Opinion | 21 Abr Casi todos los países del mundo tienen problemas de frontera. Las dos Coreas por viejas aspiraciones territoriales, Estados Unidos y México por los inmigrantes ilegales o “espaldas mojadas”, y Uruguay con Argentina y Brasil (como tantísimos otros) por el contrabando en mayor o menor escala. En Uruguay, el caso de la baja del precio del combustible (que ahora será mayor, según el diputado Asti) para las ciudades con puentes hacia Argentina es claro: si no se puede evitar el ingreso, hay que buscar medidas para minimizarlo. A esta solución se llegó cuando el Estado se dio cuenta que perdía más manteniendo la nafta “cara” en estas zonas, que ganando menos en los impuestos. La presión de las empresas dueñas de estaciones de servicio, más los números claramente en descenso que registraba la distribuidora de combustibles Ducsa, fueron motivos más que suficientes. Y el tiempo les dio la razón: números hechos por Ancap y Ducsa, marcan que las ventas de litros de combustible aumentó sensiblemente con el precio un 28% más bajo (no se conocieron datos desde que el descuento fue del 24%). Y en esa oportunidad la recaudación real por la vía impositiva, aún con casi un tercio menos en el impuesto también creció.
Ahora, más tarde de lo previsto --pero al menos llegó-- se tomó una decisión para minimizar al menos el contrabando hormiga, que conocemos como “bagayo”. Pero aparentemente la medida de “cero kilo” no da el resultado esperado desde el punto de vista social, y probablemente no evite que siga apareciendo mercadería ingresada ilegalmente, ya que tenemos una larga frontera de agua que puede ser cruzada sin mayores problemas por chalanas y lanchas dadas las carencias del cuerpo de Prefectura, que no tiene elementos para patrullar y reprimir esa vía del delito.
Parece difícil solucionar el tema de fondo con cortes aduaneros, ya que lo que se busca es evitar una mayor evasión fiscal al ingresar (y ser consumidos por los sanduceros) productos del otro lado del río.
No suena disparatado entonces que el Estado analice aplicar en estas mismas zonas de la nafta, un descuento impositivo que baje los precios al menos de la canasta básica, que desestimule el contrabando por una menor diferencia de precios. Más gráficamente, mientras –por ejemplo-- el kilo de azúcar cueste 10 pesos uruguayos en Colón y 30 pesos en Paysandú, seguirá ingresando por algún lado, y así con todo. Si se puede con la nafta, que afecta a una empresa pública y algunas empresas expendedoras, se debería poder con este rubro que afecta directamente a la industria nacional y a casi todo el comercio local.