ESCRIBE EL DR. RODOLFO CANABAL

Locales | 09 Abr En la columna del 2 de agosto de 2011, bajo el título “Ante la creciente amenaza a la libertad de expresión”, se expresó que quien haya tenido a la vista el artículo 29 de la Constitución con seguridad habría enfrentado aguda sorpresa ante palabras del Presidente de la República que, inesperadamente, rectifican precisas expresiones suyas anteriores relativas a dicha cuestión, emitidas hacia setiembre del año precedente, cuando expresó que “no hay mejor ley de prensa que la que no existe”, pues en fecha algo anterior a la precitada amenazó a los medios de prensa con la posibilidad de no darles publicidad oficial en razón de no gustarle la forma como difunden las noticias que integran la crónica policial. Tales expresiones, se señaló aquí, no fueron en general bien recibidas, y en su columna de El País el diputado Javier García señaló que “es lisa y llanamente censura a la libertad de prensa”; agregó que la amenaza, aunque no se concrete la decisión, opera ya como límite a los medios aunque no la comparte plenamente dada la independencia tradicional que existe en el ejercicio de la actividad periodística.
Tal amenaza presidencial se ha reiterado en fecha reciente, según informa El País del 5 de abril, en debate entre líderes políticos y sociales, en el cual el presidente Mujica manifestó que “si llegaba un proyecto de ley de medios lo tiraría a la papelera” (lo cual coincide en sustancia con lo anteriormente por él expresado y que se inserta precedentemente); pero, como se dice en la crónica respectiva, “relativizó sus dichos pues se mostró a favor de una regulación para los medios de comunicación”; agregó que “agarrar al pie de la letra su frase de que si le presentaban una ley de medios la tiraría a la papelera puede ser un error”. Agregó que “la distribución de los medios materiales es bastante dispar en el marco de la sociedad que nos toca vivir”, para quien “en la medida en que la famosa libertad de prensa es una expresión a través de un sistema empresarial, no se puede pretender que los más débiles tengan fuerza económica para disputar lo empresarial” y “por ello las sociedades tienen que instrumentar ciertos mecanismos de regulación que aseguren más allá de la fuerza económica, la existencia de opiniones que pueden ser distintas y que se manifiesten públicamente”. Agregó que “si no se logra eso y la libertad de prensa tiene que pasar por el ojo de la cerradura del sistema empresarial, no tenemos una efectiva libertad de prensa”.
Se limita a ello sus expresiones que, en concepto de quien escribe, se ven como inspiradas en conceptos de base ideológica y política.
Lo sustancial sobre tales expresiones es que, como también se dio con las que se comentaron con anterioridad, desconocen el muy claro contenido del artículo 29 de la Constitución, cuyo texto es a la letra el siguiente:
“Artículo 29. Es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura, quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que cometieren”.
Tal como fue expresado con anterioridad, y hoy corresponde volver a señalarlo, se está ante una norma constitucional que disiente sustancialmente con lo sustentado, y anunciado como próxima propuesta al Poder Legislativo, por el presidente Mujica. Al presidente no le gusta ciertamente que ciertas libertades sean ejercidas, como corresponde, libremente, pero es lo que emana del régimen jurídico-constitucional en vigencia.
Los hechos que se analizan son en realidad graves, en la medida en que chocan radicalmente con lo que corresponde en función de tal ordenamiento. Por ello corresponde impugnarlo con energía, por todos aquellos que en el país siempre han recibido con preocupación la mera posibilidad de algún riesgo al respecto. El ajuste a tal régimen ha aportado gran prestigio al país desde que inició su proceso de formación.
Además, la aplicación correcta de tal régimen por los gobiernos ajustados al régimen constitucional, durante el lapso en que gobernaron los partidos tradicionales, fue, sin lugar a duda alguna, uno de los factores que permitieron a la actual fuerza política gubernamental actuar libremente y acceder mediante elecciones libres, ajustadas a muy excelentes normas.
Solo cabe agregar, para culminar la presente columna, que a quien emite los conceptos precedentes le preocupa si el presidente hizo uso regular de sus facultades al emitir opiniones que se basan en conceptos no ajenos a fundamentos políticos.