Nacionales | 22 Mar El presidente José Mujica admitió que está preocupado porque la nueva aerolínea de bandera nacional puede sufrir el secuestro de aviones en aeropuertos internacionales, una vez que la empresa gestionada por los trabajadores empiece a volar.
Los juicios internacionales contra la ex Pluna podrían hacer que los aviones fuesen retenidos en el exterior, tal como le ocurre a Argentina en algunos destinos a raíz de las causas judiciales de bonistas, que ha llevado al gobierno del vecino país a alquilar aeronaves para viajar a determinados lugares. La posibilidad del embargo de aviones --arriba de la mesa desde el cierre de Pluna-- había sido desmentida hasta ahora por el gobierno, pero el presidente lo admitió a la prensa a la salida de un acto en el ministerio de Transporte. “Me extraña que en Uruguay no se den cuenta”, dijo Mujica.
Por otro lado, la Asociación de Rematadores del Uruguay recibió el cheque para la comisión de U$S 835.000 por el remate frustrado de los aviones de la ex aerolínea de bandera uruguaya.
El cobro del aval ocurre días después de que el empresario Juan Carlos López Mena, propietario de la naviera Buquebus y de la aerolínea de bandera BQB, se hiciera cargo del documento que Cosmo nunca pagó por participar en la subasta y acordara con el Banco de la República el pago de los U$S 13,6 millones, en cuotas y durante cuatro años.
METALÚRGICOS PLANTEARON DIFICULTADES
El presidente José Mujica recibió a una delegación de la Cámara Metalúrgica y de la Unión de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra) que le planteó las dificultades que atraviesa ese sector y presentaron posibles paliativos.
El presidente de la Cámara, Miguel Oliveros, manifestó a El País que “hay un montón de situaciones de competitividad, el dólar tiene que ver mucho con esto. Evidentemente hay que azuzar algunas medidas para resolver estas temáticas” y mencionó como temas “las compras públicas y la integración productiva”. La solución “para la cámara y el sindicato pasa por tratar de buscar mecanismos que de alguna manera permitan el trabajo de la industria y los trabajadores”, dijo el jerarca.
El secretario del gremio metalúrgico, Marcelo Abdala, expresó que fueron “con un planteo que es común de todo el sector, de empresarios y trabajadores. No concebimos el desarrollo integral del país sin un importante desarrollo de la metalúrgica, por los puestos de trabajo de calidad que genera, por la gran cantidad de oficios que tiene aparejado y porque es una industria de carácter estratégico”.
El dirigente señaló que efectuaron “un planteo conjunto de política industrial, vimos buena disposición del presidente, por ejemplo para mejorar la aplicación del sistema de compras públicas, la inversión en el sector, mecanismos que desestimulen la competencia desleal de productos importados del exterior y para mejorar la participación de la industria metalúrgica nacional en la demanda del país”.
ENTREGARON PAPELETAS
POR REFERÉNDUM
El grupo que realizó la recolección de firmas para habilitar un referéndum contra el aborto entregó 67.851 papeletas, a través de una cadena humana en la Suprema Corte de Justicia. La Constitución establece que para derogar una ley por la “vía corta” se requieren 54.000 firmas válidas, es decir lo equivalente al 2% del padrón electoral. La Corte Electoral dispondrá ahora de un plazo de 150 días hábiles para dictaminar si se ha alcanzado el porcentaje requerido para la convocatoria. Según establece la ley Nº 17.244, una vez verificadas las firmas la Corte Electoral tiene que convocar a una consulta voluntaria en un plazo de 45 días. Si vota al menos el 25% del padrón electoral previsto en el inciso segundo del artículo 79 de la Constitución de la República, la Corte Electoral convocará a referéndum en un plazo de 120 días. De cumplirse estos plazos, el referéndum se estaría haciendo en febrero de 2014. El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, dijo a El País que ahora comienza otro proceso y recordó que su intención fue “promover” una instancia para que lo resuelva la ciudadanía.
COMISIÓN DE CUENCA
DEL SANTA LUCÍA
En el marco del Día Mundial del Agua que se celebra hoy, sesionará en San José el Consejo Regional de Recursos Hídricos del Río de la Plata y su Frente Marítimo. El titular de la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua), Daniel González, expresó que pretenden “avanzar en acciones concretas, en lo que está dispuesto por la Constitución, en cuanto a la gestión de los recursos hídricos en forma participativa” y recordó que “utilizamos esta fecha para festejarlo en la acción”. El jerarca recordó que en 2012 comenzó a funcionar el Consejo Regional de Recursos Hídricos del Río de la Plata y su Frente Marítimo, que fue el primero en instalarse. Al Consejo Regional de Recursos Hídricos del Río de la Plata y su Frente Marítimo se sumaron luego el de Laguna Merín y el del río Uruguay, cada uno asociado a una cuenca transfronteriza, que comprenden geográficamente a todo el país.
Los consejos regionales están integrados por 21 miembros: siete por el Gobierno Nacional, siete representantes de usuarios --públicos y privados-- y siete de la sociedad civil. Estos consejos regionales promueven y coordinan comisiones de cuenca y acuíferos que permitan dar sustentabilidad a la gestión local de los recursos y colaborar en el manejo los potenciales conflictos por su uso. “Pretendemos avanzar en acciones concretas, en lo que está dispuesto por la Constitución, en cuanto a la gestión de los recursos hídricos en forma participativa”, expresó González.
PRESENTARON NUEVO
CENTRO DE RECLUSIÓN
En la sala Preludio del restaurante Rara Avis se presentó el proyecto de construcción de la Unidad de Personas Privadas de Libertad N° 1, en Punta de Rieles, que se realizará a través de la modalidad contractual de participación público privada. El proyecto prevé que un consorcio privado brinde, durante 22 años, servicios que no son los sustantivos de un centro de reclusión, pero que por su importancia consumen mucho tiempo y atención, según informó la Secretaría de Comunicación de Presidencia. El privado que surja de la licitación prestará servicios de mantenimiento, limpieza, alimentación, lavandería y venta de artículos de almacén; además deberá realizar el diseño, construcción y financiamiento del nuevo establecimiento. Según estimaciones de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), el costo de la inversión sería de U$S 72 millones más IVA. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, detalló que el proyecto se enmarca en la política que desarrolla el gobierno desde el año 2005 para realizar un cambio estructural y de gestión del sistema penitenciario.
Recordó asimismo que esta política fue ratificada por un acuerdo multipartidario logrado al inicio del gobierno, en el año 2010. En su intervención Bonomi destacó los principales ejes de la reforma del sistema penitenciario, tales como erradicar el hacinamiento carcelario, individualizar a todos las personas privadas de libertad para otorgarle un tratamiento integral (trabajo, salud y recreación), reducir los niveles de violencia y conflictividad, brindar contención y apoyo al liberado en su retorno a la sociedad, atender en particular a las mujeres y a los hijos que con ellas conviven, combatir la corrupción, brindar seguridad laboral a los operadores penitenciarios y unificar el modelo institucional, colocando a los centros bajo una autoridad única. Por su parte, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, destacó que este es el primer emprendimiento que utilizará las herramientas previstas en la Ley 18.786 de Régimen de Contratos de Participación Público Privada. El jerarca sostuvo que estas nuevas modalidades contractuales implican cambios muy importantes en las capacidades institucionales del sector público, y que los privados deben asumir riesgos que en otras condiciones no asumían. Agregó que tendrá exoneraciones sobre los derechos de importación y referentes al patrimonio, las que se establecerán por decreto.