Locales | 30 Abr Se cumple esta tarde el plazo para proceder al desalojo de los ocupantes del ex cine Astor, de acuerdo a la orden ejecutiva judicial, que establece que un alguacil se haga presente en el lugar a las 16, para hacer efectivo el desalojo de Katia González, Raquel Ríos, Adrián Fernández, Lorenzo Fernández y los menores de la familia.
Refiere a la resolución final de la justicia, tras varias instancias, incluido un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, que fue denegado el 19 de setiembre de 2012, sentencia que fue comunicada dos días después. Eso habilitó a que el expediente “Intendencia Departamental de Paysandú c/Fernandez y otros. Desalojo. I.U.E.:396-7-2010”.
Como fuera informado, la defensa en los últimos días presentó en el juzgado de Paz de Tercer Turno -donde se tramitó el desalojo- una demanda de proceso ordinario posterior, amparado -dijo la defensa de Sergio Rodríguez Heredia- en el artículo 361 del Código General del Proceso (CGP), que establece la posibilidad de abrir un contencioso en forma posterior al proceso. En el mismo escrito, Rodríguez Heredia pidió la medida cautelar de suspensión del lanzamiento.
En la víspera hubo paro en el Poder Judicial por lo que no pudo saberse si se tomó resolución. No obstante, los ocupantes esperan que “in extremis” se apruebe una resolución que suspenda el desalojo por algunos meses, lo que es potestad del juez actuante.
Por tanto, se esperan horas claves desde que se abra el juzgado actuante. En el extremo que no haga lugar o no tome decisión, el alguacil deberá presentarse a las 16 en 18 de Julio 773 para solicitar el de salojo de los ocupantes.
La defensa fue clara al indicar que “no se van a ir” en la presente jornada porque no tienen a donde trasladarse. La parte demandante puede, si lo desea, cooperar con un vehículo para el retiro de las pertenencias y un lugar de depósito, lo que en el caso de la Intendencia es posible.
De todas maneras, el alguacil tiene la potestad de dar un plazo adicional, pero solamente de unos pocos días.
Estas son las posibilidades que enfrentan los ocupantes, en tanto la defensa confía en el proceso ordinario posterior y continúa investigando en el Ministerio de Educación y Cultura si hay un expediente donde conste la donación de la que fuera beneficiaria la Intendencia de Paysandú.