Nacionales | 18 Mar Una acumulación de algas en el río Santa Lucía provocó en el agua potable un sabor y olor mezcla de tierra y pescado que inquietó a los montevideanos, a tal punto que el ministro Eleuterio Fernández Huidobro alertó sobre una “catástrofe” vinculada a la posibilidad de que en un futuro Montevideo se quede sin agua potable.
El director de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea), Fernando Longo, dijo a El País que “en principio el problema está solucionado” y agregó que actualmente “la calidad del agua en Uruguay es buena y lo de las algas es un hecho puramente circunstancial”.
Sin embargo, entiende que la situación generada por el aumento de algas en la cuenca de Santa Lucía se repetirá, probablemente en el verano de 2014. “Prevemos que en todo el país se puedan dar este tipo de situaciones, pasó hace dos años en la represa de Rincón del Bonete y puede volver a ocurrir en cualquier momento”, dijo Longo.
“Lo que suponemos es que con la intensificación de la producción en el futuro, no solo acá en la zona metropolitana, sino en el Interior del país también, se pueden llegar a producir fenómenos parecidos. Por eso vamos a empezar a trabajar con OSE para la creación de un protocolo de actuación”, explicó. En los mencionados protocolos se pretende regular la aplicación de carbón activado, técnica avalada por los organismos internacionales para la purificación del agua, y mejorar la coordinación de la información que recibe la Ursea sobre los monitoreos que realiza OSE casi a diario.
Según Longo, para evitar la presencia de algas en el agua potable se deben aumentar las inspecciones que realiza el Ministerio de Ganadería a los efluentes de tambos ubicados en la zona del río Santa Lucía. El jerarca es partidario de “controlar tambo a tambo” y exigir “la responsabilidad social del tambero”. En cuanto a la presencia de agrotóxicos, dijo que tienen una residualidad menos prolongada que otros efluentes. Por lo tanto, señaló que hay otros tipos de actividades que pueden ser más contaminantes para el agua que la agricultura.
Por su parte, el diputado nacionalista Javier García cursará un pedido de informes a la Ursea sobre las causas del episodio y las medidas que se deben adoptar para evitar nuevos problemas de este tipo. También se indagará acerca de los niveles de toxicidad detectados en los monitoreos realizados y su incidencia en la salud de la población. “El propio ministro habla de la eventualidad de una catástrofe y creo que hay que tratar seriamente este tema porque la calidad del agua en Uruguay es un patrimonio nacional”, señaló García.
MAFIAS MEXICANAS ACTÚAN EN URUGUAY
Las mafias mexicanas usan a Uruguay para lavar dinero del narcotráfico, con la llegada de criminales menores hasta integrantes de los grandes cárteles, al tiempo que los expertos alertan por el rol de los vínculos locales para las mafias extranjeras. El último informe del Departamento de Estado de Estados Unidos recogió datos de la Policía y el Poder Judicial de Uruguay, indicando que en el país están operando las mafias colombianas y mexicanas, lavando dinero proveniente del narcotráfico.
El informe, que fue entregado al Congreso estadounidense, reconoce que, aunque Uruguay está dando “pasos afirmativos” en contra del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, “sigue siendo vulnerable a esas amenazas”. Si bien la presencia de narcos colombianos era un asunto más conocido en el país, fundamentalmente luego de la Operación Campanita --uno de los golpes más duros en Uruguay contra el lavado de activos--, el accionar de bandas mexicanas es una arista de la cual poco se sabe. En ese marco, distintas fuentes vinculadas al tema señalaron a El País que, si bien en los últimos meses no se registraron operativos importantes con mafias de ese país, es un hecho que Uruguay aparece en el mapa para sus maniobras. Fuentes vinculadas a la represión del tráfico de drogas añadieron que desde el 2000 se sabe que “los principales cárteles mexicanos han visitado circunstancialmente Uruguay para estudiar la plaza financiera y usarla como lugar de lavado de dinero”. Incluso integrantes del poderoso cártel de Juárez han estado en Uruguay en los últimos años.
El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) evaluará la situación de Uruguay en relación al combate al lavado de activos recién “dentro de dos o tres años”, es decir, en 2015 o 2016, informó el director de proyectos del organismo, Ricardo Gil Iribarne.
EL NUEVO BARCO DE LÓPEZ CON FREE SHOP
El barco “López Mena”, construido en Tasmania, tiene 99 metros de eslora, es propulsado por dos turbinas con un sistema dual de funcionamiento a gas natural como combustible primario y normal como alternativo, tiene 10.000 toneladas y una capacidad para 1.024 personas y 153 vehículos, capacitado para desplegar una velocidad de trabajo de 50 nudos.
Como nuevo récord la nave tendrá 1.100 metros de free shop, pasando a ser la tienda libre de impuestos más grande del mundo en un ferry. El barco fue construido en el astillero de Incart en Príncipe de Gales, Tasmania, está en la etapa de pruebas y próximamente será trasladado al Río de la Plata, donde hará el trayecto Uruguay y Argentina, entre otros viajes.
INCAUTAN MÁS 2.800 KILOS DE DROGA
Un informe de la Junta Nacional de Drogas establece que las distintas reparticiones ocupadas de combatir el tráfico ilícito, incautaron durante 2012 unos 684.891 gramos de cocaína, 223.163 gramos de pasta base, 1.979.600 gramos de marihuana y 1.035 gramos de hashis.
Respecto a las personas detenidas por estás prácticas, el documento señala que fueron 2.236, con 931 procesamientos (41,64%), y 17 grupos de narcotráfico desarticulados en 2012. En 2008 fueron detenidas unas 2.374 personas, con 700 procesamientos (29,49%), en 2009 se alcanzó la cifra de 1.673 detenidos, con 721 procesadas (43,10%), en 2010 fueron 1.951 las personas detenidas con 769 procesadas (39,42%) y 1.638 detenidos con 684 procesadas en 2011 (41,76%).
PENSIÓN POR DELITOS FUE REGLAMENTADA
El presidente del Directorio del Banco de Previsión Social (BPS), Ernesto Murro, anunció que el gobierno decretó la reglamentación de ley 19.039, que indemniza a los familiares de víctimas de homicidios derivados de los delitos de rapiña, copamiento o secuestro, o bien a víctimas de delitos incapacitadas en forma absoluta para el trabajo. La normativa ampara a personas afectadas por delitos ocurridos desde el 2002. El monto de la pensión es de seis BPC y de carácter mensual.
Murro explicó que las cifras que se pagarán por indemnización a familiares de víctimas de delitos violentos no representa un impacto financiero para la economía del país.
“La importancia que tiene es que son normas legales que ponen a Uruguay en la vanguardia internacional en prestaciones sociales de sensibilidad social. De acuerdo con el proyecto, tenemos 111 solicitudes de indemnización recibidas a nivel nacional, a las que estamos procesando”, informó.
URUGUAY RATIFICA CONVENIO SOBRE LICENCIA MATERNAL
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, anunció ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la voluntad de Uruguay de ratificar el Convenio 183 sobre licencia maternal, que implicaría ampliarla a 14 semanas. También informó acerca de la intención de implementar un sistema de cuidados que incremente las posibilidades de trabajo para las mujeres con hijos. Si bien días antes, Brenta había anunciado en Montevideo esta ratificación, estimó que presentársela directamente al titular de la OIT tiene un valor particular.
“Le comunicamos al director general no solo la decisión política del gobierno uruguayo de ratificar el Convenio 183, sino también que está planteada la necesidad de generar un sistema nacional de cuidados que permita mejorar las condiciones para el ingreso de las mujeres al mercado de trabajo”, detalló. El ministro explicó que “si bien la tasa de empleo femenina ha aumentado sistemáticamente en estos años, es necesario complementar con otras acciones”.
Según el ministro, hasta el momento, previo a la ratificación del Convenio 183, Uruguay se encontraba relativamente retrasado en este tema.
“Era un área en la que no habíamos avanzado en el período anterior y el convenio ratificado por nuestro país era de 1954, por tanto era necesario actualizarlo para ponernos a tono con la legislación internacional y, fundamentalmente, con los convenios ratificados por OIT”, explicó.