Nacionales | 12 Mar El presidente José Mujica se reunió con el Gabinete Productivo para analizar las nuevas propuestas para gravar la concentración de la tierra y sustituir al Impuesto de Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) alcanzaron un acuerdo para gravar a los inmuebles rurales con el Impuesto al Patrimonio.
En declaraciones a la prensa, el vicepresidente Danilo Astori anunció que el Gobierno sustituirá el ICIR por el Impuesto al Patrimonio, “el cual había sido excluido cuando le tocó pasar por momentos críticos desde el punto de vista económico” y hasta el momento nunca había sido restablecido, recordó. “No es justo que paguen todos menos un sector”, opinó el jerarca. El nuevo impuesto gravará por franjas, y los detalles se conocerán una vez que sean puestos en conocimiento del Congreso de Intendentes.
Astori explicó que la alternativa al ICIR será una “reincorporación de los activos rurales a la liquidación del Impuesto al Patrimonio”. Apuntó además que en el Consejo de Ministros “se ha seguido trabajando sobre la base que se conoce, con una coincidencia importante desde el punto de vista conceptual”.
En el encuentro participaron Astori, el secretario de la Presidencia Homero Guerrero, el canciller Luis Almagro, y los ministros de Economía, Fernando Lorenzo, de Transporte, Pablo Genta, de Trabajo, Sergio Loustanau, de Turismo, Liliam Kechichián, de Industria, Roberto Kreimerman, de Ganadería, Tabaré Aguerre, y el responsable de la OPP, Gabriel Frugoni.
Por su parte, el intendente de Río Negro y presidente del Congreso de Intendentes, Omar Lafluf, dijo a Montevideo Portal que Mujica le transmitió que pretende “conversar con los intendentes” antes de anunciar la fórmula de sustitución del ICIR, aunque aclaró que “la decisión está tomada”.
Sindicalistas rurales protestan
Miembros de la comisión de tierras del sindicato Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA) están acampando frente a tierras del Instituto Nacional de Colonización (INC) en Pay Paso en Artigas, por las demoras en dar respuesta a sus reclamos. Los trabajadores solicitan tierras para trabajar y finalizar con la zafralidad y las “malas condiciones salariales”.
El dirigente de UTAA, Juan Santana, explicó a Espectador.com que solicitan “que se contemple nuestro proyecto marco”, en el cual piden 2.000 hectáreas para trabajar. Sin embargo, el INC les ofrece 500, “que no son pocas”, declaró el presidente del INC, Andrés Berterreche.
Este es el segundo campamento de protesta que UTAA realiza en las últimas dos semanas, puesto que el 25, 26 y 27 de febrero acamparon frente al Palacio Legislativo para reclamar lo mismo, es decir, que el INC responda a sus reclamos de tierras y contemple el proyecto marco que hace dos años presentó el sindicato para que les sean arrendadas 2.000 de las 2.800 hectáreas que el INC compró en la zona.
Según publicó El Espectador, el programa UTAA apuesta a la producción de unas 2.000 hectáreas por los trabajadores rurales. De esta manera se acabaría con la precarización que sufren los trabajadores del sector.
Berterreche aseguró que existe una política a favor del programa de los trabajadores, y que “no tenemos ningún conflicto. Todo lo que sea para caña de azúcar” es para UTAA, pero “no podemos inventar 2.000 hectáreas juntas de caña, no las tenemos. El INC hizo un brutal esfuerzo para comprar 2.800, de las cuales hay para caña 500. Además se están expropiando 250 más”, explicó. “Si bien no se llega a las 2.000 hectáreas, están siendo asistidos como nunca se asistió a ningún sindicato de trabajadores rurales”, afirmó.
“La totalidad del área cañera son 500 y no son pocas, lo que yo no puedo darle es la exclusividad a UTAA, porque cualquier otro asalariado ganadero, arrocero o lo que sea, tiene el mismo derecho”, afirmó Berterreche.
En tanto, Santana reiteró que 500 hectáreas son insuficientes para unas 150 familias que integran la comisión de tierras: “apenas entrarían 50 compañeros, solo estamos pidiendo un pedazo de tierra, lo que ofrecen no abarca la aspiración que nosotros planteamos”. En la colonia de Pay Paso “entran muchas más que 500 hectáreas de caña, sabemos bien de campo”, sentenció.
PODRÍAN CITAR
A MUÑIZ A LA COMISIÓN DE SALUD
El diputado nacionalista Javier García explicó a El Espectador que planteará a la Comisión de Salud Pública convocar a la ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, para pedirle explicaciones “por la acefalía en las direcciones de la cartera”.
El legislador anunció que el motivo del planteo “es la acefalía que hay desde hace buen tiempo de dos cargos muy importantes en el ministerio, como son la Dirección General de la Salud y la Dirección General de Secretaría. Todos sabemos que ahí se ha instalado una lucha de poder que ha impedido el normal funcionamiento de dos cargos que son claves”. Añadió que “el objetivo es la salud de la población, no es el reparto de cuotas de poder. Lo que más nos preocupa es que esta acefalía se da en momentos en que el ministerio debiera estar trabajando, entre otras cosas, en todo lo que significa el pico de enfermedades respiratorias que se van a dar dentro de dos meses, como ocurre todos los inviernos, así como la amenaza de la eventualidad del dengue, que la propia cartera ha señalado”.
POSIBLE REFERÉNDUM
La “Comisión Por la Vida y el Agua” de Tacuarembó afirmó que tiene unas 10.800 firmas de las casi 11.500 que necesita para impulsar por el mecanismo de iniciativa departamental que la Junta apruebe la prohibición de la actividad minera o que el intendente Wilson Ezquerra convoque a un referéndum.
La veterinaria Daniela Pírez, quien junto a dos abogados y un periodista activaron el mecanismo previsto en la ley orgánica municipal, anunció a Montevideo Portal que faltan menos de mil firmas para llegar al 15% del padrón requerido. Posteriormente, la Junta Departamental tendrá 60 días para aprobar la iniciativa o trasladarla al intendente para que convoque a un referéndum en otros 30 días.
Pírez afirmó que detrás de la iniciativa “hay comunistas, derechistas y todos los ‘ístas’ que se imaginen”. Añadió que “no hay estupidez más grande que perforar el Acuífero Guaraní” y que la población de Tacuarembó es “muy aferrada a la defensa de su tierra”. También existe respaldo de líderes religiosos como el del obispo de Tacuarembó Julio Bonino.
Por otra parte, en la “Fiesta de la Patria Gaucha”, que se desarrolló el pasado fin de semana en Tacuarembó, los activistas reunieron unas 5.000 firmas. Consideran que pueden superar ampliamente las 11.500 requeridas, aunque necesitan tiempo para recoger las papeletas repartidas por todo el departamento. En tanto, en Rocha, Treinta y Tres y Rivera también se están juntando firmas desde el año pasado para terminar con la megaminería.