Nacionales | 11 Abr La Cámara de Diputados aprobó, por 71 votos en 92, el proyecto de ley de matrimonio igualitario, que fue aprobado por el Senado la semana pasada. En tal sentido, Uruguay se convirtió en el segundo país de América Latina en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. En tanto, se aguarda que en pocos días la ley será promulgada como ley por el Ejecutivo.
El texto fue aprobado en Diputados en diciembre de 2012, pero tuvo que ratificarlo luego que el Senado le introdujera modificaciones. En todas las oportunidades la norma fue aprobada por una amplia mayoría y con el respaldo de legisladores de todos los partidos políticos. “Mañana vamos a ser una sociedad más justa, más igualitaria, con más derechos para todos y todas”, aseguró el diputado del Frente Amplio Sebastián Sabini, al defender su respaldo al proyecto.
El polémico texto, que ha sido cuestionado por la Iglesia Católica y grupos de defensa de la familia, sostiene que “el matrimonio civil es la unión permanente, con arreglo a la ley, de dos personas de distinto o igual sexo”. Además incluye cambios -tanto para parejas homosexuales como heterosexuales- en las normas sobre filiación, divorcio, edad mínima para contraer matrimonio, régimen sucesorio, adopción y el orden de los apellidos de los hijos, que será de libre elección de las parejas.
“Hoy el estado uruguayo reconoce que hay una forma de amar que es diferente a la heterosexual pero tan válida como la otra”, dijo tras la votación Federico Graña, del colectivo de Ovejas Negras, que reúne a lesbianas, gays y travestis y que promovió la campaña por el denominado “matrimonio igualitario”. Añadió que “hoy nos sacamos la tapa de la presión de arriba, la tapa de ser raritos (...) se acabó esa etapa”.
“Esta victoria es la victoria de todos los organismos sociales que luchan por una sociedad más justa e igualitaria”, afirmó, anunciando que la organización planea “exigir que en todos los organismos multilaterales (...) se trate esta temática y se pelee porque América Latina sea un continente igualitario”.
Según publicó El Observador, durante el debate el diputado nacionalista Gerardo Amarilla manifestó su voto negativo al proyecto por considerar que “desvirtúa el matrimonio y la familia” y “trastoca los derechos del niño, considerándolo un objeto”. El diputado colorado Fernando Amado señaló que “estamos discutiendo de política, permeada de aspectos filosóficos. La discusión viene entreverada. El símbolo de la palabra matrimonio es lo que cuesta entregar (…) La base de la sociedad es la familia, pero no la familia prefabricada. Sino la que se basa en el amor y el amor no es homosexual ni heterosexual”, afirmó.
Por su parte, la diputada frenteamplista Daisy Tourné argumentó que “no admito que el Estado me diga que el matrimonio es una unión entre personas de distinto sexo para procrear”. En tanto, el diputado oficialista Sebastián Sabini aseguró que votaría “convencido y contento”. “El día de mañana vamos a ser una sociedad más justa, más igualitaria y con más derechos para todos y todas”, argumentó. “Un matrimonio es la unión de dos personas que se quieren. Nada más y nada menos”, sentenció.
El diputado nacionalista Pablo Iturralde manifestó que “se debería haber creado un marco para regular el matrimonio homosexual, pero sin cambiar el que regula al heterosexual”. Mientras, el nacionalista Pablo Abdala aseguró que estaba “dispuesto a legislar” al respecto y que era necesario, pero que el proyecto tenía fallas. “Todos hemos advertido que esta reforma del código civil viene plagada de errores”, indicó.
Por su parte el diputado de Alianza Nacional, Pedro Saravia, aseguró que está de acuerdo “con el origen y los principios” que motivaron al proyecto, pero que por sus incorrecciones y desprolijidades termina siendo “un mamarracho”. Afirmó que las uniones entre heterosexuales y homosexuales “son desiguales” porque unos pueden procrear y otros no.
CONFLICTIVIDAD
LABORAL SUBIÓ
La conflictividad laboral aumentó en marzo, duplicando a la de febrero, tanto a nivel sectorial como global, según un informe elaborado por la Universidad Católica. Este aumento se debió a los bajos guarismos registrados en el bimestre enero-febrero, hecho que anualmente se repite, puesto que la mayoría de los trabajadores se encuentra de licencia anual. Sin embargo si se la compara con marzo de 2012 se observa una caída de casi el 60%, lo cual se explicó por una alta conflictividad cuando se registraron varios paros en la construcción por dos fallecimientos en accidentes de trabajo y un conflicto importante en Secundaria por las malas condiciones edilicias en los liceos.
Según reveló el informe, en marzo fueron 11 los conflictos con interrupción de actividades por los que se perdieron 48.284 jornadas laborales y en los que se involucraron 75.210 trabajadores. Dos de los 11 adoptaron como medida de lucha la ocupación de los lugares de trabajo: una estación de servicio y las plantas de ALUR de Bella Unión y Capurro.
Si se analiza la conflictividad por rama y sector se observa que el 84% se registró en el sector privado y dentro de éste la rama con mayor cantidad de jornadas perdidas por paros fue la construcción. En segundo lugar se ubicaron el transporte y la educación, ambas ramas con el 14%.
El 81% de la conflictividad del mes fue por mejores condiciones de trabajo, principalmente por mayor seguridad.
BAJÓ DESEMPLEO
La tasa de desocupación, medida en relación a la población que está dispuesta a trabajar, disminuyó en febrero de 6,7% a 6,1%. En diciembre había bajado a 5,4% en diciembre aunque repuntó a 6,7% en enero, según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) como resultado de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) realizada en febrero.
El nuevo dato reflejó una mejora del mercado laboral con un descenso de desempleados a 6,1%. La baja de desocupación se registró tanto en Montevideo, de 7,3% a 6,8% como en el interior del país, de 6,2% a 5,7%.
La tasa de actividad, que refleja la oferta de mano de obra disponible en el mercado, aumentó de 62,1% en enero a 62,9% en febrero. En tanto, la tasa de empleo, que refleja la demanda de mano de obra, aumentó de 58% en enero a 59% en febrero.
URUGUAY ANTE COMITÉ CONTRa DESAPARICIONES
Nuestro país presentó su caso ante el Comité de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas, y se convirtió en el primer país del mundo que expone su legislación al escrutinio de los expertos. Tal comité es el órgano encargado de vigilar la aplicación por los Estados Parte de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que comenzó a regir el 23 de diciembre de 2010 y de la que integran 37 países, según publicó El Espectador.
“Uruguay expresó su deseo de poder ser de los primeros en presentarse ante el Comité; concluyó su informe en tiempo y forma y ha sido el primero en presentar un texto muy rico, prolijo y completo”, explicó el integrante del comité y relator del informe final, Juan José López Ortega. Añadió que “la desaparición forzada es un delito que por sí mismo se extiende en el tiempo, y el país debe estar preparado para gestionar todo lo relativo a él”.
La Comisión para la Paz de Uruguay estableció que “durante el período predictatorial y durante la última dictadura militar (27 junio 1973 a 15 de febrero de 1985) adultos y niños sufrieron la práctica aberrante de la de-saparición forzada”. Se confirmó la desaparición de 28 ciudadanos uruguayos y 8 argentinos en nuestro territorio.
El informe reveló la desaparición forzada de 178 uruguayos, “desaparecidos” dentro de la operación de represión del Plan Cóndor.
Respecto a los niños, se confirmó la desaparición forzada en nuestro país de una menor cuya identidad fue restituida posteriormente, y de otros 13 niños desaparecidos en cautiverio en centros clandestinos de Argentina, cuyas identidades fueron posteriormente restituidas.
El Comité redactará y presentará observaciones finales sobre el caso de nuestro país al finalizar esta sesión de trabajo que termina el 19 de abril.