Opinion | 10 Mar Condicionado por índices inflacionarios que superan con creces las expectativas que se habían generado en el equipo económico, y los índices poco alentadores de enero y febrero, que “se comieron” la mitad de la pauta salarial del año, el equipo económico de gobierno estaría analizando la posibilidad de recurrir nuevamente a medidas heterodoxas y paliativas para ganar tiempo, como por ejemplo los acuerdos de precios con los supermercados y la rebaja de tarifas públicas, para hacer converger la inflación al rango objetivo de 4% a 6%.
Es que la inflación anual se ha disparado y se sitúa en el entorno del 9 por ciento, lo que confirmó la persistencia de las presiones sobre los precios internos. Pero estos paliativos son paños tibios para un problema de fondo, tienen un efecto acotado y solo pueden actuar un tiempo sobre el Índice de Precios al Consumo (IPC) pero no sobre la inflación, en tanto a la vez hay otros factores negativos entre los parámetros de la economía que también generan lógica preocupación, y sobre los que hemos advertido en más de una oportunidad desde esta página editorial.
Tenemos por un lado que la industria desde hace tiempo está alertando que los márgenes de rentabilidad para las empresas son cada vez más acotados, por lo que resulta “complicado” mantener los precios, como se pretende. Reclaman además proteger a los proveedores locales de los productos importados que ingresan al país cada vez en mayor número y facilidad, ayudados por un dólar barato.
En este contexto el vicepresidente de la República, Danilo Astori, declaró a medios de prensa capitalinos que “el mes de febrero terminó con una inflación que tenemos que respetar por lo alta (0,99%). Las tarifas de energía eléctrica jugaron un papel fundamental. Uno de los factores que más incidió fue la vivienda, donde la energía tiene una fuerte influencia”.
A la vez Astori dejó abierta la posibilidad de apelar a las tarifas públicas como una herramienta de combate a la carestía, al igual que los acuerdos de precios con los supermercados e industriales. Aclaró que “en este momento no tenemos un horizonte definido para recurrir a esta medida (acuerdo con supermercados), pero si lo hacemos será por un lapso. Cuando hablo de precios, también me refiero a las tarifas públicas porque tienen un peso importante en la inflación”.
Por otro lado, desde la Asociación de Supermercados (ASU), se indicó a El Observador que por ahora no hubo contactos de Economía para aplicar un nuevo acuerdo de precios, pero consideraron que para acceder al mismo tendrían que analizar con más detalles los márgenes de rentabilidad del negocio.
Debe tenerse presente que el Ministerio de Economía y Finanzas ya recurrió en otras oportunidades a los acuerdos de precios con los privados para incidir sobre el IPC, la última de las cuales se instrumentó desde mediados de noviembre, y hasta el 31 de diciembre, cuando el gobierno acordó con los supermercados y los industriales aplicar una política para congelar los precios durante ese período excluyendo frutas, verduras y carne, además de rebajar una lista de 200 productos/marca en 10%.
Esta medida, complementada por el plan UTE Premia que en diciembre bonificó la tarifa a buenos pagadores contribuyó a llevar el IPC a 7,48% para el cierre de 2012. Pero como toda medida artificial, lo único que se hizo fue cerrar un tiempo la tapa de la olla a presión hasta que la realidad asomara nuevamente, y como se esperaba, se dio un “efecto rebote” en los meses de enero y febrero con subas de precios de 1,9% y 0,99% respectivamente.
Asimismo, la persistencia de las presiones inflacionarias llevó a que el Banco Central (BCU) decidiera esta semana elevar los encajes marginales de los bancos en 5 puntos porcentuales –regirá desde el 1º de abril–, con el objetivo de restringir el crédito y, por ende, el consumo privado.
Pero estas medidas no dan la pauta de que estemos ante respuestas contundentes y mucho menos de fondo para el aumento sistemático de precios de bienes y servicios, pese al “ancla” del tipo de cambio que ha deprimido el dólar y a la vez de sostener en determinado nivel los precios internos, paralelamente afecta la rentabilidad de los exportadores.
Para la gerenta de la consultora Deloitte, Florencia Carriquiry, “ante este escenario de poca voluntad política para tomar medidas de endurecimiento de la política monetaria y fiscal, el camino de la heterodoxia con acuerdos de precios y uso de tarifas públicas se vuelve más frecuente”, explicó.
“Son medidas de corto plazo sobre el IPC de uno o dos meses, pero apenas caen los acuerdos persisten las presiones inflacionarias”, subrayó. Este es precisamente el punto a que nos hemos referido una y otra vez: estamos ante “toqueteos” del IPC, porque el gobierno se resiste a aplicar en los hechos la austeridad que ha pregonado, ha aumentado el gasto público y espera ahora que por milagros que no se dan en economía ni mucho menos, los precios se mantengan como están.
Pero quizás lo más preocupante de los “acuerdos de precios” que procura el Estado, es que empieza a dejar de ser una medida excepcional para hacerse rutina, y cuando eso ocurre se corre el riesgo de tentarse a tocar cosas más peligrosas, como controlar los precios del mercado, algo que tanto daño le hizo al Uruguay en décadas pasadas así como diezmó las economías de cuanto país intentó seguir por ese camino.