Nacionales | 12 Abr La fiscal penal Ana María Tellechea presentó la recusación contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Ruibal Pino, Jorge Chediak, Julio César Chalar y Jorge tomás Larrieux --quienes habían votado contra la Ley Interpretativa de la Caducidad-- por prejuzgar y reclamó que se aparten de las causas por violaciones a los derechos humanos.
“El prejuzgamiento no se le puede admitir a un juez, a un ministro de tribunal ni a los ministros de la Suprema Corte de Justicia”, declaró a El País Tellechea, quien recusó a estos cuatro ministros que consideraron inconstitucional la ley que interpretó la Caducidad y amplió los plazos de prescripción de los crímenes de la dictadura.
La jerarca presentó la recusación luego de las declaraciones del presidente de la SCJ, Ruibal Pino a La República, quien opinó que tras el fallo contra la nueva ley, los casos de violaciones a los derechos humanos no se podrán seguir investigando y consideró de que la Corporación será una “muralla” al respecto.
“Esas declaraciones implican un prejuzgamiento para todos los casos de derechos humanos. Es un hecho grave porque lo que se está diciendo es que ni siquiera van a leer los argumentos que se planteen en los expedientes”, cuestionó la fiscal.
La recusación de Tellechea fue presentada en el marco de la causa por el homicidio de Aldo Perrini, quien falleció por torturas en 1974, caso que compartía con la jueza Mariana Mota. La Corte acaba de pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la Ley Nº18.831 para ese caso por el que era indagado el general retirado Pedro Barneix.
Los cuatro ministros volvieron a plantear que no se trata de delitos de lesa humanidad sino de delitos comunes y que por lo tanto prescribieron. Sin embargo, Tellechea considera que la normativa internacional prima en estos casos y se trata de delitos de lesa humanidad. Su posición es compartida por los fiscales penales Ariel Cancela, María Camiño y Carlos Negro.
Por su parte, la fiscal Camiño se opuso a la liberación del ex policía Ricardo Zabala, procesado por la muerte del maestro Julio Castro durante la dictadura. La decisión final de este caso será del juez Fernández Lecchini.
MUÑIZ: EQUIPARAR SUELDOS MÉDICOS CON IMPUESTOS
En declaraciones a Telebuendía, la ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, aseguró que “el topeo de salario como mecanismo legal no existe”, por lo que las autoridades buscarán otros mecanismos “para de alguna forma equiparar” los sueldos dispares que existen en el sector.
“Un mecanismo puede ser por la vía impositiva”, indicó la jerarca, aclarando que “no se trata de un impuesto a los médicos”. “Me parece absolutamente inmoral que haya personas que ganan 300.000 pesos y otras que ganen 15.000”, consideró. “Que unos trabajan más que otros, sí, pero en la medida en que trabajamos todos me parece que las cosas tienen que tener relaciones”.
Muñiz explicó que “puede, obviamente, haber una relación entre la productividad, así como también entre los años que insumió estudiar, pero eso es una brecha absolutamente desmedida”. “La gente apoya la iniciativa” de equiparar los sueldos, “porque la gente siente las injusticias como un dolor y cuando uno ve que es tanta la brecha, uno lo siente como una injusticia”, manifestó. Agregó que “que le falten tantas cosas a muchos uruguayos y que hayan otros que tengan tanto, es injusto”.
La ministra confesó que no sabe cuánto le corresponde de sueldo. “No sé cuanto gano porque todavía no he cobrado. Me hablaron de un sueldo de 100.000 pesos, pero no ganamos eso porque hacemos distintos aportes partidarios. Por tanto, no gano ni cerca de lo que ganan otros profesionales”, sentenció.
ACCIDENTE LABORAL
Las cámaras empresariales de la industria y el comercio, la Federación Rural y la Asociación Rural rechazaron la iniciativa que está estudiando el Parlamento, que responsabiliza penalmente a los empleadores que generan lesiones graves o hasta incluso el fallecimiento de trabajadores por incumplir normas de seguridad y salud laboral.
Según publicó La República, las cámaras consideran que la ley viola la Constitución y otros compromisos internacionales asumidos por el Estado, además no ofrecen garantías y perjudican a los empresarios.
Los dirigentes de las cámaras entienden que el Código Penal incluye normas que obligan al empresario a cumplir con temas de salud y seguridad. Además coincidieron que el proyecto afecta garantías de derechos individuales fundamentales de los empresarios y que tiene indeterminaciones.
El asesor de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Juan Mailhos, afirmó que “se puede dar lugar a situaciones insólitas con la configuración que se da del representante de la empresa responsable penalmente. En materia de responsabilidad penal, no existe la posibilidad de imputar penalmente a una sociedad anónima, de hecho o lo que fuere, de la manera que lo prevé este proyecto”. Añadió que “acá se consagra la responsabilidad penal de un ama de casa frente a un accidente que pueda tener una colaboradora del hogar. Pero en el ámbito público no imagino al directorio de Antel o UTE, a un ministro o un intendente respondiendo ante la Justicia porque un funcionario tuvo un accidente”.
AUMENTO SALARIAL
Los trabajadores domésticos agremiados acordaron con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la Liga de Amas de Casa un incremento salarial anual de hasta el 11,84%. Además alcanzarán un 25% de aguinaldo extraordinario en caso que no tengan faltas al finalizar el año. Las mujeres también tendrán un día libre anualmente para la realización de estudios ginecológicos, informó La República.
Los casi 120.000 empleados y empleadas domésticas que cobren menos de $10.454 mensuales recibirán ese nivel tope de aumento, que será menor entre quienes ganen hasta $12.355; por encima de ese sueldo el aumento quedó fijado en 9,66%. Los incrementos tienen vigencia hasta el 1º de enero de cada año. En tanto, los aumentos para 2014 y 2015 quedarán relacionados directamente a la proyección de la inflación.
Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo reconoció que Uruguay es un país pionero en la legislación laboral para las empleadas domésticas. Sin embargo, el Banco de Previsión Social advierte que casi la mitad de las trabajadoras podrían estar fuera de la formalidad. Las trabajadoras que participaron por primera vez de un Consejo de Salarios en 2010 constituían menos de la mitad del total. La cifra de las trabajadoras que aportan y tienen beneficios sociales ha ido creciendo paulatinamente aunque aún no cubre el universo del sector.