INDDHH

Locales | 12 Mar La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) recibió en medio año de labor un total de 250 denuncias, según informó a EL TELEGRAFO la integrante de su Consejo Directivo, doctora Ariela Peralta.
Se trata de un órgano autónomo, creado por Ley Nº 18.446, de 24 de diciembre de 2008. Su cometido es la defensa, promoción y protección en toda su extensión, de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y el derecho internacional. Ha sido creada como instrumento complementario a otros ya existentes, para otorgar mayores garantías a las personas en el goce de sus derechos humanos y para que las leyes, las prácticas administrativas y políticas públicas, se desarrollen en consonancia con los mismos.
Sus competencias son vastas y su alcance abarca todo el territorio nacional. Actualmente es presidida por un Consejo Directivo, integrado por cinco miembros que fueron electos el 8 de mayo de 2012. El mismo está integrado por la socióloga Mariana González como primera presidenta --este cargo rota anualmente--, la fiscal Mirtha Guianze, el ex subsecretario del Ministerio del Interior Juan Faroppa, el ex senador del Partido Nacional Juan Raúl Ferreira y la abogada sanducera Ariela Peralta.
URUGUAY ESTABA ATRASADO
“La Institución Nacional de Derechos Humanos es un organismo del Estado recientemente creado ya que si bien la ley de creación se votó en 2008, la integración fue votada en junio de 2012 y comenzamos a funcionar a fines de ese mes. Estamos creando la institucionalidad en base a la la referida ley, que es muy buena porque respeta las directivas de Naciones Unidas en lo que respecta a la creación de instituciones de esta naturaleza. Uruguay estaba retrasado en ese aspecto porque era el único país de América Latina que no lo tenía”, dijo Peralta.
Al referirse a los cometidos de la institución, dijo que “busca asesorar a los distintos organismos y entidades estatales para que armonicen y mejoren la protección de derechos humanos en base a los estándares internacionales”.
“Parte de nuestra tarea es la revisión de la legislación existente o los proyectos de ley que haya y por eso asesoramos a las comisiones parlamentarias. La ley también da la Institución Nacional de Derechos Humanos el cometido de revisar las prácticas institucionales. Esto quiere decir que si hay una legislación que es correcta pero en la aplicación de la misma se producen violaciones a los derechos humanos de los habitantes de Uruguay, la institución puede hacer recomendaciones”.
Respecto al alcance de los derechos humanos, dijo que no sólo se refieren a las violaciones de los mismos en el pasado reciente durante la dictadura, sino también a todos los demás aspectos que hoy se conocen como el reconocimiento de la dignidad de la persona por medio de leyes y tratados internacionales y que Uruguay ha ratificado para la protección y garantía de derechos económicos, sociales, culturales, de salud, identidad sexual, medio ambiente y derechos difusos.
La INDDHH también puede actuar como Defensoría del Pueblo, por lo que cualquier habitante del Uruguay que crea que está siendo violado en sus derechos puede presentar una denuncia a través del correo electrónico denunciaindhh@inddhh.gub.uy.
La institución sigue un procedimiento cuasi jurisdiccional, que no sustituye a la Justicia pero que “tiene un proceso más ágil, con estándares de prueba de convicción más liviana respecto a poder hacer una averiguación más rápida para ver si se trata de una violación”.
Es importante señalar que el ámbito de acción de la INDDHH no se refiere a situaciones planteadas entre personas individuales sino de personas con cualquier organismo o entidad estatal.
“Podemos pedir antecedentes a cualquier organismo, realizar investigaciones en el lugar sin pedir autorización, interrogar personas. En el caso que se llegue a la convicción que se ha cometido una violación, emitimos una recomendación. Nuestras resoluciones no son sentencia, no son vinculantes sino que tienen una fuerza moral”, explicó la abogada.
Si la recomendación se cumple, la institución monitorea el cumplimiento, pero si el organismo no la cumple o no la acepta, la INDDHH tiene, por ley, la posibilidad de dar la mayor difusión posible al no cumplimiento, lo que representa cierta condena moral para el organismo del Estado, que debe cumplir con lo que un organismo especializado le aconseja para proteger los derechos de las personas.
Anualmente, la INDDHH debe realizar un informe al Parlamento sobre las denuncias procesadas, cual fue la recomendación y cuál es el grado de cumplimiento.
DENUNCIAS RECIBIDAS
Las 250 denuncias recibidas en 2012 refieren a casos de abuso policial en la detención de personas o violación de la reglamentación policial, discriminación racial o identidad sexual, medio ambiente, violencia contra la mujer, parto humanizado y derecho a la salud, pasado reciente, funcionamiento del INAU y lugares con convenios con el INAU, salud mental y funcionamiento del Poder Judicial.
La doctora Peralta explicó que “si un caso está siendo investigado por la Justicia, estamos inhibidos de actuar y eso es correcto porque esta institución no sustituye a la garantía máxima que tienen los individuos, que es el poder Judicial, pero la ley ha sido inteligente porque permite que siga actuando sobre el tema”.
A modo de ejemplo citó el caso de la denuncia de presunta servidumbre doméstica en una casa de Carrasco, en Montevideo.
“Recibimos la denuncia pero como tenía estado jurisdiccional no actuamos en el caso pero sacamos un informe temático sobre trabajo esclavo, trabajo doméstico y migración”.
Otras recomendaciones realizadas refieren a reparación de víctimas de la dictadura. En este sentido, se recomendó al Poder Ejecutivo que haga modificaciones a las leyes de reparación porque creemos que se confunde la naturaleza jurídica de la reparación en materia de derechos humanos con las leyes jubilatorias.
“La persona tiene que optar entre la jubilación o pensión reparatoria cuando tienen naturaleza distintas, una ha sido generado por trabajo y otro reparando la violación cometida”, dijo al señalar que se recomendó que se tenga la posibilidad de acceder a las dos.