Nacionales | 16 Mar Al participar en los actos por el aniversario de la Fuerza Aérea, el presidente José Mujica dijo que el declarado inconstitucional Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales (ICIR) contenía “una concepción mucho más global que significaba un poder de garantía sobre un crédito de 200 o 300 millones de dólares” para “destinar en dos años a la caminería rural”. El mandatario sostuvo que “eso es lo que perdimos. Vamos a tener el mismo ingreso pero lo que hemos perdido es la posibilidad que teníamos antes (y ahora) ya no la tenemos. Lo que iba a ser un plan de transformación definitivo de la caminería rural va a ser un plan de mejorar la caminería rural. Este es el precio que pagamos por la decisión que se tomó. Es bueno que la gente lo sepa” y añadió que es “partidario de reformar” la Constitución.
Por su parte, el vicepresidente Danilo Astori aseguró que “está muy bien prever destinos adicionales”, pero agregó que “los originales habrán de cumplirse” e indicó que los intendentes deben estar tranquilos con ello. Luego de oficializar ante el Congreso de Intendentes que el ICIR será sustituido por el Impuesto al Patrimonio, Mujica dijo que el gobierno espera recaudar unos U$S 50 millones, algo que no dejó conformes a algunos jefes comunales. “No es lo mismo, se recaudan 10 millones menos” que con el ICIR, advirtió el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi.
Sin embargo, Astori aseguró que aún no se puede hablar de números. “Nosotros no tenemos una estimación absolutamente exacta, entre otras cosas porque quedan detalles a instrumentar. Precisamente, el trabajo con esos detalles es el que ese está realizando en estos días y esperamos culminar la semana próxima porque, reitero, no hemos terminado aún. Se van a respetar los compromisos asumidos desde ese punto de vista”, aseguró.
Por otra parte indicó que “se prevé que, obviamente además de esos compromisos, puedan obtenerse recursos que sean asignados por ejemplo a la enseñanza superior en el interior. Esto no es en detrimento de los fines originales. Por eso los gobiernos departamentales deben estar tranquilos que la idea fundacional de este proyecto se mantiene”.
Por último, Astori pidió paciencia “para establecer los números definitivos, pero les puedo asegurar que los fines originales de esta idea se van a cumplir”, señaló.
En declaraciones a la Secretaría de Comunicación de Presidencia, Mujica dijo que tiene intención de que una empresa pública del derecho privado se ocupe de la caminería una vez resuelto el gravamen que sustituirá al ICIR.
CASI DOS MIL NUEVOS
PRESUPUESTADOS
La nueva redacción del Estatuto del Funcionario Público habilita a que casi 2.000 contratos temporales de derecho público pasen a ser presupuestados en un plazo de seis meses, adquiriendo el beneficio de la inamovilidad. La ampliación en la definición de funcionario público que acordó esta semana el gobierno con el Frente Amplio es celebrada por la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE).
El nuevo texto del estatuto considera que es funcionario público “todo individuo que ejerce funciones públicas en una entidad estatal bajo una relación de subordinación y al servicio del interés general”. A excepción de los regímenes regulados por los artículos 47, 51, 52, 54 y 58 de la Ley Nº 18.719 (Presupuesto Nacional), en este grupo se incluye a: becarios, contratos artísticos, arrendamientos de obra, contratos laborales de derecho privado y funcionarios adscriptos.
Según datos de la Oficina Nacional de Servicio Civil, el Estado tiene 264.078 vínculos laborales de funcionarios públicos y 13.550 empleados que no tienen esa calidad. Dentro de este último grupo se ubican los contratos temporales de derecho público. Son alrededor de 2.000 funcionarios --con seis años o más en el Estado-- los que estarán habilitados a ser presupuestados una vez aprobado el estatuto, dijo a El País el secretario general de COFE, José Lorenzo López. “Con la redacción del estatuto anterior, estos funcionarios que hace más de seis años que trabajan en el Estado tenían que esperar 15 meses más para que se hiciera la reestructura y ser regularizados. Ahora, con una evaluación positiva pueden ser presupuestados, cumplidos los seis meses”, explicó López.
Los nuevos ingresos al Estado --luego de haber sido seleccionados por concurso de oposición y mérito-- deben cumplir con un provisoriato de 15 meses y contar con una evaluación positiva de su desempeño. Para COFE el requisito de los 15 meses “es un poco exagerado”, por lo que se solicitó a la bancada del Frente modificar la iniciativa y acortar el plazo.
El nuevo estatuto establece un régimen laboral de ocho horas diarias para los nuevos ingresos al Estado. Para COFE, el artículo no representa un problema porque “hay miles de trabajadores en la administración que hacen seis horas con contratos de 40 horas semanales”.
López añadió que después de aprobado el proyecto, “se deberá negociar con cada uno de los organismos para ver de qué manera se justifica que haya funcionarios que cumplan una misma tarea, con una carga horaria diferente. Ahora no es el principal problema”, opinó.
AJUSTE A
DOMÉSTICAS
Aún no se llegó a un acuerdo en las negociaciones por los salarios mínimos de las trabajadoras domésticas, pero la Liga de Amas de Casa que representa a las patronales en los Consejos de Salarios, lo recomienda para evitar acumulación por retroactividad.
La presidenta de la Liga de Amas de Casa, Mabel Lorenzo, informó que se está en tratativas desde noviembre para firmar el nuevo convenio, pero aún no se ha llegado a un acuerdo.
La cifra alternativa que se sugiere es del 7,5% más sobre el salario anterior, “porque es seguro que el resultado de las negociaciones, en cualquiera de las tres franjas, va a dar un porcentaje mayor a esa cifra”, apuntó Lorenzo.
“Lo importante no es el monto del aumento, sino a dónde vamos a arribar con la negociación, también se tratan temas como las categorías de las trabajadoras y los contratos de trabajo”, dijo sin dar más detalles. El convenio anterior, en el que se estipuló un salario mínimo de $ 8.534 según datos del BPS, estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2012. El salario que surja del nuevo convenio se aplicará desde el 1º de enero de 2013, por lo que hay una retroactividad que se tiene que ajustar en el momento en que se conozca la nueva cifra.
Según la Liga de Amas de Casa, los ajustes a partir de ahora se harán una vez al año --no como antes que eran semestrales-- y el valor del convenio será de tres años.
HOMENAJES A
WILSON FERREIRA
La Asamblea General rindió homenaje el extinto líder nacionalista, con la presencia del presidente José Mujica, además de un acto con dirigentes blancos frente a la tumba de Ferreira y en la Catedral de Montevideo se realizó una misa en su honor, al recordar el 25º aniversario de su fallecimiento. El senador y líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, destacó durante la sesión parlamentaria la impronta de Wilson Ferreira y su ascendencia dentro del Partido Nacional, sintetizando su sentir en la frase “Wilson es de todos y todos somos de Wilson”.
El senador frenteamplista, Ernesto Agazzi, declaró que pese a no pertenecer a las mismas filas partidarias de Wilson, destacó “los aportes que este insigne ciudadano, actor político clave de su tiempo, hizo desde nuestro punto de vista, a la sociedad que todos integramos y que le dan permanencia aún cuando físicamente hace 25 años no está entre nosotros”.
Además de otras actividades, se anunció un concurso para levantar un monumento a Ferreira Aldunate, que comenzará el 16 de abril y los participantes contarán con 60 días para presentar sus proyectos. La obra, que buscará representar el momento del regreso de Wilson a Uruguay en junio de 1984, luego de 10 años de exilio. estará emplazada en la plazoleta frente al viejo aeropuerto, ubicada en los cruces de Avenida de Las Américas, Ruta 101 y Avenida Wilson Ferreira Aldunate.