en algunos casos tergiversaciones y en otros casos directamente mentiras”, expresó al matutino.
Sin embargo, lejos de encontrarse en la oposición o de pertenecer a “algunos medios que hacen valoraciones erradas”, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, consideró en uno de los últimos Consejos de Ministros del año pasado la existencia de carencias en materia de políticas sociales orientadas a los presos y en las zonas donde habitualmente se efectúan megaoperativos. Incluso fue más allá, al reclamar la necesidad de evitar la “favelización” de algunos barrios capitalinos.
En las últimas horas se sumó a la crítica un documento del Frente Líber Seregni (FLS) --que tampoco es opositor ni representa a otros medios--, donde plantean un cambio en este sentido. “No se trata de acumular solo crecimiento, políticas sociales y nuevos derechos, sino plantearnos nuevas metas de justicia social, de calidad de trabajo, de desarrollo productivo más avanzado”, para “mejorar sustancialmente las formas de propiedad social y de distribución más justa de la riqueza”.
El documento --que será distribuido en todo el país-- agrega que “los planes sociales jugaron su papel en los momentos de la emergencia social y deben aplicarse exclusivamente en los sectores más vulnerables para permitirnos reducir y eliminar la profunda brecha social y cultural que todavía existe. Nunca deben ser un factor de debilitamiento del trabajo como la fuente de progreso, de dignidad, de igualdad de oportunidades. Debe ser muy clara la diferencia entre los que trabajan y viven de su trabajo y los que reciben beneficios sociales. La izquierda privilegia y debe privilegiar a los trabajadores”.
Claro, muy claro, el orientador de la política económica, Danilo Astori. O si prefiere, las palabras del presidente José Mujica, que tampoco responde a la oposición ni a medios “hegemónicos” y que a pesar de mantener diferencias en el rumbo económico, sostiene un criterio similar: “Hay que mantener ese gasto social, pero hay que apretar en las contrapartidas exigibles mínimas. ¿Por qué? Por el respeto que merecen los recursos públicos que suda la gente”.