Opinion | 11 Abr Como era de prever, teniendo en cuenta los antecedentes en la materia, la medida de “cero kilo” dispuesta por la Dirección Nacional de Aduanas en los puestos fronterizos con la Argentina tuvo su mayor repercusión en Paysandú. En nuestra ciudad desde hace años y con mayor o menor intensidad, de acuerdo a los avatares de la relación cambiaria y precios entre ambas orillas, se ha instalado un submundo de la “industria del bagayo” que va desde los “bolseros” y el contrabando hormiga, hasta determinadas conexiones y organizaciones para el trasiego “grande”. Ocasionalmente se descubre alguna pieza que denuncia que hay más de un gran rompecabezas a desentrañar, pero sin que haya quien finalmente le ponga el cascabel al gato.
La cercanía de Paysandú y Colón, la instalación de puestos a la vera del puente para alimentar esta demanda agregada diaria, el hecho de que el puente General Artigas sea el único peatonal entre ambos países, y la gran diferencia de precios exacerba este trasiego en el que se conjugan situaciones indeseables, como el problema social de no menos de seiscientas familias que dicen vivir del “bagayo”.
Por lo tanto no solo cruzan para hacer las compras de productos de primera necesidad para el consumo doméstico, sino que tienen su “microempresa” de venta y con clientes fijos --incluyendo determinados comercios--. Por otra parte, muchas personas de mayores ingresos cruzan en vehículos para hacer un viaje redondo de compras de bienes de todo tipo y a la vez llenar el tanque con combustible barato, en un amplio abanico de situaciones que por supuesto nada tienen que ver con la integración ni con la complementación fronteriza.
En los hechos, nadie puede dudar que los sanduceros estamos dejando del otro lado del río gran parte de nuestro dinero, que no se recicla en Paysandú, y por lo tanto no dinamiza la economía local ni tampoco se traduce en los correspondientes pagos de impuestos y cargas sociales. A la vez, la caída en el movimiento se traduce en un círculo vicioso que está arrastrando a la baja a las fuentes de trabajo, como se nota ya en muchos comercios, en distribuidores y en emprendimientos que elaboran bienes para el consumo interno.
No hace falta ser muy perspicaz para inferir que esta situación es sumamente perjudicial, y que el pan que se cree tener hoy solo será hambre para mañana, y de muy difícil reversión una vez la crisis está instalada si no se hace algo efectivo para responder a este escenario, con acciones que no solo pueden provenir del ámbito departamental, sino del nacional, ante una realidad económica que hace que la marea del contrabando se torne incontenible.
La movilización de bagayeros en el puente, incluso cortando durante horas la circulación vehicular, al mejor estilo de los piquetes argentinos, confirma que hay una situación de hecho que se antepone como excusa para pedir que se levanten medidas restrictivas que se supone deberían regir en forma regular, teniendo en cuenta que hay disposiciones que refieren al máximo de cinco kilogramos por persona y que al aflojarse los controles, como se ha hecho, lo único que se logra es generar “derechos” para actividades ilícitas.
No es extraño entonces que muchos de estos bolseros rechacen de plano empleos formales, en los que según declaraciones de ellos mismos ganarían un magro sueldo que en algún caso mencionado, rondaría los ocho mil pesos, cuando como bagayero obtiene mucho más, además que seguramente se beneficie de los planes sociales del Estado.
En este emporio de la permisividad y el todo vale se da la paradoja de que quienes ejercen actividades ilegales presionan a la Aduana, a la Policía y hasta la Justicia, mientras proponen una suerte de pase libre que les permita seguir haciendo lo que la ley prohíbe. Obviamente, esta “tarjeta de bagayero” no es para cualquiera, quedando excluidos las personas de buen pasar o hasta los asalariados a los que tampoco les alcanza el sueldo para vivir dignamente, pero se las tienen que arreglar igual.
El punto es que la tolerancia, la “flexibilización”, el considerar que ser bolsero es un trabajo que debe ser atendido, forma parte del extendido concepto --promovido muchas veces por actitudes del gobierno-- que el fin justifica los medios, porque se deja de lado que el contrabando es un delito, que el corte de rutas está prohibido y es también un delito, y que las leyes jamás deben aplicarse a medida. O se puede, o no se puede traer mercadería del otro lado. Y no se trata de ser rico o pobre, de que el sueldo alcance o sobre a fin de mes.