Opinion | 08 Abr Pese al tiempo transcurrido a partir de la crisis de 2008 con el estallido de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y el contagio a Europa, resulta aventurado todavía formular algún pronóstico sobre el futuro más o menos cercano de la economía mundial y el comportamiento de los mercados, desde que hay demasiadas cosas oscuras e incógnitas como para percibir hacia dónde se dirige el rumbo del intercambio comercial mundial y el mundo financiero.
Aún así, con avances y retrocesos en las bolsas, los “contagios” de las deudas en Europa a partir de la crisis griega y más recientemente en Chipre, sin olvidar la situación de España e Italia, entre otros países, hay lineamientos inamovibles que se deberían seguir en todo tiempo para estar preparados ante cualquier circunstancia, de forma de reducir vulnerabilidades y debilidades que tienen sobre todo países pequeños como Uruguay, donde subsisten serios problemas estructurales que ningún gobierno se ha atrevido a atacar.
Es decir que en tiempos de crisis como en los de bonanza, hay reglas de oro a seguir para consolidar los beneficios de los buenos tiempos y de la misma forma atenuar y prevenir los efectos de las oleadas negativas, de manera de mantener y mejorar infraestructuras y tener respuestas ante los escenarios complicados.
Una de las premisas en todo tiempo, pero sobre todo en la incertidumbre, es procurar el máximo posible de productividad, que en el plano interno significa producir bienes y servicios lo más baratos posibles, en régimen de libre competencia, lo que a la vez determina una mejora en la competitividad a la hora de vender nuestros productos en el exterior, sobre todo los terminados o semiterminados, que son los que incorporan un valor agregado que tienen un efecto virtuoso en la economía.
Ello conlleva estar siempre preparados para competir, para hacer lo que se debe hacer en todo tiempo, que es reducir el costo de producir para los sectores reales de la economía, porque ellos son el origen de la riqueza, que no está por supuesto en las empresas del Estado, que desarrollan actividades en régimen monopólico, con una gran burocracia y más funcionarios que los que se necesitan, con una muy baja productividad y altos salarios y beneficios, así como muy elevados costos.
Por lo tanto, el gobierno de turno debe promover todo lo que esté a su alcance para revitalizar y reciclar un circuito virtuoso a partir del abatimiento de costos, potenciando competitividad y productividad, y que son la llave del éxito para cualquier país y sobre todo para los que como Uruguay, tienen su base en el sector agropecuario y debería aspirar a promover el trabajo dentro de fronteras, es decir al procesamiento de materia prima e industrialización.
Lamentablemente, pese a la bonanza internacional y a mercados receptivos a nuestros productos, seguimos vendiendo mayormente mercadería en bruto para que otros nos revendan artículos terminados a mayor precio, por cuanto más del 95 por ciento de nuestras exportaciones son productos sin ningún aporte de valor agregado.
Contamos con condiciones naturales y ventajas comparativas para producir granos, madera, carne, lana, frutas, pero las ventajas deben potenciarse y no quedarnos meramente en la producción primaria, lo que deja pendiente el salto de calidad que solo se logra con conocimiento aplicado en áreas donde es necesario el desarrollo tecnológico e infraestructura con inversión.
Ello requiere un proceso por lo menos de mediano plazo, con reglas de juego claras que se sostengan en el tiempo, con el rumbo definido y trazado en base a políticas de Estado que den la seguridad de que las condiciones se mantendrán en cualquier gobierno y circunstancia. Hasta ahora las acciones que se han encaminado con esta intención han sido aisladas y no han tenido consistencia, más allá de que en su momento se analizó en el gabinete económico trabajar con el Ministerio de Industria, Energía y Minería en programas oficiales para ayudar a mejorar la productividad, un camino a recorrer previamente a aceptar los reclamos de los exportadores de flexibilizar la devolución de impuestos. El Estado, a su vez, debe fomentar la productividad en sus propias dependencias y empresas, abatir el gasto público y los costos de los servicios, además de promover una reforma educativa adecuada a los tiempos, entre otros temas pendientes.