Opinion | 19 Abr Ya ingresando en pleno año preelectoral, en un país en donde la gran mayoría de las decisiones en todo tiempo se adoptan midiendo costos políticos para las próximas elecciones, se van delineando posiciones internas en los partidos de cara a las elecciones internas del próximo año, lo que da lugar a reagrupamientos para obtener el mejor perfil y definir posiciones en torno a las candidaturas.
En realidad no es un secreto para nadie que más o menos conozca la realidad política del país, que en el Uruguay, desde que se tenga memoria, se actúa en política en base a cortoplacismos y buscando rédito sectorial o partidario, marcando cada uno su propio perfil y evitando compromisos que no puedan dejarse de lado un período antes de la elección. Estos acuerdos terminan generalmente un año antes de la siguiente elección, como forma de llegar al acto eleccionario desligado ante la opinión pública de “ataduras” con otro partido o el gobierno de turno.
Pero a partir de la reforma constitucional de 1996, en que se modificó la legislación electoral, se ha logrado desatar en gran medida el corsé electoral que significaba por ejemplo el doble voto simultáneo, y se han cambiado elementos de la Ley de Lemas, dándole mayor libertad al ciudadano a la hora de elegir, por cuanto hasta entonces se presentaba un “paquete electoral” en el que se votaba simultáneamente por candidatos nacionales y departamentales de un solo partido, y se anulaba el voto en caso de que se incluyeran papeletas de otros partidos.
A la vez, se limitó el número de candidatos a la Presidencia de la República –un candidato único por partido-- como así también se dejó en un máximo de tres, mediante ingeniería electoral, los aspirantes a intendente por partido. Paralelamente, las elecciones departamentales fueron diferidas en el tiempo respecto a las nacionales, y como un elemento innovador para el Uruguay, se estableció la posibilidad del balotaje o segunda vuelta, para el caso de que el candidato que logre mayoría en la elección nacional no obtenga por lo menos el cincuenta por ciento más uno de los votos.
No es poca innovación para un país donde había serias ataduras con la intención de tener votantes cautivos, aunque de alguna manera el elector podía burlar algunas ataduras, votando por ejemplo solamente por el candidato nacional o departamental.
También permite el balotaje o segunda vuelta presentar como opción final el optar por uno de los dos candidatos que obtuvieron el mayor porcentaje de votos en la elección nacional, y así, los votantes de otros partidos hacer de árbitro en la elección definitoria, sufragando por el candidato que le sea más afín o contra el que no quiere que resulte elegido presidente, porque esta es también una forma de pronunciamiento válida en un régimen democrático.
En el caso de las elecciones departamentales, no se instituyó la figura del balotaje, aunque podría haberse hecho, y sería muy válido como una mayor libertad para el sufragio. Igualmente ha ocurrido, como fue el caso notorio de Paysandú y Salto en las últimas elecciones departamentales, que los ciudadanos de un partido se vuelcan a votar a otro candidato que prefieran ante un tercero que tenga buenas posibilidades de ganar pero que les genera rechazo, como evidentemente hicieron blancos y colorados en ambos departamentos para cerrarle el paso a los candidatos a intendente del Frente Amplio.
La premisa fundamental a promover, sin lugar a ninguna duda, por lo tanto, es dar un amplio abanico de posibilidades a los ciudadanos, dentro de las reglas de juego vigentes, y en este contexto debe evaluarse como un paso positivo la propuesta que ha surgido en Montevideo, un feudo de la coalición de izquierdas, que ha gobernado la capital por más de veinte años, para conformar una nueva opción partidaria de cara a las elecciones municipales.
Esta posibilidad está contemplada en la legislación, para que en las coincidencias, votantes de más de un partido puedan agruparse en una fuerza que presente sus propios candidatos y pueda disputar la elección departamental. El senador Jorge Larrañaga anunció recientemente que es partidario de generar un acuerdo de los partidos tradicionales para presentar una opción conjunta ante el electorado montevideano, revisando su postura contraria de hace unos años, y abre la posibilidad de una competencia real entre partidos con el oficialismo, lo que estaba prácticamente descartado mientras la oposición de centro-derecha votara dividida y sin posibilidades de acceder al poder en manos del conglomerado de partidos de izquierda.
Esta dosis de realismo, de competencia electoral verdadera, es positiva no solo desde el punto de vista de la libertad el elector, sino que seguramente, al existir competencia, exigirá más a los gobernantes capitalinos o del departamento que sea donde se instituya una posibilidad de ser desalojado del poder por el soberano, y debe ser valorado también en este contexto, sin olvidar, desde el punto de vista político, la repercusión que un cambio de esta naturaleza podría tener en el escenario político nacional.