Opinion | 26 Mar Desde hace 13 años Uruguay cuenta con una Ley de Relaciones de Consumo (17.250) que, entre otros aspectos regula los derechos de los consumidores, desde los más básicos e importantes como la protección de la vida, la salud y la seguridad contra los riesgos causados por las prácticas en el suministro de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos, la educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, hasta la libertad de elegir y el tratamiento igualitario al contratar.
Otros refieren al derecho a una información suficiente, clara, veraz, en idioma español sin perjuicio que puedan emplearse además otros idiomas; la protección contra la publicidad engañosa, la prevención y el resarcimiento de los daños patrimoniales y extra patrimoniales y el acceso a organismos judiciales y administrativos para la prevención y resarcimiento de daños mediante procedimientos ágiles y eficaces.
No obstante, para poder ejercer muchos de estos derechos, debemos estar informados y contar con los mecanismos e instrumentos dispuestos por el Estado para atender estas cuestiones.
La principal función del Área de Defensa del Consumidor es asesorar sobre las gestiones que debe realizar el cliente en caso de que se presenten abusos por parte de los proveedores, realizando la función de mediación ante la posibilidad de un conflicto.
Las oficinas centrales de esta dependencia se encuentran en Montevideo, existiendo en el Interior --como en el caso de Paysandú-- acuerdos con las intendencias para la atención de los ciudadanos. No obstante, estas oficinas departamentales no siempre tienen la suficiente visibilidad y difusión, razón por la cual muchos ciudadanos no recurren a ellas ya que desconocen su existencia o cuestiones básicas como ubicación y horarios de funcionamiento.
Indudablemente, es fundamental que los consumidores, en tanto ciudadanos responsables, asuman una actitud proactiva, procurando informarse sobre todos los aspectos que sean relevantes antes de tomar la decisión de comprar un producto o contratar un servicio; buscando distintas ofertas, comparando los precios del mercado, analizando las condiciones de la contratación, procurando del proveedor toda la información necesaria para conocer fehacientemente las condiciones de la contratación, pero no es menos importante que desde los organismos involucrados en la protección de los derechos de los consumidores se brinde la información suficiente y necesaria. Y eso es algo en lo que queda mucho por avanzar.