LOS CUATRO FRACASOS DE CHILE

Locales | 03 Abr (Por Horacio R. Brum). “Me siento muy comprometida con mi país y por eso he decidido volver”. Estas palabras de la ex presidenta Michelle Bachelet, pronunciadas el miércoles 27 de marzo en el aeropuerto de Santiago, fueron el disparo de largada para la carrera por la presidencia de Chile, que muy probablemente terminará en las urnas en noviembre, sin segunda vuelta, porque Bachelet mantiene en las encuestas una ventaja considerable sobre todos los demás aspirantes a inquilinos del palacio de La Moneda.
Sin embargo, esta vez la presidencia le resultará algo más difícil, porque los chilenos han abierto los ojos a las debilidades y carencias de un modelo económico que en otros tiempos los políticos y los medios de comunicación vendieron, principalmente para afuera, como ejemplar.
En la noche del miércoles, al lanzar oficialmente su candidatura, la ex mandataria confesó lo que muchos dirigentes y observadores saben, pero pocos se han atrevido a decir claramente: “Nos dedicamos a hacer ajustes y cambios al modelo. Algunos han sido buenos, otros insuficientes. Tenemos que llevar a cabo reformas más profundas”.
Hablar del fracaso del “modelo chileno”, que tantos admiradores tiene todavía en América Latina, es una generalización apresurada, pero lo cierto es que en estos mismos días de precalentamiento electoral las noticias hacen poner el foco sobre varios aspectos que pueden considerarse como fallas mayores.
 La quiebra de la Universidad del Mar, recientemente levantada por la Justicia para que unos 8.000 jóvenes no queden sin terminar los estudios por los que han pagado sumas de varios miles de dólares y sin posibilidad de ingresar a otras instituciones, desnudó por completo el negociado que es la educación privada. Tanto, que uno de los propietarios y ex rector pudo vender una de las sedes universitarias mientras estaba en la cárcel, traspasando casi dos millones de dólares a una sociedad con un sobrino. Este pariente, a su vez, había sido un importante funcionario regional bajo los gobiernos de la Concertación, que tuvo el poder durante cuatro períodos presidenciales, incluido el de Michelle Bachelet, desde el fin de la dictadura.
Otros nombres entremezclados en el debate por los negocios con la educación indican que no hay fronteras ni colores políticos para ellos: Mariana Aylwin, ex ministra de educación e hija del primer presidente de la democracia, participa en una sociedad propietaria de varias escuelas y colegios; Gutenberg Martínez, uno de los principales operadores políticos de la Democracia Cristiana, esposo de Soledad Alvear, senadora de la DC y ex canciller del gobierno de Ricardo Lagos, se cuenta entre los propietarios de otra universidad que quedó comprometida en las investigaciones sobre los subterfugios y virtuales estafas que se emplean para encubrir el lucro, supuestamente prohibido por la ley, en el mundo de la educación privada. Entretanto, y sobre todo en primaria y secundaria, la educación pública sigue en deterioro, por factores que van desde la mala asignación de fondos hasta la formación de los maestros y profesores; ya ha superado el 50% el número de alumnos que van al sistema privado, y continúa en aumento.
Bachelet también mencionó en su discurso lo poco que se ha logrado en mejorar la distribución del ingreso, pero se podría afirmar que lo logrado es poco y nada, porque el indicador estadístico que mide esa desigualdad, conocido como Coeficiente de Gini, casi no ha cambiado en las últimas dos décadas. En esta cifra, el 1 corresponde a la máxima desigualdad y Chile tiene 0,55, uno de los peores indicadores de la región y bien por debajo de Uruguay, cuyo Gini es 0,45, más cercano al 0,3 del promedio de los países más equitativos. Siguiendo con las cifras, el 10% de la población más pobre chilena gana 27 veces menos que el 10% más rico.
En cuanto a la lucha contra la pobreza, los preparativos para la competencia por el gobierno dieron otro dato significativo: el presidente Piñera otorgó en marzo un bono de aproximadamente 80 dólares a las familias pobres y de clase media vulnerable (la que ingresa al club de los pobres si uno de sus integrantes pierde el trabajo, por ejemplo). Según las propias autoridades, ese bono beneficia a unos siete millones de personas, o sea, el 40% de los habitantes de Chile, que está lejos del 16% que las estadísticas oficiales identifican como pobres.
Ese porcentaje también se acerca al de las clasificaciones de grupos socioeconómicos, según la cual el 44% de los hogares recibe menos de 600 dólares mensuales, lo mismo que cuesta un arancel universitario promedio o el alquiler de un apartamento para cuatro personas en un barrio desde el cual no haya que viajar una hora o más para llegar a la escuela o al trabajo.
 Un éxito del modelo chileno ha contribuido a otro fracaso: los hombres y las mujeres viven más años, lo que actualmente da verdaderos dolores de cabeza al gobierno y a los propietarios de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), que proveen el único sistema por el cual es posible jubilarse. El problema básico es que cuando se impuso ese sistema, bajo la dictadura, se elaboraron unas tablas de edades para calcular cuándo morirían los jubilados y por lo tanto, hasta cuándo alcanzaría para pagarles su haber el dinero que por ley todos los trabajadores deben entregar a las AFP.
Como las tablas no han sido actualizadas, si alguien tiene la mala ocurrencia de pasar los ochenta años, puede quedarse sin jubilación. Además, por su mayor expectativa de vida las mujeres reciben menos que los hombres y entre las jubiladas actuales, pocas gozan de una pensión superior a la mitad de lo que recibieron como último sueldo.
  Las AFP, AFAP en Uruguay o AFJP en Argentina (hasta que el gobierno las suprimió) fueron una exportación no tradicional que sirvió para mostrar en el exterior los brillos del modelo chileno. Hoy, sus mismos inventores están buscando cómo evitar la catástrofe, con soluciones tan originales como aumentar la edad de jubilación a los 67 años para hombres y mujeres, obligar a los trabajadores a entregar un mayor porcentaje de su sueldo, e incluso crear cuentas de ahorro jubilatorio para niños. Otro asunto que dará más fuerza a los debates electorales por venir y obligará a un futuro gobierno a revisar con seriedad la herencia económica de Augusto Pinochet y sus socios civiles.