Opinion | 04 Abr Recientemente el presidente José Mujica visitó la curtiembre cooperativa El Aguila, en Florida, a un año de su puesta en marcha para preservar una fuente de trabajo para 233 personas y exhortó a los trabajadores a redoblar sus esfuerzos en aras de una experiencia laboral en la que “no pueden ni deben fracasar”.
Sostuvo el mandatario que “en un país que tiene crisis de emprendimientos, el que haya un puñado de trabajadores que peleen una fuente de trabajo o la lleven para adelante es una demostración de que se puede”.
La Administración Mujica ha resuelto desde hace un tiempo apoyar este tipo de experiencia laboral, que implica que los trabajadores se hagan cargo de la producción y la administración de la empresa y en este sentido el mandatario espera que en el futuro en lugar de 20 o 30 empresas autogestionadas se llegue a cientos de ellas conformadas por trabajadores que decidan ser patrones de ellos mismos, por cuanto “el sueño de un mundo mejor que sale de nuestros lomos es posible, porque los dioses no regalan un mundo mejor sino que son los hombres funcionando como equipo”.
Mujica entiende que en el país hay crisis de emprendimientos productivos y que ante este escenario crítico “nosotros hemos decidido apoyar de todo corazón este tipo de experiencia”, pero al mismo tiempo advirtió que en la gestión a desarrollar “hay que abrirse paso a codazos, haciendo negocios como empresas capitalistas y luchar por vender lo mejor posible”.
En la misma línea, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, subrayó que la recuperación de empresas o emprendimientos cooperativos o autogestionados que los trabajadores puedan plantearse, “es una obligación del Estado, y de las políticas públicas dar una respuesta a esta demanda”.
Es compartible en líneas generales, que se desarrollen empresas cooperativas para gestionar emprendimientos, con el apoyo de créditos blandos, llegado el caso, pero sin que ello signifique el manejo dispendioso de un Estado anteponiendo motivaciones ideológicas. Porque sería de tontos o irresponsables arrojar a un barril sin fondo dinero de todos los ciudadanos financiando y sosteniendo empresas si es que éstas no solo no levantan cabeza, sino que año a año tienen balances con pérdidas. Aún peor sería que el Estado en su afán por demostrar un falso éxito de estas empresas, refinancie indefinidamente los déficits económicos, mientras genera beneficios especiales y subsidios para los trabajadores antes y durante la gestión. De esta forma se estaría creando una situación discriminatoria respecto a otros trabajadores de empresas que quiebran o que reducen personal y carga horaria, sin recibir las mismas contemplaciones.
El sistema cooperativo, como opción de trabajo y dependiendo de la modalidad y la gestión, tiene sus pro y sus contra, naturalmente, siempre y cuando haya un compromiso de los cooperativistas que afronten los riesgos, realicen inversiones y compitan en igualdad de condiciones en el mercado. Pero para que todo esto ocurra necesariamente tendrá que ser gestionada –tal como expresó el presidente— de igual manera que una empresa privada, y casi siempre sucede que las que terminan sobreviviendo exitosamente es porque en los hechos son empresas capitalistas disfrazadas de cooperativas.
La autogestión de empresas que han cerrado, o deficitarias, en cambio, es una cosa muy distinta, y es así que el actual gobierno promueve peligrosamente la asociación en cooperativas de los trabajadores que quedan a la vera del camino. Si bien es válido aquello de que “más vale mantener la fuente de trabajo” cuando cierra una industria, en los hechos a veces se termina dando la señal de que si las cosas van muy mal en la empresa privada, sus trabajadores podrán hacerse de ella sin necesidad de poner nada, más allá de su tiempo y dedicación. Y podría incluso interpretarse que lo mejor que puede pasarle al trabajador es que la empresa quiebre. Además, está aquello que dijo el propio presidente en la ocasión señalada, que “ninguna empresa patronal puede hacer lo que pueden hacer ustedes: cuando las papas queman, apretarse y, si no alcanza, repartir menos”. Esto significa que lo que los sindicatos –con el respaldo del propio Estado—no aceptan de la empresa privada --o sea, reducir salarios y beneficios cuando la situación es desfavorable--, es una herramienta válida para las cooperativas.
Pero tantas ventajas pueden transformar una herramienta que fue pensada para beneficiar a los más desprotegidos, en algo contraproducente y hasta negativo para el país. Porque puede parecer muy fácil reflotar una industria ya establecida que cierra por múltiples razones, respaldando una nueva empresa en diferentes y ventajosas condiciones de funcionamiento, pero a la corta o a la larga lo único que asegurará el progreso del país y el bienestar de su pueblo es el capital que arriesgan los empresarios que apuestan a los nuevos emprendimientos, que se juegan su propio dinero en lugar de colocarlo en el exterior, por ejemplo. Es mala publicidad insinuar que si las cosas le salen mal, todo lo que construyó pasará a manos de los empleados, que podrán hacerlo funcionar con herramientas que él no contaba. Porque con certeza podemos decir que habrá cada vez más empresas en dificultades, y a su vez, menos gente decidida a invertir en el “Uruguay productivo”.