Opinion | 25 Abr El ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, ha señalado, muy suelto de cuerpo, que para seguir prestando y consolidar la obra social que a su juicio este ministerio y el gobierno están desarrollando con particular suceso --pero aún en forma incompleta--, se deberían aumentar los impuestos, porque se necesita todavía una mayor masa de dinero a efectos de volcarlo hacia los respectivos programas sociales en marcha y los diseñados para reducir la brecha o deuda social en el país, a la vez de señalar que ello es posible porque hay capacidad de contribución en el país.
Lamentablemente la opinión del secretario de Estado no es la única en la fuerza de gobierno, sino que sobre todo los sectores más afines a la dirigencia sindical están sosteniendo recurrentemente que hay que acentuar la “redistribución” de la riqueza, y que una de la vías más seguras para hacerlo es aumentar la carga tributiva y generar una masa de recursos adicional para destinarlo a estas políticas. Sin embargo no se ha definido de que se trataría la “inversión”, por cuanto no se ha distinguido en general entre promover el asistencialismo ya en marcha o dirigir la acción hacia programas sociales con retorno en el mediano y largo plazo, es decir con capacitación y combate de la marginación mediante la promoción del trabajo y la inserción, en áreas donde no hay precisamente cultura del trabajo.
La propuesta de Olesker va en sentido contrario de conceptos vertidos por el vicepresidente, Danilo Astori, exministro de Economía y Finanzas, quien ha levantado nuevamente la bandera de la austeridad y la cautela en el gasto, justamente de cara a la próxima Rendición de Cuentas, cuando estamos por ingresar en año electoral y se utiliza frecuentemente la herramienta del gasto público exacerbado para atender reclamos con la intención de enganche electoral, siempre a costo de los sectores que trabajan y crean la riqueza del país.
Ante estos planteos, un reciente informe de la Cámara de Comercio y Servicios del que da cuenta El País indica que el escenario de menor actividad como el actual no es el más propicio para aumentar la presión fiscal.
Indica el informe que “claramente no son momentos para continuar aumentando la presión tributaria; por el contrario debería estar en discusión lo contrario, es decir definir caminos para reducir la misma y así lograr que el sector privado pueda continuar invirtiendo y generando mayores niveles de actividad para que en términos globales la desaceleración económica no se profundice”.
Para la gremial empresarial --suponemos que también para cualquiera que tenga un mínimo de sentido común-- se “torna evidente” que bajo la situación económica actual deja de ser viable llevar una estrategia de aumento del gasto público, financiado con suba de impuestos o con mayor endeudamiento, sino que por el contrario debería tener como objetivo central controlar y mejorar la eficiencia del gasto, llevando adelante “una política de trazabilidad del mismo”.
Es decir que el sentido común indica que no se debería incrementar el gasto en momentos en que la coyuntura favorable da señales de reversión, y que lo que se impone es mejorar la calidad del gasto, desentrañando el destino que se da a los recursos, cuáles llegan para cumplir con determinados objetivos y cuánto se pierde en el camino de la burocracia o desviación hacia otros destinos dentro del propio Estado.
Lo señala también el informe, cuando indica que el camino para alcanzar una mayor equidad “debe ser a través de una administración racional del gasto público. Por el contrario los tributos son apenas herramientas para recaudar y por ello deben hacerlo en la forma más eficiente y menos distorsiva posible”.
Paralelamente el sistema tributario debería ser neutro y no generar distorsiones de la oferta, de la demanda y de los precios y de esta forma fomentar la inversión productiva y mejorar las condiciones de competitividad de la economía para lograr un crecimiento sustentable.
Precisamente, de lo que se trata es de no dejarse llevar por ciertos maniqueísmos ideológicos tan caros a grupos radicales de izquierda, que siguen levantando banderas del socialismo real perimido y sucumbido por su propia inviabilidad, sino de promover el trabajo sustentable mediante políticas que alienten la inversión y la creación de puestos de trabajo, abaratando los costos a los emprendedores en lugar de seguir la “onda Olesker” de arrancar cabezas al barrer a quienes afrontan emprendimientos de riesgo, que son el sostén de la economía, en lugar de un enemigo a exprimir, como parece ser la idea central de estos planteos.