Nacionales | 09 Abr Después de vacunarse contra la gripe en la sede del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), la ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, denunció que hay una campaña contra la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).
“La gente nace y se muere en instituciones de salud. Lo que me da para pensar a mí es que hay una campaña porque todos los días salen cada una de las muertes que hay en ASSE”, aseguró. Dijo además no saber por qué se estaría llevando adelante esta supuesta campaña y prefirió no decir quién está detrás de ella. La secretaria de Estado criticó también a los profesionales que denuncian en los medios de comunicación las irregularidades y no recurren a los mecanismos formales. “Para que se tomen las medidas seriamente tiene que haber una comunicación formal a la dirección de la institución. Nos llama mucho la atención que salgan a la prensa. ¿Cuál es el objetivo, la alarma pública?”, se preguntó la ministra.
ASSE resolvió la semana pasada iniciar un sumario a un médico que denunció, hace nueve meses, que habían ocurrido dos muertes evitables en el Hospital de Canelones y en las últimas horas un paciente con antecedentes siquiátricos ingresó al hospital de Rivera. La enfermera de guardia lo examinó y envió a lo que se conoce como un “apartado”, que en realidad es una sala de confinamiento aislado. Media hora más tarde, se autoeliminó ahorcándose con el cordón de sus zapatos.
SMU plantea nocturnidad
El presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Martín Rebella, explicó que ante la reciente declaración de conflicto, se buscó realizar una denuncia pública y no paros que puedan afectar a los usuarios. Rebella informó que “el conflicto radica en el incumplimiento de distintos acuerdos ya firmados”, y que la principal búsqueda es lograr “mejoras para los médicos pero que también redunden en una mejor atención” a los usuarios.
“Esto hace que ASSE funcione peor de lo que puede y pensamos que en el invierno esto puede sentirse más”, manifestó el presidente del SMU y agregó que “lo central es la presupuestación de los médicos que trabajan en Comisión de Apoyo y la nocturnidad”.
Ambas medidas buscan “mejorar la relación de los médicos con la institución, que tengan mayor estabilidad laboral y evitar la migración al sector privado. Intentamos aportar para resolver los problemas de cobertura que tiene ASSE, que son obvios, y además al venirse el invierno con el pico de consultas y de asistencia se va a sentir más”, expresó el dirigente sindical.
Otros de los puntos de debate es el Servicio de Emergencia Médica, conocido como 105, donde aparte de la presupuestación se busca la homogenización de los salarios, debido a que existen diferencias salariales entre los trabajadores.
“Esto sumado a las situaciones particulares de médicos de urgencia y emergencia, así como también en el primer nivel de atención con pediatras y médicos de familia”, es la plataforma de reclamos presentada por el SMU.
Caso Castro es
lesa humanidad
La fiscal penal María de los Ángeles Camiño concluyó que el caso por el homicidio del maestro Julio Castro, ocurrido en agosto de 1977 y por el cual en marzo de 2012 fue procesado con prisión un ex policía, es un crimen de lesa humanidad y por tanto debe seguir investigándose, más allá del pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Camiño presentó su dictamen al juez Juan Carlos Fernández Lecchini, quien finalmente deberá decidir si continúa o no con el trámite del expediente, dijo la representante del Ministerio Público en diálogo con El País.
Por el homicidio de Castro fue procesado con prisión en marzo de 2012 el ex policía Ricardo Zabala, acusado como cómplice en la muerte del maestro y periodista. Según la posición de la fiscal, el expediente no debería ser clausurado y por tanto Zabala no podría recuperar la libertad, tal como lo pidió su abogado defensor, Bernardo Gzech.
Zabala fue procesado en base a la ley aprobada en octubre de 2011 y que amplió los plazos de prescripción y definió como de lesa humanidad los crímenes cometidos por militares y policías durante la dictadura. Esa ley fue considerada inconstitucional en febrero por la SCJ.
Escribanos denunciaron
a Calloia
La Asociación de Escribanos del Uruguay presentó una denuncia penal por difamación e injurias contra el presidente del Banco República, Fernando Calloia, quien días atras acusó a la gremial de mantener una campaña política en su contra y contra la institución al pedirle explicaciones por el viaje de un notario de BROU para realizar gestiones sobre el aval otorgado a la aerolínea Cosmo.
A fines de marzo, la gremial rechazó en un comunicado los comentarios de Calloia. “La Asociación de Escribanos del Uruguay rechaza por falsas e injuriosas las declaraciones del presidente del BROU, economista Fernando Calloia, respecto a la participación de este gremio en una operación política de ataque directo al referido Banco, reservándose el derecho a iniciar las acciones legales que estime convenientes”, indicó la gremial.
“Desde su fundación, en abril de 1875, la Asociación de Escribanos no ha sido, ni es, cipayo de ningún partido político y de ningún gobierno”, concluyó el comunicado.
PN no denunció
a Calloia
El Partido Nacional dio a conocer la retractación del presidente del Banco República, Fernando Calloia respecto a sus dichos vertidos en una nota del diario El País en el que acusaba a dicha colectividad de ser un grupo “tremendamente corrupto”. Los legisladores blancos ya no harán efectiva la denuncia, informó a El Observador el diputado José Carlos Cardoso.
En el acta del Banco República, Calloia señala que “no ha existido ni existe de su parte remota intención de haber ofendido el honor de dicha colectividad a través de las frases que le imputan por lo que hace suyas las expresiones de rechazo frente a manifestaciones que puedan comprometer personal o institucionalmente la honorabilidad de cualquiera de las fuerzas políticas del país y del Partido Nacional”.
El titular del BROU añade que dichas expresiones “no reflejan su forma de pensar, de cualquier manera teniendo en cuenta que por el texto de la nota se podría haber causado molestias u ofensas hacia el Partido Nacional, ofrece sus disculpas del caso”.
“El acta resulta adecuada y clara respecto a la ofensa que nos había hecho. Eso era lo que buscábamos por la vía judicial. No hay denuncia por difamación e injurias”, apuntó el diputado blanco. “No hay que confundirlo con otras causas que tenemos contra Calloia”, agregó.
Gandini pidió informes
El diputado del Partido Nacional, Jorge Gandini, presentó dos pedidos de informes sobre el nuevo proyecto de Antel de realizar un estadio en el terreno en el que estaba ubicado el Cilindro Municipal. Unos de estos fue dirigido al Ministerio de Industria para que lo derive a Antel y otro a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
El representante nacionalista quiere saber si este proyecto está incluido en el plan de inversiones del organismo y si fue previsto en el presupuesto presentado y aprobado por la OPP para el 2013 y los siguientes años.
Además, Gandini solicita información respecto a la opinión de los servicios jurídicos sobre la “posibilidad que tiene Antel de invertir en esta construcción y luego en la explotación durante 30 años de un servicio que no forma parte del giro autorizado por la legislación vigente, según lo dispone con claridad el artículo 190 de la Constitución de la República”.