Opinion | 24 Abr “Saludamos fervientemente la existencia de un proyecto de esta envergadura que permitirá la concreción de un centro multifuncional de alta tecnología constructiva y de equipamientos; que será capaz de adaptarse a las diferentes necesidades de recitales artísticos, conciertos y espectáculos deportivos; en una zona con un enclave estratégico en la ciudad. Este proyecto logrará mitigar un déficit actual en la materia que sufre Montevideo”, dice textualmente un comunicado del Pit Cnt, refiriéndose a la iniciativa de Antel de construir un estadio en lugar del derruido Cilindro Municipal capitalino, a un costo de no menos de cuarenta millones de dólares.
La central indica además que “es fundamental que el Estado asuma su rol de motor económico”, en momentos “donde campean los discursos catastróficos en el marco de una crisis mundial que llama de una forma generalizada a no asumir riesgos”, lo que parece sacado de un panfleto sesentista, alineadas con políticas centralistas del más rancio cuño, elaboradas por y para montevideanos pero usando el dinero de todos los uruguayos.
De esta forma el Pit Cnt está defendiendo que cada uruguayo esté pagando de más por la tarifa telefónica, para construir un centro deportivo en la siempre privilegiada Montevideo, obra prescindible si las hay, para “mitigar un déficit que de Montevideo”. De seguir la lógica del Pit Cnt montevideano, las “ganancias” del ente deberían al menos ser distribuidas en aportes a emprendimientos similares en cada departamento, si es esa la intención y si estuviera habilitado para hacer inversiones de este tipo, de acuerdo a las normas legales, lo que todavía se está discutiendo.
Pero aquí no solo estamos ante una postura estatista, centralista y altamente politizada del Pit Cnt, sino que los reparos a este emprendimiento faraónico y delirante solo ha provenido de sectores de oposición. ¿Los legisladores de la fuerza de gobierno que fueron elegidos por los respectivos departamentos del Interior, no tienen nada que decir en cuanto a este atropello que se comete contra los uruguayos que viven un poco más allá del área metropolitana?
¿Es que está todo bien y hay que decir amén, simplemente porque la idea nació de un organismo que responde al gobierno de izquierda, y lo que vale es defender al gobierno como sea, y no los intereses del Interior?
¿Tampoco tienen nada que decir los dirigentes sindicales del Interior, cuando todo este dinero de los trabajadores, de los pasivos, de los empresarios, se vuelca en un emprendimiento que solo sirve para sacar las castañas del fuego a la Intendencia frenteamplista de Montevideo, que no puede siquiera cumplir sus funciones porque está fundida por culpa de pésimas administraciones?