Nacionales | 10 Abr El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Unicef y el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial (Conapees), presentaron en la Torre Ejecutiva la campaña “No hay excusas” contra la explotación sexual infantil y adolescente.
Las autoridades anunciaron que se busca la reflexión sobre el tema y generar una conciencia social sobre esta actividad que en Uruguay es un delito y está penada con sanciones por la ley 18.815 del año 2004. “Ocurre cuando un grupo de personas o una persona involucra a niños, niñas o adolescentes en actos sexuales para satisfacción propia o de otras personas a cambio de cualquier tipo de beneficio, dinero, especias, protección o regalos. La explotación sexual comercial infantil es una flagrante violación de Derechos Humanos”, explicó Unicef.
De 2007 a 2012 se han registrado 132 denuncias, lo que indica que se va haciendo conciencia de la situación, dijo el vicepresidente del INAU, Jorge Ferrando.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la trata de personas es uno de los tres negocios ilícitos más lucrativos del mundo, junto al tráfico de armas y de drogas, generando unos U$S 32.000 millones anuales. La campaña uruguaya, que busca mostrar la vulnerabilidad de los niños y responsabilizar a los mayores, se transmitirá durante un mes en los medios de comunicación y es una estrategia de corto plazo para que los potenciales clientes tomen conciencia de su “rol de explotadores”, afirma en su página web.
Otro de los objetivos es “desnaturalizar el fenómeno de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y posicionarlo como un problema grave que ocurre en Uruguay”, explica el portal. Según Ferrando y el representante uruguayo de Unicef, Egidio Crotti, hay una necesidad de que se conozca la ley y se penalice por ella, porque la mayoría de las veces estas situaciones son juzgadas como violencia doméstica o maltrato y no como explotación sexual. Por su parte, el presidente de Conalees, Luis Purtscher, afirmó que esta campaña es una iniciativa para la creación de una ley integral que garantice de mejor forma los derechos de los jóvenes.
OBISPOS ADVIERTEN SOBRE “RETROCESO”
El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU) emitió una declaración en la que manifiesta su “preocupación ante la inminente aprobación de la llamada ley de ‘matrimonio igualitario’”, que votará hoy la Cámara de Diputados.
Los obispos advierten que “se ha creado una confusión (en torno al tema) que tal vez escape a muchos sectores de nuestra sociedad. Llamar de manera igual a realidades desiguales, so pretexto de igualdad, no es justicia sino asimilaciones inconsistentes que sólo harán que se debilite todavía más el matrimonio”.
El comunicado agrega que “constatar una diferencia real no es discriminar. Pretender ‘igualar’ todo y todos, sin tomar en cuenta la realidad y los principios éticos y morales que la rigen, es equivalente a masificar, despersonalizar”.
La CEU advierte también sobre el peligro que supone legislar “siguiendo modelos provenientes del extranjero, sin análisis antropológico y sin profundizar las consecuencias que las alteraciones legales conllevan para el conjunto de la sociedad uruguaya en el tema de la familia”.
DURO ATAQUE
DE TAMBEROS
Los productores lecheros sostienen que los trabajadores del sector lácteo atentan contra la sustentabilidad de las empresas familiares, las que constituyen el 80% de la masa producto del sector y reunidos en asamblea permanente, volvieron a rechazar las medidas sindicales.
Las gremiales subrayan que los trabajadores están atentando “contra la sustentabilidad de las empresas familiares más pequeñas que constituyen el 80% de la masa productiva láctea del país, marcando una clara contradicción entre la propuesta teórica de los empleados, que dice defenderlos y la realidad es que los golpean y pueden terminar sacándolos del circuito productivo. Contradiciendo la propuesta del propio gobierno de apoyar al sector lácteo como radicador de la familia en su medio”. En paralelo, los tamberos dicen que no se oponen a que los empleados de la industria láctea “perciban buenos salarios” y que “tengan asegurado su ajuste periódico por Índice de Precios al Consumo (IPC). Tampoco nos oponemos a que compartan coyunturalmente los buenos momentos de precios internacionales”.
A lo que sí se oponen es a que “se incorporen mejoras permanentes en los salarios a partir de indicadores volátiles como lo son los precios internacionales, medidas que de aplicarse podrían poner en jaque a toda la cadena, porque no debemos olvidar que el 70% de nuestra producción depende de las exportaciones”.
MARCHA ATRÁS
La ministra de Salud, Susana Muñiz, dijo que el ministerio iba a aplicar topes a los salarios para evitar la competencia de recursos humanos entre el sector privado y el público. Sin embargo, en la víspera aclaró que en realidad sus declaraciones fueron “una reflexión en voz alta”.
“Lo que estamos pensando es que el sistema de salud tiene recursos que son finitos. Nos preocupan las iniquidades y estamos viendo todas las medidas posibles para su sustentabilidad”, señaló la ministra a radio Sarandí. El lunes, sin embargo, había afirmado que el ministerio iba a topear los salarios de los profesionales ante la competencia que hay entre el sector público y privado. “Es muy antipático esto, pero lo vamos a tener que topear porque no tenemos otra forma de abordarlo”, aseguró.
En conversación con radio Sarandí, explicó que cuando evalúa esta posibilidad no lo hace pensando en ninguna especialidad en particular. “Yo sé que en el imaginario de la gente están los anestésico quirúrgicos, sobre todo los anestesistas, pero no son las únicas especialidades que en realidad ganan mucho más que otros trabajadores de la salud”, manifestó.
Consultados por El Observador, los médicos se mostraron contrarios a esta idea y advirtieron que, de hacerlo, el ministerio podría caer en la ilegalidad porque el sistema que rige las remuneraciones son los consejos de salarios y no hay ninguna ley que permita topearlos.
La ministra también había dicho el lunes que la cartera estudia una nueva reducción de los copagos de tiques, ya que existe una iniquidad de precios en las órdenes de medicamentos y análisis clínicos que algunos pacientes no pueden abordar. En este sentido, en la víspera adelantó que ya se instaló una comisión de trabajo que está estudiando la forma de “regular estas cosas y sobre todo cómo descender el costo del acceso a la salud”.
INDUSTRIA ANALIZARÁ
COMPRAS PÚBLICAS
El ministro de Industria, Roberto Kreimerman, informó que se reunió con la industria metalúrgica, los trabajadores y los entes estatales para analizar la situación del sector, con varios problemas, tales como las compras públicas, donde en varias oportunidades se terminan adquiriendo productos importados en vez de comprarlos en la industria nacional. El secretario de Estado informó que los metalúrgicos están afectados por el tipo de cambio, la heterogeneidad dentro de la industria, “donde conviven empresas muy pequeñas con poca tecnología y eso es un problema”, además de “la actualización tecnológica de algunas”.
Kreimerman explicó que el sector solicitó “analizar algunos mecanismos que no están funcionando, como las compras públicas, donde deberíamos mejorar por ejemplo en la competencia desleal de la importación”. Es así que en la reunión realizada la semana pasada se conformaron dos grupos de trabajo, uno definido para estudiar hacia el futuro “cómo están armados los esquemas de preferencia nacional y las licitaciones públicas específicamente”.