Opinion | 03 Abr Con la impronta de nombrar a “los más capacitados” para los cargos en la función pública en el lugar que fuera, por encima de sus inclinaciones partidarias, la izquierda llegó al poder hace ocho años. Sin embargo, durante este período la realidad ha resultado muy diferente a lo que se promovía desde las tribunas en la campaña electoral, porque las dos administraciones frenteamplistas han puesto en práctica en el gobierno exactamente lo contrario a lo que se pregonaba.
Tanto durante la Administración Vázquez como la de José Mujica, con muy escasas excepciones que confirman la regla, ha primado sistemáticamente la cuota y la confianza política por sobre la idoneidad técnica, es decir siguiendo la línea de los partidos tradicionales en cuanto a la designación en los cargos públicos en función del “botín electoral” de cada elección, cuando tanto en el gobierno nacional como en las intendencias cesan miles de funcionarios y se designan otros tantos con cargo al erario, es decir a los contribuyentes.
En muchos casos, posiblemente la mayoría, los cargos “de confianza” en entes y en otras dependencias del Estado se llenan con “correligionarios” o “compañeros” --el antes y el después en la expresión, que significan exactamente lo mismo--. A la vez en alto porcentaje la confianza se otorga a dirigentes y candidatos que no logaron ser electos por voto popular, en algunos casos promoviendo su reelección, a los que se les da el “premio consuelo” de directores en entes, o “asesores” bien pagos en ministerios, o encargados de embajadas, así como cargos jerárquicos en una serie de organismos en los que se crean vacantes en cada renovación de la administración de gobierno cuando se jubilan o renuncian los titulares.
Esta forma de designación, reñida con lo que se pregonaba y con lo que debería ser la norma en el Estado, ha sido la forma de actuar ya desde que por primera vez la izquierda accedió al poder en la Intendencia de Montevideo, donde las direcciones y otros cargos de decisión fueron distribuidos cuidadosamente por cuota política entre los sectores integrantes de la coalición, muy lejos entonces de los mejores hombres para cada tarea.
El gobierno nacional de Vázquez –quien ya había sido intendente de Montevideo-- y el actual de Mujica siguieron la misma línea, con lo que no se aseguraron por supuesto idoneidad técnica ni nada que se parezca para que se cumplieran las respectivas funciones de gobierno. Pero de esta forma se ha “comprado” cierta paz política interna, conformando al menos parcialmente a tirios y troyanos dentro de la fuerza de gobierno, cuando además para gobernar se necesitan las mayorías parlamentarias en las que cada voto de legislador es fundamental.
Un escalón más abajo, ya a nivel de funcionarios del Estado así como en los entes y gobiernos municipales, ciertamente han habido cambios: nadie entra si no es por “concurso”. Sin embargo, como el propio presidente de la República reconoció públicamente en 2010, “El concurso masivamente en este país se ha transformado en un instrumento de acomodo. (…) Y es peor que la designación con el dedo porque la designación con el dedo tiene el coraje de dar la cara y la responsabilidad. El otro acomodo es burocrático, va todo tapado, por abajo, ni siquiera hay a quién pegarle”. De esta forma se explica el por qué en los últimos años los únicos capaces para cualquier cargo público son quienes casualmente están alineados políticamente con el gobierno, o afinando más la punta del lápiz, hasta coinciden con el sector al que pertenece la dirección del ministerio en cuestión. Los demás, nunca ganan los concursos “transparentes” del Estado.
Por lo tanto no hay nada nuevo bajo el sol, más allá de lo que se comprometiera, porque cada partido, diga lo que diga, tiene compromisos internos que no quiere eludir a la hora del reparto.
Esta forma de actuar también se ha llevado al servicio exterior, donde se supone que debe primar la capacidad profesional de carrera, y es así que el gobierno del presidente Mujica ya utilizó la casi totalidad de los cargos políticos que puede nombrar en cancillería a pesar que antes de asumir –pero ya como mandatario electo– había señalado que iría bajando esa cuota para que los lugares se fueran llenando con diplomáticos de carrera.
El canciller Luis Almagro había acotado que le gustaría terminar la gestión con 12 embajadores políticos, número que se aleja de la realidad, según da cuenta El País.
Actualmente, de los 20 cupos del servicio exterior que el Poder Ejecutivo tiene potestad de designar –ya sea para ministro o embajador– el gobierno cubrió 19. Entre ellos están los llamados embajadores itinerantes como Julio Baraibar y Kintto Lucas que cumplen funciones desde Montevideo pero también pueden viajar.
Lamentablemente, sigue el doble discurso y los amiguismos en todo el espectro político a la hora de la verdad, más allá de lo que se diga, y las apelaciones a que “somos diferentes” suenan cada vez más huecas y vacías de contenido a medida que a fuerza de los hechos, los ciudadanos con criterio perciben la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace.