Opinion | 20 Abr Haciendo oídos sordos a los encendidos reclamos provenientes del Interior y de numerosos ciudadanos, del sector de actividad que sea, que han rechazado de plano el proyecto de Antel por el que en principio estará volcando 40 millones de dólares para hacer un nuevo estadio, a su costo, en el lugar donde estaba el derruido Cilindro Municipal de Montevideo, tanto el ente estatal como la comuna capitalina han seguido adelante con la iniciativa, que ha recibido el apoyo de la mayoría frenteamplista de la Junta Departamental de Montevideo.
No era de esperar otra cosa, por supuesto, desde que Antel, con el dinero que recauda de los sobrecostos que impone a todos los uruguayos, le saca las castañas del fuego a la Intendencia frenteamplista capitalina que, por supuesto, pese a recaudar enormes sumas por concepto de impuestos, sigue recibiendo regalías del gobierno central y hasta de las empresas estatales, porque no cuenta con recursos, ante su enorme presupuesto, para financiar una obra municipal de estas características.
Es así que el proyecto del Antel Arena fue definitivamente aprobado el jueves por el Plenario de la Junta Departamental de Montevideo con los votos del Frente Amplio, que cuenta con 17 ediles.
Los ediles Juan Curbelo (PN) y Tulio Tartaglia (PC) señalaron sin embargo que los votos del oficialismo “no son suficientes” para la aprobación, porque se trata de una concesión “de usufructo” y no “de uso” de la Intendencia a favor de Antel, lo cual requiere de una mayoría especial (21 votos).
Frente a esta situación y al tratamiento “a tapas cerradas” que el expediente tuvo en la Junta Departamental, blancos y colorados pretenden trasladar el tema al Parlamento Nacional.
Según lo explicado a El País por el edil colorado Andrés Ojeda, abogado y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, la “única alternativa jurídica” para impugnar el proyecto Antel Arena “por violar la Constitución” es la prevista en el artículo 303, que permite que un tercio de los ediles pueda presentar un recurso ante la Cámara de Diputados.
El citado artículo 303 de la Constitución señala que “los decretos de la Junta Departamental y las resoluciones del intendente municipal contrarios a la Constitución y a las leyes, no susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, serán apelables ante la Cámara de Representantes dentro de los quince días de su promulgación, por un tercio del total de miembros de la Junta Departamental o por mil ciudadanos inscriptos en el Departamento”.
De forma individual, el abogado Juan Pablo Borges, integrante del directorio del Colegio de Abogados del Uruguay, presentó en Antel un recurso de petición al amparo de lo dispuesto por la ley 18.381, del 7 de octubre de 2008, para conocer “el sustento jurídico, constitucional y administrativo” por los cuales la empresa “construirá y/o administrará una especie de campo deportivo cerrado, con destino secundario de espectáculos musicales o artísticos, contraviniendo una prohibición constitucional directa, y expresada en claro castellano, entendible aun para un lego en Derecho, como el artículo 190 de la Constitución”. (Que refiere a que los entes no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes).
Pero más allá de la viabilidad jurídica o no del recurso que se promueve, el tema está situado en el campo de las decisiones políticas, en un país donde las decisiones del gobierno nacional y de los directorios de las empresas públicas se basan en una concepción eminentemente capitalina del Uruguay, es decir pretendiendo hacer de cuenta que Montevideo es todo el Uruguay, priorizando los recursos hacia esa dirección, en desmedro del país del norte del Santa Lucía.
Evidentemente en este caso Antel, con el dinero de todos los uruguayos, en lugar de volcar los 40, 50 o 60 millones de dólares que finalmente saldrá el proyecto, para mejorar sus servicios en el Interior, para mejorar la velocidad y confiabilidad de las conexiones telefónicas, de la Internet, sobre todo en las áreas rurales, ha considerado prioritario ayudar a la comuna capitalina a levantar el estadio municipal, por encima de toda otra consideración.
Por otro lado, estos cuarenta millones de dólares, de haber disposición para que todos los uruguayos reciban un tratamiento igualitario, esté habilitado o no el organismo para construir un estadio, deberían haber sido distribuidos en todo el país, con los mismos fines “culturales” argumentados para construir el coliseo deportivo montevideano, y por cierto que hay muchas oportunidades y necesidades en el Interior para cumplir con estos objetivos.
Pero, para la tradicional formación de dirigentes capitalinos de sucesivas generaciones, Uruguay y Montevideo son un solo corazón, como ha quedado sobradamente demostrado a lo largo de la historia, y ni siquiera se menciona esta posibilidad de distribución igualitaria, porque la decisión ha sido adoptada y se llevará adelante contra viento y marea, sin derecho al pataleo, porque así se hacen las cosas en un país en el que solo se habla de descentralización, pero con los hechos una y otra vez se refuerza el precepto histórico de que en el Uruguay hay ciudadanos de primera y de segunda, según el lugar donde residan.