Opinion | 19 Mar La industria audiovisual uruguaya está en auge, no sólo por el destaque internacional de varias películas producidas y filmadas enteramente en nuestro país sino también porque distintos lugares de nuestro territorio --aunque fundamentalmente Montevideo y Colonia-- son destinos buscados como locaciones para filmaciones de otros países también.
A modo de ejemplo, puede señalarse que entre 2011 y 2012 creció un 55% la cantidad de filmaciones efectuadas en espacios públicos y edificios de Montevideo. En 2011 fueron 125 rodajes y en 2012 un total de 194. Ese incremento es aún mayor cuando se habla de los orígenes de la Oficina de Locaciones en 1996, ya que entonces se filmaba uno cada tres semanas.
Según un informe publicado en El País, en 2012 la Oficina de Locaciones de la Intendencia de Montevideo “dio inicio y seguimiento a las solicitudes de permisos para rodajes de 194 proyectos audiovisuales”. Eso comprende los rubros publicidad, largometrajes, series de TV, cortometrajes y videoclips, y proyectos varios.
De esos 194, 138 fueron en el rubro publicidad; es decir el 71% del total. La mayoría de esas publicidades se filmaron para el extranjero: 75 de 138 y las 63 restantes fueron para Uruguay. Luego de las publicidades le siguen los cortometrajes y videoclips con 23 y varios (programas de TV nacionales o para el extranjero, pilotos, realities) también con 23. De 123 rodajes que hubo en el segundo semestre de 2012, la mayoría fue en la vía pública: 56.
Ahora bien, la Intendencia de Montevideo remitió a la Junta Departamental, por iniciativa de la Oficina de Locaciones de la comuna, un proyecto de decreto que regula el uso de locaciones públicas para producciones cinematográficas y audiovisuales. La idea es regular y prever sanciones porque hay grandes despliegues y muchas veces los espacios públicos no quedan en las condiciones en los que se los entregó.
Si bien es cierto que es bueno el crecimiento de este tipo de actividades porque da cuenta del crecimiento que está teniendo la industria audiovisual nacional y el interés en nuestros escenarios urbanos y naturales por parte de productoras extranjeras, lo que siempre genera contratación de contrapartes uruguayas, equipamiento y hasta extras, no es menos cierto que es responsabilidad del Estado proteger sus bienes patrimoniales y naturales en el marco de estas interacciones. En definitiva, se trata de una medida acertada porque cuando puede haber afectaciones, es necesario prevenir y establecer reglas de juego claras.