Opinion | 22 Mar Un hombre se encadenó al caño de un semáforo frente a la Intendencia de Paysandú, en protesta porque en Young le habían retenido su moto (sin matrícula ni libreta de propiedad) e impuesto multas por unos 3.500 pesos, con la intención de recuperar su vehículo y que le cancelaran las multas. La historia comenzó con la compra de una moto nueva, la contratación del seguro obligatorio al vehículo y la pretensión de proceder a empadronarla en la intendencia sanducera. Debido a que aún se mantienen atrasos en empadronamientos, le dieron turno para el mes de abril y un documento que lo habilitaba a transitar sólo en Paysandú.
El hombre decidió viajar el pasado fin de semana a Young, donde inspectores de tránsito retuvieron la moto debido a que carecía de matrícula y documentación del vehículo. Retornó a esa ciudad cuando estaban habilitadas las oficinas de Tránsito y allí le empadronaron la moto. Lo que no hicieron fue devolverle el vehículo pues debía pagar las multas. Volvió a Paysandú hizo infructuosas tratativas en la oficina de Tránsito sanducera y decidió encadenarse, como lo hiciera en agosto de 2011 para reclamar por “maltrato de la policía”. Con el paso de las horas, y tras negociaciones de Tránsito con su similar en Young, ésta decidió levantar las multas.
No hay dudas, se trabajó para destrabar la incómoda situación y la mejor solución que se encontró fue aceptar la demanda del encadenado.
En Paysandú, la orden que tienen los inspectores de Tránsito es registrar las multas antes de concluir su turno. Eso automáticamente eleva a la base de datos del Sucive esas multas, las que son inamovibles, sin posibilidad de pataleo aún con la razón del lado del reclamante. En Young parece que no es así.
Más allá que en este caso fue Young la oficina donde se quitaron las multas --con la intermediación clara y concreta de la de Paysandú-- queda un sabor amargo en el hombre de la calle común y corriente que respeta la Ordenanza de Tránsito. Porque en la actual política de “tolerancia 0” llevada a cabo por la IdP, son muchos los ciudadanos sanduceros que han sufrido las consecuencias de la rigidez con que actúan los inspectores, con severas consecuencias como ver retenido el vehículo sin posibilidad de explicar nada, pagar multas exorbitantes o perder la libreta de conducir por mínimas infracciones.
Hay que tomar una determinación extrema que incluya exposición pública de los encargados de Tránsito para obtener lo que se quiere, incluso si no se ajusta a la Ordenanza, desde que cuando las multas son bien aplicadas (este es claramente ese caso) no deberían ser retiradas. No habla bien de quienes conducen las oficinas de Tránsito. Y con razón ofusca a la población.