Opinion | 05 Abr El monopolio de que gozan empresas estatales ---nunca mejor empleado este término-- permite que en Uruguay los directores de los entes y el gobierno al fin de cuentas, puedan utilizar a empresas como Ancap, UTE, Antel, como recaudadores indirectos de impuestos a través del sobrecosto de sus tarifas, desde que no hay ninguna competencia privada que oficie como testigo y obligue a mejorar su eficiencia y competir con ecuación - calidad precio, como se hace en todos los órdenes en la actividad privada.
Naturalmente, el gran beneficiario de la competencia siempre es el consumidor, que de esta forma accede a bienes y servicios a menor precio y calidad, y además tiene donde elegir, por lo que sin duda el monopolio del Estado es una condicionante y una atadura que va en desmedro de los propios clientes cautivos de las empresas.
Pero además de remitirse este dinero extra a Rentas Generales, también las empresas monopólicas son instrumento de decisiones políticas, y sus directorios responden a directivas del Poder Ejecutivo, abordando inversiones y manejo de las tarifas que resultan muchas veces en salvavidas del gobierno central.
Así los entes son patrocinadores de actividades culturales sustituyendo a los ministerios, y Ancap, UTE, el Banco de Seguros, el Banco República y Antel, entre otros, juegan un rol político al movilizar millones de dólares.
Generalmente, además, las decisiones por las que se patrocinan actividades y obras son basadas en la discrecionalidad y no en el interés general. Sin duda el ejemplo más reciente de este manejo político es el anuncio de la construcción de un polideportivo a cargo de Antel donde una vez funcionó el Cilindro Municipal de Montevideo. La obra, que se llamará Antel Arena, costará 40 millones de dólares y tratará de resolver el problema al que no ha podido hacer frente la comuna de Montevideo, del mismo partido político que el gobierno.
Desde hace tres años, cuando se incendió el Cilindro, se buscó a privados interesados en el proyecto pero finalmente éstos desistieron. Además debe tenerse en cuenta que el edificio ya había ingresado en un avanzado estado de deterioro por falta de mantenimiento, por no tener inversión adecuada del gobierno municipal capitalino.
No cabe duda que la “inversión” de Antel no es otra cosa que una ayuda financiera encubierta al gobierno frenteamplista de la capital, no solo marcando una reafirmación de “dedazos” por intereses político partidarios, sino del centralismo de las decisiones que se adoptan por el gobierno nacional. Ya durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, Antel “invirtió” no menos de 150 millones de dólares en la polémica torre de las telecomunicaciones en Montevideo, por lo que se utilizó dinero de sobrecostos aplicados a todos los uruguayos para una obra que no mejoró en nada los servicios del ente a sus clientes, y mucho menos del Interior, y solo sirvió para satisfacer delirios de grandeza y soberbia de quienes promovieron la faraónica obra. Y por supuesto, hizo su aporte a la arquitectura de la ciudad, que era lo que se pretendía hacer con el proyecto “Fénix” en el cual estaba enmarcado este edificio. Por suerte para el país tal proyecto –que hubiese costado unos 400 millones de dólares más—fue postergado, precisamente por lo absurdo e injustificable de la propuesta.
Lo único que puede decirse en rescate de este anterior emprendimiento, es que por lo menos se gastó para un edificio de la propia Antel, en tanto que en el caso del cilindro montevideano se utilizará para construir un estadio para el gobierno municipal, en un gasto que no solo es cuestionable desde el punto de vista político, por su carácter eminentemente centralista y exorbitando las atribuciones del ente, sino que podría ser también inconstitucional, teniendo en cuenta que se utilizarán fondos de la empresa pública para un área que nada tiene que ver con sus competencias.
En este caso los directorios dicen que es un “negocio” de Antel, como elemento de promoción de la telefónica (?), y como instrumento de captación turística y eventos culturales, naturalmente que en beneficio exclusivo de Montevideo.
No estamos por lo tanto solo ante una decisión de dudosa constitucionalidad, sino ante un instrumento de decisiones políticas que sin ningún tapujo apuntan a salvar una pobre imagen de la gestión del gobierno municipal de Montevideo, fundido desde hace décadas e incapaz de levantar una tendencia electoral negativa para el Frente Amplio según las encuestas, y que posicionan al partido de izquierda con la más baja aprobación ciudadana desde que asumiera el poder en 1989.
Respecto al carácter centralista de la decisión, no sorprende cuando Montevideo siempre se manejó como una república independiente con campos del otro lado del Santa Lucía, y es así que anteriores gobiernos promovieron el faraónico y delirante puente Colonia - Buenos Aires, como una “gran obra” para el país en lugar del lujo de la miseria que era.