Nacionales | 08 Abr El gobierno enviará este mes al Parlamento un proyecto de ley que limitará los lugares donde estará permitido el consumo de alcohol, modificará la carga tributaria que actualmente pagan las bebidas alcohólicas y obligará a comercios y distribuidoras a adquirir licencias para su expendio.
De todos modos, según fuentes oficiales consultadas por El Observador, el texto que llegará al Parlamento “suavizó” algunas de las limitantes que contenía el proyecto original elaborado por la Junta Nacional de Drogas.
La venta de las licencias --cuyo costo se definirá en la reglamentación de la ley-- tiene dos cometidos específicos. Por un lado, bajar el número de locales de venta de alcohol en Uruguay, donde 260.000 personas tienen un consumo problemático y hoy encuentran un comercio en cada esquina y, por otro, con los recursos que se obtengan por las licencias se financiarán las clínicas para recuperar a pacientes con esta adicción. Según la encuesta de hogares de 2012 de la Junta Nacional de Drogas, unos 63.000 uruguayos requieren tratamiento o algún tipo de ayuda profesional para superar su alcoholismo.
Según el prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa, es un problema “cultural” y adelantó que se trabaja “en regular” y “no en prohibir” el consumo de alcohol “porque no da resultado”. En definitiva, las regulaciones propuestas para el alcohol se traducirán en limitantes al consumo, venta y publicidad. El texto original prohíbe las llamadas canillas libre y los happy hours, impide tomar en la vía pública y propone reforzar la fiscalización a través de un organismo especializado que será la Unidad Reguladora de Bebidas Alcohólicas, cuyos aspectos quedaron bajo revisión de Presidencia.
La forma de financiamiento de las clínicas para alcohólicos, propuesta por la Junta Nacional de Drogas, se hará a través de modificaciones al Impuesto Específico Interno (Imesi) y de la comercialización de patentes a los distribuidores y locales de venta. De esa forma, los recursos para tratamientos lo aportarán tanto los consumidores como las empresas distribuidoras y los comercios que venden al público, dijo una fuente oficial al matutino capitalino.
Cánepa, por su parte, indicó que “en Uruguay se deben tener licencias que autorizan la venta de alcohol bajo determinadas circunstancias, y si no se cumplen, estas licencias se pierden automáticamente. Vender alcohol sin licencia será un delito, por lo tanto tendrá un castigo mayor”.
Respecto a los impuestos, el coordinador del Observatorio Uruguayo de Drogas, Héctor Suárez, dijo que una modificación del Imesi “no tiene por qué implicar un aumento del precio que hoy paga la población por una bebida”. En algunos casos el cambio tributario “puede ser absorbido” por las empresas, explicó. Además, en vez de subirse ese impuesto, el gobierno puede definir mantenerlo y desviar el 1% para las clínicas de recuperación. El Imesi se ubica entre 14% y 23% y lo pagan en sus porcentajes más altos, bebidas tales como el whisky, espinillar, grapa y vodka.
En Uruguay, según datos oficiales, el alcohol es una de las principales adicciones y además se le vincula a la violencia doméstica y los accidentes de tránsito. En el país se encuentra un expendio de alcohol cada 94 habitantes y, según datos correspondientes a 2011, se consumieron 180 millones de litros de bebidas alcohólicas. Si bien el vino no es la bebida más consumida en forma general, sí es proporcionalmente la más utilizada por los consumidores abusivos. El 67% de las personas que bebieron alcohol en el último mes, declararon tomar cerveza y, de ellos, 16% presentó abusos por ingesta. Asimismo, el 39% de quienes declararon tomar vino en los últimos 30 días, 18% son consumidores abusivos y 40% de los consumidores de whisky y otros destilados, cuentan con 14% de usuarios abusivos, según la Junta Nacional de Drogas.
SUMARIO A MÉDICO
ASSE resolvió la semana pasada sumariar al jefe del block quirúrgico del Hospital de Canelones, Gerardo López Secchi, por denunciar hace nueve meses, que habían ocurrido dos muertes evitables en ese nosocomio. El médico había dicho que su hospital estaba “perdido dentro de una gran empresa como ASSE que atiende a 1.200.000 pacientes y que tiene 25.000 funcionarios. Nosotros somos un hospital de muy pequeño porte para ellos y en una burocracia en donde los papeles terminan siendo más importantes que el servicio que generamos”.
Cuestionó además la falta de especialistas como para formar un equipo anestésico-quirúrgico estable que cubra las guardias. “Cuando nosotros vamos a generar esas guardias, el equipo tiene que estar completo y si no es así no la podemos sostener porque todos son importantes”, expresó.
En aquel momento, López Secchi denunció públicamente que dos pacientes habían muerto en la puerta de Emergencia porque no se les llegó a conseguir a tiempo dos camas de CTI donde estabilizarlos. Se trataba, según el médico, de dos muertes perfectamente evitables. Una de las pacientes, de 56 años, tenía un cuadro abdominal séptico, no podían operarla porque no había anestesistas y no podían internarla en una unidad de CTI porque no habían camas disponibles. La otra persona complicó su estado por la “demora” en acceder a una unidad intensiva.
ASSE ordenó una investigación sobre estos casos, pero hasta ahora a la única conclusión a la que se arribó, nueve meses más tarde, es que había que iniciarle un sumario administrativo al médico que denunció públicamente las muertes y habló sobre las carencias que tenía el hospital.
El lunes pasado le notificaron a López Secchi, que además es consejero del Colegio Médico Nacional, sobre la instrucción del sumario. Las autoridades consideraron como una “falta” el hacer declaraciones públicas sobre los problemas de ASSE sin estar autorizado por sus superiores. El médico expresó su sorpresa por la medida, pero consultado por El País prefirió no hacer comentarios.
Por otra parte, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) se declaró en conflicto con ASSE por el incumplimiento de algunos acuerdos laborales que, aseguran, pondrán en riesgo la atención de los pacientes y en este escenario aprovecharon para denunciar que el sistema de salud público no está preparado para atender la demanda asistencial que todos los años sobreviene con la llegada del invierno.
TORRE DE ANTEL
“ESTÁ MUY BIEN”
La presidenta de Antel, Carolina Cosse, dijo que la Torre de las Telecomunicaciones “es un edificio emblemático de Montevideo y está muy bien”. Señaló que Antel Arena no viola el artículo 190 de la Constitución y aclaró que la empresa no producirá espectáculos.
Consultada por El País sobre las críticas cuando se planteó construir la Torre de Antel, Cosse contestó que “es innegable que la Torre es un edificio emblemático de Montevideo y está muy bien, ha posicionado a la empresa. Pero es otra cosa”. Como respuesta a las críticas por una supuesta violación del artículo 190 de la Constitución por la construcción del Antel Arena, Cosse expresó que “el directorio de Antel dispone de informes realizados por sus servicios jurídicos y está convencido de que este proyecto no es inconstitucional y está dentro de la normativa vigente”.
La jerarca explicó que el artículo 190 “habla de tener actividades del giro y no destinar recursos a actividades que no sean las normales. Esta es una actividad normal para empresas como Antel porque en el mundo actual las telecomunicaciones han evolucionado mucho y los espectáculos y eventos deportivos son grandes impulsores del consumo de servicios de telecomunicaciones”.
Cosse aclaró que Antel no producirá espectáculos: “Nosotros hacemos la gestión del Arena, quien quiera traer un espectáculo lo arrienda y hace con él lo que quiere”. Además, señaló que “criticar el Arena es no conocer sobre las telecomunicaciones”. Respecto a la cifra de 40 millones de dólares que se manejó en la presentación del proyecto, Cosse dijo que se basa en “estudios preliminares. La estimación que tenemos ahora es de 40 millones de dólares que no se erogan de una vez, esto puede abarcar tres años”.