Opinion | 12 Abr La situación en la Argentina, más allá de la compleja relación bilateral que de vez en cuando es agravada por episodios como el de la “gaffe” del presidente José Mujica respecto al matrimonio Kirchner, debe seguirse de cerca porque de alguna manera u otra lo que ocurra en la vecina orilla nos va a afectar, para bien o para mal.
Por lo pronto, los subsidios imponentes y desentrañables que se aplican en la economía argentina hacen que los productos como regla general tengan precios que son la mitad de los uruguayos. Esta diferencia no obedece sólo a una problemática interna de nuestros vecinos, sino también a la política económica vigente en el Uruguay, con un dólar deprimido en su cotización que hace que los uruguayos tengamos un poder de compra excepcional para adquirir productos argentinos.
Pero no puede soslayarse además que los argentinos sufren una inflación que supera el 20 por ciento --pese a que las estadísticas oficiales sostienen que ronda el 10%--, y que se ha llegado a tal grado de deterioro que desde febrero la presidenta Cristina Kirchner está aplicando medidas de “congelación” de precios por las que se procura aplacar el fuerte brote inflacionario.
En las últimas horas el gobierno de Buenos aires incorporó un nuevo ingrediente a esta congelación, y anunció que mantendrá invariables durante seis meses los precios de los combustibles líquidos, lo que se estima pondrá aún mayor presión a las cuentas de las compañías petroleras, que tienen que lidiar con costos crecientes.
Ya economistas y sindicalistas han criticado el congelamiento de precios que se inició en febrero al señalar que es “ingenuo” y “poco sustentable”, por cuanto desde el punto de vista práctico es imposible mantener determinados valores si no se da una quietud total en los aumentos, y es indudable que en mayor o menor medida las variables en los costos de insumos se van sucediendo.
El resultado, de acuerdo a la experiencia, es que terminará disminuyendo la oferta de productos en establecimientos, se bajará su calidad --o las dos cosas--, y a la vez se alimentará un mercado negro que promoverá el informalismo y la evasión para no quedar en evidencia.
Una vez más, por lo tanto, se estará dando más en la herradura que en el clavo, porque las leyes de la economía no se pueden cambiar por decreto, aunque en este caso, tal vez lo que importe no sea la sustentabilidad sino que dure hasta las elecciones legislativas que tendrán lugar este año.