Opinion | 30 Abr La decisión de las autoridades de la Dirección de Aduanas de aplicar el “cero kilo” para el tránsito vecinal en el cruce de los puentes con la Argentina, ha disparado una serie de sucesos que tienen su eje en la situación de un número no determinado de personas –entre 100 y 500, se supone— que han hecho del trasiego ilegal de mercadería desde la vecina orilla su modus vivendi, alentados por la abismal diferencia de precios entre una y otra orilla a partir de la brecha cambiaria y de costos internos.
No se necesita ser un perito en economía y ni siquiera requiere agudizar el ingenio para evaluar que estábamos ante una situación insostenible, porque la evasión hacia el otro lado del río de millones de pesos por semana, que se escapan sin reciclarse en Paysandú, es decir que no se vuelcan a compras, el consecuente pago de impuestos, cargas sociales, salarios y regeneración de infraestructura implica una sangría sistemática y una gradual pérdida de calidad de vida para quienes no ejercen estas prácticas, pero también en el corto y mediano plazo para muchos de quienes creen que de esta forma hacen una trampa al costo de vida, trayendo lo que necesitan y lo que no y poniendo en riesgo sus propias fuentes de trabajo.
Pero como suele decirse, la culpa no es del chancho sino del que le rasca el lomo, porque es de república bananera --que en más de un sentido lo somos-- el pasar de la permisividad absoluta al cero kilo, y pretender que no se afecte la situación de sectores que han institucionalizado en los hechos este modo de vida como si fuera un derecho. Tras tantos años de “trabajar” en el bagayo, estas personas consideran el trasiego de mercaderías para reventa un derecho adquirido y por lo tanto ahora el propio Estado debe darles una salida a su paladar y conveniencia, porque de esta forma obtenían ingresos superiores a los del promedio de salarios que se pagan en nuestro medio.
No es de extrañar por lo tanto que se sucedan los reclamos de familias que realmente están en una situación complicada, con el “enganche” a la vez de redes que ingresan y distribuyen mercadería al margen de las normas legales, en tanto en el terreno político hay costos para quienes han tolerado esta situación durante muchos años y aparecen los que la vez promueven “soluciones” voluntaristas y sin dolor ni consecuencias, que no las hay.
Tenemos por un lado que más allá del apoyo que se generado en algunas organizaciones sociales, en la propia Intendencia y en el Mides para proporcionar alguna alternativa laboral o alimentos ha salido como de atrás de un tártago una moción aprobada por mayoría en la Junta Departamental en la que se pide se autorice el ingreso de 20 kilos de mercadería por día para quienes cruzan a Colón, en lo que puede catalogarse como el sumun del oportunismo y la toma a la ligera de las responsabilidades en juego en esta problemática, que son muchas.
Pero sin duda el gran omiso, el gran responsable de esta situación es el propio Estado, de los sucesivos gobiernos y autoridades de organismos que deben tener a su cargo la aplicación y el control de normas en la materia, sin que esta decisión quede a cargo del criterio del jerarca o el funcionario de turno encargado de controlar o supervisar que es lo que se ingresa por los pasos de frontera.
Es decir que no es serio que de vez en cuando aparezcan decisiones arbitrarias sobre lo que se puede o no ingresar por un paso de fronteras, que además no son las mismas normas para todo el Uruguay sino que en este caso sólo tienen validez en los cruces con Argentina. Las cosas son (o deberían ser) o no, de acuerdo a algo más que una orden interna de Aduanas. Actualmente resulta difícil de evitar las comparaciones con lo que hace Argentina, donde una llamada telefónica de Secretario de Comercio Guillermo Moreno determina la suerte de una importación, del comercio, de lo que se puede o no gastar en el exterior, o como en este caso, de lo que se pretenda ingresar al país. Por supuesto que (afortunadamente) estamos lejos de tanta arbitrariedad, pero no es menos cierto que las normas en Uruguay también tienen algo de respuestas impulsivas a situaciones puntuales.
Por lo tanto el Estado, los organismos fronterizos de control, deben seguir normas y reglas de juego establecidas con precisión en cuanto a lo que se puede ingresar o no y cuánto, y atenerse en todo tiempo a lo que se establezca, ya sea cero kilo, uno o diez por día, por persona o lo que se resuelva.
Nos pasa lo que nos pasa, en situaciones puntuales como las de la medida de cero kilo, por lo tanto, porque se ha actuado irresponsablemente, con extrema tolerancia y desparpajo durante muchos años, haciendo la vista gorda y aplicando el “todo vale”, para que muchos vivan de este trasiego pero muchos otros también se enriquezcan con los perjuicios de muchos más que trabajan a diario y tienen sus emprendimientos de riesgo apenas sobreviviendo, en el mejor de los casos.
Por lo tanto las soluciones deben venir desde el Ministerio de Economía y Finanzas, con lineamientos claros, para que en todo tiempo se apliquen estrictas normas de ingreso de mercadería en el paso de frontera, cualquiera sea el jerarca de turno o los funcionarios o encargados de la tarea. Y sobre todo, aplicar severos controles y las sanciones del caso para quienes no cumplan con su deber, como debe ser en todo organismo o empresa que se precie de seria, en un país en el que todos debemos honrar por igual tanto derechos como obligaciones.