Opinion | 23 Abr Buena parte del elevado costo de la construcción, que precisamente afecta las inversiones en el sector, es la carga inherente a los aportes al Banco de Previsión Social (BPS), por concepto de salarios y otros insumos, que suman aproximadamente las tres cuartas partes de los gastos en mano de obra, que se agregan al valor total del proyecto de que se trate.
Como en tantos órdenes, el intento de favorecer a los trabajadores del sector a efectos de su seguridad social, fue determinante para que en nuestro país durante muchos años se haya desestimulado la inversión inmobiliaria. Paralelamente, como efecto no deseado se fomentó la construcción informal, sobre todo en el caso de las pequeñas construcciones de tipo familiar, lo que es negativo tanto para el Estado como para el trabajador.
En suma se ha obtenido un efecto inverso al que se buscaba, simplemente porque se ha exagerado la carga tributaria sobre la inversión, por encima de toda racionalidad, y aunque hasta hace unos años el peso era todavía mayor, con casi el cien por ciento, la carga de hoy es aún muy severa.
El Directorio del Banco de Previsión Social, si bien durante muchos años, al igual que el Poder Ejecutivo, naturalmente, ha sido consciente de esta situación, ha seguido priorizando la recaudación, en los últimos años disimulada por el momento favorable de la economía.
Pero sin dudas que esta exigencia ha sido de gravosa incidencia en las construcciones y refacciones de tipo familiar, donde la evasión es muy importante, porque al fin de cuentas es la única forma de poder abordar para muchas familias alguna obra significativa en la vivienda, con o sin mano de obra propia.
Sin embargo, recientemente desde la presidencia del BPS se ha impulsado, con buen tino, un cambio en el tipo de aportación en obras de menor cuantía, pasando de la Construcción a que se aporte por Industria y Comercio. Es así que el BPS ha elaborado un proyecto de ley que otorga la posibilidad de aportar por fuera de la Ley de la Industria de la Construcción, en obras menores y por menos de treinta jornales, es decir atendiendo la realidad del escenario socioeconómico en lugar de vivir en un mundo de fantasía, como en muchos casos se hace con la ley vigente.
La idea del BPS, por cierto, apunta a rescatar cincuenta antes que tirarse a los cien que nunca va a cobrar, haciendo algo más razonable el esquema de tributación para estas obras, en un país donde además por lo general no hay cultura en cuanto al pago de impuestos, por idiosincrasia, sin dudas, pero también porque el ciudadano percibe --y no está lejos de la verdad-- que se le está metiendo la mano en el bolsillo recurrentemente sin que a la vez lo que se le saca retorne en servicios o prestaciones, y en cambio, se pierde ese dinero en un mar de burocracia o gasto sin retorno por el gobierno de turno.
Actualmente, el aporte unificado de construcción en el BPS es del 74 por ciento, el que incluye el aporte patronal, el del trabajador, más cargas salariales, incluido licencia, salario vacacional y aguinaldo, además de seguro de salud, Banco de Seguros y Caja de Profesionales. Con el nuevo esquema, el contribuyente abonará el aporte patronal (7,5 por ciento), el personal (15 por ciento) y el de salud (4,5 o 6 por ciento).
Pero no solo se hace un aporte más o menos racional --lo que no quiere decir que no vaya a haber evasión-- sino que la inscripción de la obra pasa a ser mucho más sencilla, por cuanto por el actual esquema legal se deben completar nueve formularios; cuando hay que hacer un cierre de obra, mandar un arquitecto para ver si coincide lo hecho con lo que se declaró, y a juicio del representante de los trabajadores en el BPS, Ariel Ferrari, “el contribuyente precisa una gestoría”, lo que se aplica en caso de pintura, de hacer un parrillero en la casa y algún otro tipo de obra menor, y por ese motivo en el BPS entienden que la mayoría de esas modificaciones no son declaradas ante el organismo.
Con esta reducción en los aportes se incentivará la formalización --por lo menos esa es la idea-- y al fin de cuentas se contribuirá a que se acompase la realidad con la teoría y el delirio de quien incorporó estos esquemas en su momento.
Por otro lado, en lugar de trabajar en negro, el albañil u otro obrero que se encargue de los trabajos podrá formalizar sus aportes si es monotributista, lo que es realmente positivo para los cuentapropistas, que tienen dificultades para sostener los aportes y poder así el estar al día con la seguridad social, teniendo en cuenta que se trata de los grupos menos contemplados y con mayor porcentaje de informalidad.
Ahora faltaría sincerar la “otra pata” del problema de la construcción, y es la responsabilidad del propietario por todo lo que le pase al trabajador en la obra, así sea por la mayor imprudencia del empleado. En este caso –como en el de los aportes y trámites del BPS— se ha llegado a sobreproteger al obrero cual si fuese un niño infradotado, al que hay que cuidar y obligar a hacer lo que se supone que sabe porque es su oficio. Pero si algo llegase a sucederle porque no tomó las medidas de seguridad necesarias –aun contando con los elementos para hacerlo--, el “patrón” (dueño de casa) será responsable por lo sucedido. Y aunque parezca absurdo este extremo, en el futuro puede que se legisle para ir todavía más lejos, de prosperar las propuestas del gremio de la construcción, y la responsabilidad pasaría a ser penal en lugar de civil por las lesiones que el obrero sufra en un accidente. Así las cosas, cualquier reforma en el hogar no solo hace imprescindible los servicios de una gestoría, sino también de una empresa que controle que las disposiciones se cumplen a rajatabla.
Sin lugar a dudas, la iniciativa del BPS en cuanto a los aportes de la construcción son un gran avance, pero todavía falta mucho por hacer.