Opinion | 05 Mar En general coinciden los economistas en que la disparada del gasto, y el consecuente aumento del déficit fiscal a casi el 3 por ciento del Producto Bruto Interno si bien significa que estamos ante un desajuste notorio de las cuentas fiscales, éste no alcanza la magnitud de otra épocas, y por lo tanto es manejable en la actual coyuntura si se hacen las cosas con criterio y sin encasillamientos. Tampoco es un tema que sea fácil de asimilar para el ciudadano común en cuanto al manejo de los números macro, desde que en la vida cotidiana se sufren directamente las consecuencias en una inflación sostenida. Sobre todo lo perciben en productos de la canasta básica, fundamentalmente en los alimentos, los uruguayos de ingresos promedio que en el caso de los “diez mil pesistas” --la mayoría de los trabajadores y jubilados--, se quedan cortos para satisfacer necesidades básicas.
Pero una cosa depende de la otra, están interrelacionadas, y el gasto desmedido del Estado hace que se apliquen costos exacerbados sobre las empresas que producen bienes y servicios, y por lo tanto promueve la disparada de precios que recae sobre el consumidor, en tanto los sindicatos organizados piden --y generalmente obtienen-- más aumentos salariales que a la vez vuelven a presionar los costos y así sucesivamente, en una cadena que se realimenta. Mientras tanto, buena parte de los salarios se va para pagar impuestos, desde el IRPF que se “come” buena parte de los billetes del sobre, casi la mitad de lo que cuestan los combustibles cuando echamos nafta o gasoil (también son impuestos), el IMESI de las bebidas; hasta el IVA, que significa practicamente la cuarta parte de cada cosa que paga el consumidor, y que no baja precisamente porque el Estado necesita de esos recursos.
Lo ideal sería que el Estado requiriera menos dinero para sus gastos fijos y funcionamiento, sin por ello descuidar la inversión y destinos sociales, pero en todos los casos mejorando la calidad del gasto, haciendo rendir mejor los pesos y condicionándolos en muchos casos a resultados, como debe ser, en lugar de seguir arrojando plata a un barril sin fondo.
En esta introducción encajan recientes reflexiones del economista Gabriel Oddone, consultor internacional y doctor en Historia Económica de la Universidad de Barcelona y economista por la Universidad de la República, cuando en declaraciones al diario El País considera que el déficit fiscal “es preocupante, pero no dramático. Preocupa porque el deterioro ocurrió muy rápido, y prácticamente en un año fue del 1,5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI). Además el nivel del gasto que hoy tiene la economía es mucho más rígido que el que tenía hace diez años. El gobierno perdió el ancla macroeconómica que había consolidado entre 2005 y 2007. Ese superávit primario del entorno del 1 al 2 por ciento que había sido el sello de distinción del Frente Amplio se perdió en 2012 porque hay filtraciones a partir del aumento de partidas o derechos concedidos que en sí mismas ninguna es representativa, pero que en lo global equivalen a un volumen del gasto que no puede ser sostenido”.
En suma, reflexiona el economista que hay financiamiento internacional suficiente, reservas y un buen perfil de endeudamiento, pero también hay una suerte de relajamiento de los controles sobre la secuencia del gasto.
Y no es poca cosa, además, porque hay gastos y gastos, en un esquema rígido, y de lo que se debería hacer es volcarlos a las áreas prioritarias, es cierto, pero con búsqueda de retorno en servicios eficientes y en base a objetivos medibles, alcanzables y definidos en el tiempo. Oddone explica en este sentido que se requeriría abatir el gasto en unos 600 millones de dólares anuales para hacer potable el déficit, lo que no aparece como imposible ni mucho menos, pero el punto es que “por la situación interna del gobierno y de la fuerza política, sumada a la cercanía de las elecciones, parecería que esa corrección no tendrá lugar”.
El enfoque necesario –evaluó-- pasaría porque el gobierno “se muestre muy austero, no solo no incrementando partidas, sino recortando el gasto superfluo”, pero evidentemente se ha gastado a la nuevo rico, utilizando no solo todos los recursos adicionales surgidos de la bonanza coyuntural sino también con gasto a cuenta, que explica el déficit que orilla el 3 por ciento del PBI. En este contexto, subrayó que los dos gobiernos del Frente Amplio se han caracterizado en avanzar poco en la calidad del gasto en salud, educación, seguridad y transferencias sociales: “nadie asegura que un aumento de la recaudación sea adecuadamente canalizado hacia los sectores que más necesitan. El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) dice tener una evaluación continua de los impactos del gasto, pero no se conoce, se avanzó poco un circuito eficaz de asignación presupuestal, ejecución de recursos, evaluación y redireccionamiento del gasto”, lo que se inscribe entre las competencias de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
Estos elementos indican que se gasta demasiado y con poco criterio, que es precisamente la peor forma de hacerlo más allá del gasto en sí, porque no se hace contra resultados ni evaluando retornos y utilidad, de lo que surge que no solo debe pasarse a recortar lo superfluo sino a optimizar el gasto que sea necesario y prioritario, en lugar de buscar nuevas fuentes de impuestos que son un boomerang en inflación y caída del poder adquisitivo de los sectores de ingresos fijos.