Opinion | 04 May La decidida acción de las autoridades aduaneras, con apoyo de la Policía y Prefectura, evitó que un grupo de “bolseros” burlara de hecho la medida del “cero kilo” dispuesta por el gobierno nacional para hacer frente al trasiego ilegal de mercaderías, que ha sido determinante para que durante largo tiempo millones de pesos se evadieran hacia la vecina orilla.
Es evidente que se trató de un intento de sondear hasta dónde llega la decisión de mantener activa la medida en el puente binacional, que respondió a una convocatoria para quebrar el cerco de controles y generar una forma adicional de presión para que se revierta la medida.
El punto es que si bien en el diálogo con las autoridades se mencionó que se traía esta mercadería para “dar de comer” a familias que se quedaron sin su sustento, cuando se les dio la posibilidad de que pudieran devolver la mercadería en los puestos de venta argentinos donde habían sido adquiridos, la mayor parte de los bagayeros optó por romper los paquetes y dejar tirada la mercadería arruinada en el puente.
Llama la atención, evidentemente, que por un lado se proclame que no se tiene para comer y por otro lado no se intentara recuperar parte de lo gastado en Colón para utilizar ese dinero en adquirir alimentos de este lado del río, aunque los pesos rindan menos.
Existe por lo tanto una clara intención de generar hechos que den lugar a una revisión o flexibilización de la medida, buscando llevar el planteo al propio presidente de la República.
Lamentablemente, una situación de estas características, que se dejó crecer por clara omisión de quienes debían controlar que no se cometieran abusos, no puede solucionarse de la noche a la mañana, porque se requieren respuestas laborales dentro de la legalidad que no se han abierto para los involucrados, aunque muchos de ellos tampoco tienen interés en dejar de traer mercadería por el puente.
Y el tema fundamental es que si no se corta decididamente de una vez por todas este trasiego, nunca se va a lograr la formalización de cientos de personas que siguen esperanzadas en retomar el contrabando, con los consecuentes perjuicios para el comercio y la vida socioeconómica del departamento, por lo que es de esperar se siga apostando a la legalidad en todas sus formas, en defensa del interés general, de quienes pagan impuestos y hasta de los propios bagayeros, que algún día reclamarán por una seguridad social –a la que accederán, porque el sistema es “solidario” en Uruguay-- para la que no han siquiera generado aportes dentro del país.