Opinion | 02 May Tras la recolección de firmas promovida por un grupo de ciudadanos contrarios a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, ha quedado habilitada la convocatoria en primera instancia a una consulta para confirmar si se realizará o no un referéndum sobre el tema en octubre, para lo que alcanzará con que concurra a votar el 25 por ciento de los habilitados por la Corte Electoral, es decir poco más de 625.000 sufragantes, en una instancia que no es obligatoria para la ciudadanía.
La semana anterior la Corte Electoral validó las 52.345 firmas necesarias para habilitar la consulta popular, por lo que se han puesto en marcha los mecanismos constitucionales previstos para que el soberano se pronuncie sobre un tema controvertido y que si bien la ley ha contado solo con los votos del oficialismo, la controversia divide transversalmente a la sociedad por encima de partidos o ideologías.
Como establece la norma constitucional, en junio la ciudadanía es llamada a votar si es su voluntad que el tema sea puesto a consideración en un plebiscito, en consulta que no será obligatoria, como sí lo será el referéndum, en caso de llegarse a esta instancia.
No es una problemática banal, por supuesto, y como suele ocurrir en nuestro país, generalmente por motivaciones políticas, durante el tratamiento en el Parlamento y a través también de organizaciones sociales se ha puesto por grupos opositores como un dilema entre “vida sí o vida no” la discusión respecto a la denominada Ley de Despenalización del Aborto, como si de un lado estuvieran los buenos y del otro los malos, a los que de paso tildan de asesinos si les dan la oportunidad.
Como hemos señalado en más de una oportunidad en esta página editorial, la verdad no es patrimonio de nadie, desde que estamos ante una problemática muy compleja, que sacude a la sociedad y por ende a los propios partidos, pese a que en el Parlamento haya posiciones casi monolíticas desde el punto de vida de las bancadas partidarias convocadas a pronunciarse sobre la iniciativa.
Es que el tema conlleva implicancias desde el punto de vista filosófico, religioso, ético y moral, aunque por más vueltas que se le dé, la esencia del asunto, que es precisamente el eje del problema, es el embarazo no deseado.
El punto es que poner el tema entre aborto o vida, como se ha promovido por quienes cuestionan la ley, es un eslogan tramposo para obtener simpatías en este extremo sin ninguna otra consideración, y lo que se ha ofrecido en realidad como alternativa es mantener la ley anterior, que es una clara manifestación de hipocresía, porque penalizaba sobre una situación indeseada y traumática, como es el embarazo no deseado, dejaba a la mujer de menores recursos indefensa y a menudo haciéndola caer en manos de inescrupulosos que han realizado prácticas abortivas sin ninguna higiene, poniéndola en riesgo de vida y muchas veces ocasionándole la muerte por hemorragias e infecciones derivadas de una intervención “quirúrgica” sin ninguna garantía.
Por otro lado, las mujeres provenientes de familias pudientes nunca tuvieron mayores inconvenientes en interrumpir el embarazo, si esa era su decisión tras meditar largamente el tema, rodeadas de todas las garantías posibles, en un quirófano y con profesionales especialistas en la materia.
Por lo tanto es falso que hubiera una “defensa de la vida” en la legislación anterior, por lo que se ha apuntado a dar las máximas garantías posibles a la mujer de cualquier condición económica cuando se enfrenta ante un trauma de semejantes características, del que no se sale alegremente sino siempre volcándose finalmente por la opción que considera menos mala en determinadas circunstancias.
Tampoco es cierto que mediante esta norma se da luz verde para abortar, porque la mujer debe dar una serie de pasos para poder hacerlo, y que justamente están para disuadirla en su decisión porque además de los riesgos físicos, es sabido que siempre habrán secuelas emocionales con las cuales deberá vivir para siempre. De esta forma la norma establece que previo a la realización del aborto la mujer deberá obligatoriamente solicitar asesoramiento médico a un “Comité Clínico” que funciona en la esfera del Ministerio de Salud Pública, el que asesora a la mujer sobre las opciones que tiene ante el dilema que se le plantea, y solo después que reciba la información pertinente y decida en consecuencia, estará en condiciones de interrumpir el embarazo solo dentro de las primeras doce semanas de gestación. Pero, sin dudas que en un tema en el que están de por medio posturas tan comprometidas desde el punto de vista ético, moral y religioso, un pronunciamiento popular es lo mejor que podía pasar para sacar a la decisión final de manos de un presidente o del Parlamento, y que la sociedad toda se pronuncie definitivamente, para poner punto final desde el punto de vista legal a una controversia de muchos años.