Opinion | 16 Abr Con el paso de los años, los datos estadísticos sobre egresados de la Universidad de la República revelan una realidad de nuestro sistema educativo terciario, que indica que se está lejos de atender las reales necesidades del país en una serie de áreas que seguramente son estratégicas para el desarrollo, pese a que en los últimos años se han dado pasos bien intencionados a favor de la descentralización y la búsqueda de carreras no tradicionales para atender determinadas necesidades.
Lamentablemente, hay posturas todavía encontradas entre las autoridades universitarias, sobre todo porque hay sectores conservadores enquistados en la propia institución estatal que rechazan toda “intervención” para seguir aplicando recetas que hace rato han sido descartadas en los países que avanzan.
Claro, hay una serie de aspectos que generan esta postura conservadora, empezando porque se confunde que por ser “gratuitas” las carreras terciarias están al alcance de todos, lo que no solo no es cierto sino que sólo favorece a una porción minoritaria de la población.
Así, aún con pasos positivos en descentralización, prácticamente el 70 por ciento de los estudiantes universitarios proviene de hogares de mayores ingresos, y a la vez también en similar porcentaje de Montevideo, lo que arroja como conclusión que el perfil del estudiante universitario medio es ser montevideano y de hogares de ingresos medio altos y altos, con excepciones que confirman la regla.
Estos estudiantes, que pueden perfectamente pagarse sus estudios, en lugar de que se los financiemos todos los uruguayos pagando impuestos, utilizan la franquicia de no tener que hacerlo, para contribuir a una sobredemanda en la matrícula en áreas en las que existe un estrecho mercado laboral y que no aportan nada positivo para un país. Mientras tanto, los uruguayos hacemos un gran esfuerzo para mantener una enseñanza gratuita en aras de una falsa igualdad, porque el estudiante de modestos ingresos del Interior no puede financiarse las estadías ni los gastos inherentes a una carrera universitaria, aun utilizando el actual Fondo de Solidaridad que establece mecanismos de becas.
El doctor José Joaquín Brunner, doctor en sociología y experto en educación superior de la Universidad Diego Portales en Chile, quien estuvo hace pocas horas en Montevideo para disertar durante dos días en la Universidad Católica, en declaraciones al diario El País, al ser consultado sobre el hecho de que en Uruguay se gradúa uno de cada 18 matriculados en la Universidad de la República, consideró que “Uruguay está lejos liderando negativamente este indicador en América Latina, y en la región hay una buena cantidad de países que tiene uno cada siete u ocho matriculados. Hay una situación que requiere al menos una especie de auditoría académica que el gobierno y la sociedad civil deberían hacer para tratar de mejorar esa cifra o para producir información de mucha mayor sofisticación y calidad que permita explicar qué está ocurriendo”.
Subrayó que el caso de Uruguay “llama poderosamente la atención, porque es una cifra muy baja en relación al total de matriculados”.
Quiere decir que tenemos una deserción altísima, y tiene mucho que ver que en los primeros años universitarios sobre todo hay gran cantidad de inscripciones de jóvenes que se anotan para ver qué pasa, aprovechando que es gratuito. Sin embargo la gran mayoría de estos inscriptos provienen de familias de ingresos medios y altos que podrían pagar la matrícula, pero que al ser gratis la universidad sólo generan costos para el Estado, mientras deciden si lo que están iniciando sin demasiado entusiasmo es lo que les gustaría seguir estudiando.
Brunner razona, con buen criterio, que “el hecho de que abandonen tantos alumnos en el proceso es una pérdida neta para la sociedad y la economía del país, es una pérdida de talento, de recursos para las propias familias y para el Estado. Es un problema que debiera interesar y preocupar a las autoridades”.
Peor aún, corresponde señalar que la gran mayoría de esta sobredemanda proviene de Montevideo en las carreras clásicas, porque en la capital se tiene la posibilidad de concurrir sin mayores problemas a las aulas universitarias, en tanto en el caso del Interior como regla general hay enormes costos de estadía, y un desarraigo que perjudica notoriamente al estudiantado del Interior. Al respecto Brunner reflexionó que en Chile, donde ha habido algunas idas y venidas en torno al tema, luego de muchos años prima el concepto de que “tener gratuidad total en la educación superior es algo que atenta en contra de la equidad, porque en el fondo significa que la sociedad entera le paga su educación a los que tienen más facilidad para acceder: los jóvenes de los quintiles de más altos ingresos. Hay becas y también las personas de los quintiles más bajos que se esfuerzan tienen derecho a la gratuidad de la educación, pero aquel que viene de una familia que pueda pagar es lógico que lo haga. Eso permite que los recursos del Estado se concentren en los jóvenes de menores ingresos”.
Ese es precisamente el punto, sobre todo porque en Uruguay, tenemos un sistema universitario anquilosado, y estamos ante una distorsión que está alentada por la gratuidad, que debería regir solo para los estudiantes que no están en condiciones de hacer frente al pago de sus carreras.